Víctimas de Angrois recurren para intentar que un exjefe de Renfe siga imputado por el accidente
Antonio Lanchares fue hasta septiembre de 2018 director de Seguridad en la Circulación de Renfe. Cuando dimitió estaba investigado -antigua imputación- en la causa judicial por el accidente de Angrois, en el que murieron 80 personas y otras 144 resultaron heridas el 24 de julio de 2013. El juez lo investigaba porque consideraba que tanto Lanchares como su homólogo en el Adif, Andrés Cortabitarte, habían reducido la seguridad de los trenes Alvia en la curva de Angrois sin evaluar correctamente el riesgo de un descarrilamiento como el que finalmente se produjo.
Pero esa argumentación del juez Andrés Lago Louro cambió el pasado diciembre, cuando propuso formalmente cerrar la instrucción del caso para ir a juicio. Mantuvo como imputados al maquinista y a Cortabitarte, pero no a Lanchares. Víctimas del accidente intentaron con un recurso que el exjefe de Seguridad de Renfe continuara imputado, además de otro cargo de Adif, pero Lago Louro lo desestimó. Ahora intentará que sea la Audiencia Provincial de A Coruña la que atienda esta petición.
En un recurso de apelación datado en el 19 de marzo, a cuyo contenido ha tenido acceso Praza.gal, la representación legal de la Plataforma Víctimas Alvia 04155 intenta rebatir las razones del juez para retirar la imputación a Lanchares. Lago Louro, recuerdan, dice que “la competencia” del exjefe de Renfe estaba limitada “exclusivamente al material rodante”, el tren, y “la formación del maquinista”. Pero a su juicio no es así. Prueba de esto, ejemplifican, es que el aviso sobre la falta de seguridad en la curva de Angrois lanzado por el jefe de maquinistas de Ourense un año y siete meses antes del accidente fue dirigido a responsables de Renfe y que el “máximo responsable” en materia de seguridad era Lanchares.
Tanto las normas internas de la empresa pública como la normativa europea en materia ferroviaria, agrega el recurso, atribuyen al departamento de Seguridad que encabezaba Lanchares las facultades de “realizar la identificación de peligros y evaluación de riesgos” y “velar por el cumplimiento de las medidas de control del riesgo y controlar su eficacia”.
Esas directrices fueron “incumplidas”, razona la representación legal de las víctimas , que se apoyan en el criterio de la UE para subrayar que la evaluación de riesgos no era sólo competencia de Adif. Cuando, en junio de 2012, Lanchares pidió a Cortabitarte permiso para desconectar el sistema de control constante de la velocidad ERTMS a bordo de los trenes Alvia porque daba fallos -no fue reparado y puesto en servicio de nuevo hasta agosto de 2014-, destacan, “sabían y aceptaron que no se había efectuado la más mínima evaluación del riesgo”, eso supone incumplir la normativa y de este modo, ambos mandos deben continuar imputados, concluyen.
En el mismo recurso la plataforma de víctimas reclama también que continúe siendo investigado Fernando Rebón, gerente de Seguridad en la Circulación de Adif para el noroeste de la Península en el momento del accidente que estuvo imputado como colaborador en las decisiones de su superior, Cortabitarte. Dado su cargo, señalan, cuando la línea Santiago-Ourense fue dada de alta para comenzar a funcionar, tendría que “haber supervisado o, al menos, haber revisado que se cumpliera la normativa” en materia de seguridad.
El recurso concluye con la reclamación de que sea aceptado en el proceso el testimonio de Christopher Carr, jefe del departamento de Seguridad de la Agencia Ferroviaria de la UE, organismo muy crítico con la actuación de Fomento en todo lo vinculado al accidente de Angrois. El juez no aceptó su declaración porque en el sumario ya constan los informes de la propia Agencia, pero las víctimas señalan que el hecho de que Carr “ya haya emitido su opinión por escrito no es motivo para no citarlo a declarar”. “Por esa regla de tres, no se debería tomar declaración a ninguno de los peritos” del caso, pero “han declarado todos”, recuerdan.
Como ya indicó al desestimar los recursos de las víctimas, del maquinista y de Adif, el instructor espera por el resultado de estas apelaciones en la Audiencia de A Coruña para determinar el destino final de la investigación. Si son rechazados, cerrará el procedimiento y propondrá ir ya a juicio.
