Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia reclaman de manera unánime la renovación del CGPJ

Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de toda España han asegurado que la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “resulta incomprensible” y han criticado “el flagrante incumplimiento” de un mandato constitucional “en un Estado de derecho”. Se trata de una de las once conclusiones alcanzadas por los magistrados y que el propio CGPJ ha dado a conocer tras la clausura este mismo miércoles en Vigo de la XVII edición de las jornadas anuales de presidentes de estos tribunales, y que comenzaron el pasado lunes.

Los presidentes también se han quejado de la normativa que impide al CGPJ realizar nombramientos mientras está en funciones. Se trata, según han apuntado, de “una fórmula que al margen del debate de su discutible y discutida legitimidad constitucional ha venido a perjudicar gravemente el funcionamiento ordinario del gobierno del Poder Judicial”. Desde su punto de vista, la situación a la que se ha llegado “pone de manifiesto la necesidad de proceder a una reforma del modelo de elección de los vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial de acuerdo con los estándares de la Unión Europea”.

La reclamación de los presidentes de los altos tribunales autonómicos se produce un día después de que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, reclamara a Feijóo el desbloqueo de la renovación. Lesmes hizo su reclamación también desde Vigo tras la inauguración de la ciudad de la justicia en esa ciudad y junto al rey Felipe VI y al propio Feijóo.

Medidas contra la violencia machista

Las conclusiones adoptadas por los magistrados durante las jornadas también hacen referencia a lo que califican como una “lacra social de nuestro tiempo”: la violencia contra la mujer. Y, en especial, contra el “lamentable catálogo de conductas que pesan sobre ellas, ”que se despliega tanto sobre la vida, la integridad física y la libertad sexual“.

Los presidentes de los TSJ consideran necesario desarrollar una actividad transversal y multisectorial, en la escuela, en la familia, en el entorno laboral y en todos los entornos de formación de jóvenes, de cara a su prevención. “Y, de otra, a considerar delitos de violencia contra la mujer todas aquellas conductas tipificadas en el Código Penal que supongan ataques contra los bienes jurídicos de la mujer, por el mero hecho de serlo”, añaden.

En esta línea, los presidentes reconocen que asisten “con enorme preocupación al aumento de delitos de naturaleza sexual en los que las víctimas son menores de edad, por hechos que se producen incluso en su propio entorno familiar y, sobre todo, en menores que forman partes de familias desestructuradas o presentan algún tipo de discapacidad”.