En plena batalla de la comunidad educativa, los padres y los sindicatos contra la Consellería de Educación por el protocolo sanitario en las aulas para el próximo curso escolar en Galicia, la Xunta acaba de anunciar la contratación de 240 profesores y el incremento del número de clases como refuerzo “en el contexto de la COVID”. Es la última de las insuficientes y criticadas medidas del Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo en la materia, que han convertido el inicio del curso en un convulso escenario. Las centrales sindicales denuncian que el Gobierno gallego está “vendiendo” una medida que es un trámite habitual de cada verano y “nada tiene que ver con la lucha contra el coronavirus”. Indican que el aumento de la cifra de aulas y de docentes “son producto de la necesidad de cumplir la ley”. La Consellería pretende, pese a todo, mantener en 25 la ratio de alumnos por clase, cinco más de los recomendados por el Ministerio de Sanidad.
El curso 2020/21 arrancará así con 158 unidades escolares más en Galicia. Se sumarán a las 6.951 que ya existían en la comunidad, un incremento de poco más del 2%. En relación con este aumento del número de aulas, la Xunta comunicó que se contratarían 240 docentes para “garantizar la calidad de la enseñanza y cumplir con las medidas establecidas en el protocolo”. El secretario nacional de CIG-Ensino, Suso Bermello, defiende que la variación de las unidades escolares es un proceso que ocurre todos los veranos y que la Consellería de Educación “aprovecha” ahora para enmarcarlo en el contexto de prevención del virus.
Ese incremento de aulas contrasta con la situación de los comedores escolares en provincias como la de Pontevedra. Las asociaciones de madres y de padres (Anpas) se ven incapaces de asumir las condiciones del protocolo para el próximo curso escolar y dejarán de prestar el servicio en más de 50 comedores de Marín, Pontevedra y Vigo. Tampoco gestionarán, como en el caso de Vigo venían haciendo desde hace más de 20 años, las actividades extraescolares o las aulas matinales. Las Anpas reclaman que la Xunta ofrezca una solución, que ha negado por el momento, para los alumnos afectados. Cuando se anunciaron los primeros ceses de actividad en Pontevedra y Marín, el presidente autonómico acusó a las asociaciones de padres de “amenazar” a su Ejecutivo y les reprochó que no hiciesen “un esfuerzo como las Anpas de otras provincias”. Lejos de calmar los ánimos, de ser esa la intención de Feijóo, la cifra de estudiantes que no dispondrán de comedor escolar se ha doblado desde aquel momento con el parón en Vigo anunciado esta semana.
La crispación entre profesores, padres y organizaciones sindicales ya viene de largo. Los sindicatos abandonaron en el mes de julio la mesa sectorial en la que se debatía el protocolo sanitario en los centros no universitarios. El documento, presentado dos días después de las elecciones autonómicas del 12J, fue tildado de “inviable” por toda la comunidad educativa. Las negociaciones, de “paripé”. La conselleira de Educación, Carmen Pomar, mantuvo un perfil bajo durante los primeros días de la polémica y no realizó declaraciones al respecto. Fue el propio Núñez Feijóo quien tuvo que salir en defensa del protocolo en sus ruedas de prensa. “Cuenta con el aval de las autoridades sanitarias”, dijo en hasta tres ocasiones. No gozó, sin embargo, del visto bueno del sector educativo. Incluso durante los períodos más duros de la pandemia, con la población confinada y la enseñanza pública desviada al espacio virtual, las tensiones de Pomar con el sector no cesaron. La acusaban de “dejadez” e “improvisación”. Ocurrió algo semejante con las oposiciónes, que la Xunta se empeñó en mantener cuando todas las demás comunidades autónomas las habían aplazado a causa del coronavirus.
Un protocolo inadaptado
El documento antiCOVID del Gobierno gallego estipula una distancia de un metro entre el centro de las sillas de los alumnos y también impone el uso de mascarilla para todo el profesorado y para los alumnos mayores de seis años cuando estos estén fuera de sus aulas. Se recoge la creación de las denominadas “aulas burbuja”, unos grupos de hasta 25 estudiantes de infantil y primaria que podrán relacionarse libremente entre sí pero no con el resto de niños del colegio. Entre todas estas medidas, criticadas en distintos grados por la comunidad educativa y las familias, destaca la de mantener el número máximo de alumnos por aula en 25, una decisión que choca con las indicaciones del Ministerio de Sanidad, que recomienda rebajarlo a 15 o, como mucho, a 20.
Un mes después de la publicación del protocolo, que ha permanecido invariable y bajo el paraguas de la Xunta de Galicia, desde la consellería suavizan ahora el tono. El incremento exponencial de los casos de coronavirus en la comunidad pone en peligro el inicio del curso escolar, o por lo menos de la enseñanza presencial. El departamento de Carmen Pomar mantuvo esta última semana un discurso de “prudencia” ante la situación sanitaria. La conselleira pidió el pasado jueves “ir viendo día a día” la evolución de la enfermedad por si hubiera que readaptar las medidas, unas declaraciones “muy desafortunadas” para el secretario de la CIG-Ensino, Suso Bermello. “Si para algo tenemos instituciones es para que tengan un plan ante lo que pueda suceder, no para improvisar”, reprocha.
Los profesores también han alzado la voz contra el plan de regreso a las aulas. Su peor temor es que se repita un escenario semejante al de los meses de confinamiento, en el que se impuso inevitablemente una docencia a distancia para la que “no se estaba preparado” según el sindicato docente Anpe-Galicia. La poca cobertura de la conexión a Internet en parte de la geografía gallega, así como la falta de dispositivos electrónicos en algunas familias dejó desconectado a gran parte del alumnado. En las movilizaciones contra el protocolo de finales de julio, los profesores reclamaron “mucha más formación” por si hubiera que afrontar otro periodo de enseñanza telemática. También la contratación de más docentes para que todos los estudiantes “se puedan formar en igualdad de condiciones”. La solución, tanto para las familias como para los sindicatos y los profesores, pasa por reformar totalmente el protocolo. La Xunta, a menos que el “día a día” dicte lo contrario, no se plantea una marcha atrás.