La empresa a la que la Xunta vendió sus helicópteros de salvamento, única candidata al servicio sin rebajar un euro
El concurso convocado por la Xunta para prestar el servicio autonómico de salvamento marítimo con helicópteros tiene finalmente una única candidata, la multinacional Babcock, en la que se integró la española Inaer, la empresa a la que en 2012 el gobierno gallego vendió los aparatos que tenía en propiedad. Si hasta aquel año el servicio le costaba a las arcas públicas 7,5 millones de euros al año, ahora la empresa lo hará por un millón de euros anuales más, sin rebajar ni un céntimo el precio de partida de la licitación. Lo hace además después de que el gobierno gallego mejorase las condiciones de un primer concurso convocado el pasado abril al que la firma no se presentó y que la Xunta declaró desierto tras descalificar a otra candidata, que también ha sido eliminada en este segundo proceso. El incremento en el coste para las arcas públicas fue advertido en 2014 por el Consello de Contas, equivalente autonómico del Tribunal de Cuentas, en un informe en el que repasó las sucesivas irregularidades en la contratación del servicio en sus más de diez años de historia.
En 2005, tras la catástrofe del Prestige, el gobierno de Manuel Fraga compró por 27 millones de euros dos helicópteros Sikorsky S-76C+ y adjudicó la gestión del servicio y el mantenimiento de los aparatos a la empresa Inaer. En 2012, tras varias modificaciones irregulares del contrato denunciadas por el Consello de Contas, el Gobierno gallego le vendió a la empresa los dos aparatos por 13 millones de euros con el argumento de que se estaban quedando viejos y que destinaría el dinero que obtenía por la venta a rebajar la cuota anual a pagarle a la empresa por operar el servicio, que tenía que seguir prestando con esos mismos aparatos. Si hasta 2012 el coste anual del servicio era de 7,5 millones de euros, en el contrato que le otorgó en ese momento la Xunta a Inaer por cinco años ascendía a 8,9 millones al año, que lograba rebajar la 6,1 millones gracias a restar el beneficio obtenido por la venta de los aparatos.
El pasado abril, ante la cercanía del final de aquel contrato, la Xunta convocó un nuevo concurso para buscar una empresa que siga prestando el servicio los próximos cuatro años prorrogables a seis con un coste máximo de 6,5 millones al año. A esa primera licitación no se presentó Inaer, adquirida en este tiempo por la multinacional británica Babcock y que ahora se denomina Babcock Mission Critical Services España. Sí concurrió otra empresa más pequeña con sede en Ferrol, Seprogal Servicios Aéreos, que fue descalificada porque la Xunta entendió que no cumplía con los requisitos exigidos y que a su vez denunció al gobierno gallego ante la Fiscalía.
Tras declarar desierto aquel primer concurso de abril, en junio la Xunta realizó lo que se denomina una consulta preliminar del mercado para que las propias empresas interesadas le comunicasen qué cambios debía introducir en el contrato para que les resultase más atractivo. Y en julio convocó una segunda licitación en la que modificó algunas de las condiciones del servicio e incrementó de 6,5 a 8,5 millones el importe máximo que está dispuesta a pagar anualmente incluida una posible prórroga del contrato de cuatro a seis años. A ese segundo concurso mejorado se presentó de nuevo Seprogal, que como en el primero ha vuelto a ser descalificada por la Xunta. Pero en esta ocasión también concurrió Babcock, que queda así como única candidata a hacerse con el contrato.
En su oferta, al contrario de lo que suele suceder con la mayoría de los concursos públicos, en los que los diferentes candidatos intentan proponer la mayor rebaja posible en sus precios porque desconocen si alguna otra oferta los bajará aún más, Babcock no rebaja ni un solo céntimo el importe máximo que está dispuesta a pagar la Xunta. La otra posibilidad de mejorar las condiciones de partida de la licitación que daba la Xunta a las empresas interesadas era la de ofrecer un número de horas de servicio prestadas de manera gratuita, pero nuevamente Babcock no ofreció ni una sola hora a mayores.
Cuando alertó de las diversas irregularidades que viene cometiendo la Xunta en sus sucesivos contratos de helicópteros, el Consello de Contas advirtió expresamente de la inexistencia de “ningún estudio sobre la repercusión de la venta de los helicópteros” que eran propiedad pública en 2012 sobre contrataciones futuras como la actual.
