El desahucio de una madre soltera sin trabajo: “No tengo alternativa”

La mañana del martes 27 de junio, B. G. esperaba en la puerta de su casa a que cuatro efectivos de la Policía Local de Es Castell (Menorca) y una funcionaria judicial ejecutaran la orden de desalojo emitida por el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Maó. Según la sentencia de lanzamiento, firmada por la jueza Belén Velázquez, B. G. y su hijo menor de edad debían abandonar la casa que ocupan desde 2019 porque el inmueble pertenece a una sociedad anónima del grupo CaixaBank. A pesar de contar con tres informes que dan cuenta de la vulnerabilidad económica y del riesgo de exclusión social de la joven madre, la jueza consintió en la petición del fondo propietario del inmueble y aprobó el desalojo.

“Yo llegué a la casa en 2019. No tenía a dónde ir tras una serie de episodios de violencia machista que viví con mi ex pareja y padre de mi hijo, que entonces tenía 3 años. Un conocido me ofreció las llaves de esta casa y se fue a trabajar fuera de España”, relata B. G a elDiario.es. “Para una madre soltera sin trabajo y con un niño a cargo era y sigue siendo muy difícil acceder a un alquiler. Por cualquier piso minúsculo te piden casi mil euros y cada día va a peor. No tenía alternativa”, enfatiza esta joven de origen madrileño que lleva 13 años viviendo en Menorca. Tiene la voz serena y tranquila, pero las manos temblorosas y los ojos cansados. 

La pandemia agravó la situación, ya que con la llegada de la COVID, B. G. se encontraba trabajando en Cruz Roja con un contrato facilitado por el Servicio de Ocupación de las Islas Baleares - Dona, un programa estatal para mujeres víctimas de violencia de género. Sin embargo, durante 2021 no pudo acceder a ningún trabajo debido a la reducción de plantillas y de ofertas laborales por las restricciones sanitarias. Desde su entorno señalan que lleva tiempo intentando regularizar su situación habitacional. “Figuraba como inscrita en el Instituto Balear de Vivienda (IBAVI) como demandante de casa en las listas de Maó en la posición 57, en Es Castell 21 y en Sant Lluís en la 8”, enfatizaron. 

Por su parte, desde CaixaBank señalan a elDiario.es que “fue el propio IBAVI” quien les notificó, “sin especificar mucho ni entrar en detalles, que esta mujer había rechazado una oferta para ingresar a un piso”, lo cual explica que la demanda presentada por la entidad bancaria haya seguido su curso, “y por eso se llegó a esta instancia de desalojo”.

Personas del dispositivo cercano a B.G, por su parte, insisten en que tal rechazo nunca existió. “Es totalmente falso que rechazara el piso. Lo que sucedió fue que le ofrecieron un alquiler para el que tenía que reunir una determinada cantidad de euros en cuatro días, cifra que quedaba por fuera de sus posibilidades económicas. Por eso no pudo entrar”. Además, añaden que “el alquiler de ese piso comprometía buena parte de sus ingresos, dejándola en una situación aún más precaria”. 

Según indica la documentación a la que elDiario.es ha tenido acceso, B. G. se matriculó y finalizó con éxito dos cursos de formación profesional en el SOIB para mejorar su situación laboral. También aprobó con éxito el nivel B1 de catalán. “Nada de esto ha sido tenido en cuenta por la jueza a pesar de que le hicimos llegar todos los informes y conoce la situación”, enfatizan los activistas a favor de la vivienda que asisten a B. G. “El año pasado me operaron de una hernia y por eso tampoco puedo incorporarme por completo al mercado laboral. A pesar de esto estoy cubriendo sustituciones en la Fundación para personas con Discapacidades como técnica sociosanitaria”, añade ella.

Por otro lado, Custòdia Villalobos, secretaria general del sindicato CGT que acompaña a B. G. desde el inicio del proceso, apunta contra los funcionarios del Ayuntamiento de Es Castell. “A pesar de todos los intentos de B.G de llegar a un acuerdo y normalizar la situación, el secretario municipal de Es Castell se negó sistemáticamente a empadronarla en el municipio e incluso llegó a cortarle el agua en varias ocasiones, lo cual es ilegal e inhumano. En su momento intervino el Síndic de Greuges y recomendó que le devolvieran el suministro de agua”. A pesar de varios intentos de contactar al funcionario municipal señalado por Villalobos para que brinde su versión de los hechos, elDiario.es no obtuvo respuesta alguna.

Consultada por este periódico, la responsable de comunicación de CaixaBank apunta: “Nosotros tenemos que velar por la reputación del banco, la demanda es un mecanismo obligatorio que estamos obligados a accionar cuando se ocupa alguno de nuestros inmuebles, para eximir de eventuales responsabilidades penales al banco. No sabemos cómo se resolverá esta situación, pero hemos puesto a disposición todos los recursos que tenemos para llegar a un acuerdo. Tenemos programas de inserción laboral para personas vulnerables como esta mujer y en todo momento hemos estado en diálogo con la administración y con la Plataforma por la Vivienda para encontrar una solución en común”. 

El desalojo y la ONU 

La mañana del martes 27, B. G. era un nudo de nervios. “Usted ni siquiera me mira, ni me responde a lo que le estoy preguntando. Con su firma va a mandar a mi hijo a la Casa de Infancia y a mí me va a dejar en la calle y tendré que ir a un refugio”, dijo interpelando a la funcionaria letrada del juzgado, que se hizo presente en la puerta del domicilio y que se negó a dar su nombre a este medio. Pasadas las 11 de la mañana, la abogada de B. G. pidió que se “suspenda el lanzamiento por incomparecencia” de la procuradora de CaixaBank, que debe estar presente en el procedimiento de desalojo obligatoriamente. Según confirmaron varias fuentes, la entidad bancaria no encontró billete para que su procuradora viajase a la isla. 

“La casa era de un médico que falleció. Lo sé porque hablé con los vecinos y por las cartas que aún llegan a la casa. Incluso vino un integrante de la Armada a preguntar por el anterior dueño porque aparentemente tiene un barco amarrado en zona militar”, reconstruye B. G., y añade que “al morir este hombre, la mujer quedó viuda y el banco le quitó la casa”. “Era una mujer de algún país del Este”, dice. Según sus palabras, “el banco compró la casa por 49.000 euros y ahora quiere venderla por 400.000 y ”seguramente ese es el origen de tanta insistencia“ en echarla. 

Según confirmaron fuentes del banco a elDiario.es, el chalet, ubicado en el término municipal de Es Castell en dirección Sant Lluís, fue comprado por BuildingCenter S.A., un fondo dedicado a la “desinversión de la cartera de inmuebles procedentes del grupo Caixabank bajo criterios de rigor financiero y maximización del valor”, según su propia descripción.

Tras varios recursos presentados ante la Justicia para intentar evitar el desalojo y encontrar alguna alternativa habitacional, el sindicato CGT - Menorca presentó un informe ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Allí pusieron en conocimiento del organismo internacional el caso de B. G. y detallaron la extrema situación de vulnerabilidad económica y social en que se encuentra junto a su hijo. 

El pasado 23 de junio, el CDESC-ONU emitió una resolución donde intiman al estado Español a “suspender la orden de desahucio o a ofrecer una vivienda alternativa adecuada a sus necesidades”. A pesar de que los tratados internacionales y las resoluciones cautelares de la ONU son de obligado cumplimiento para los estados miembros, en varias ocasiones España ha ignorado el derecho internacional y ha sido sancionada por Naciones Unidas.

“De todas formas sabemos que el derecho internacional no deroga las disposiciones internas de los estados que en algún momento puedan ser contradictorias, pero sí obliga a los juzgados y administraciones a no aplicar las disposiciones internas. Sin embargo, realmente es la Administración de Justicia quien tiene la última palabra, en este caso el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Maó”, reconocieron los defensores de B.G.

Pasadas las 11:30 de la mañana del día del lanzamiento, la letrada del juzgado finalmente dio “por suspendido el acto por incomparecencia de la representación procesal de la parte demandante”. Sin embargo, añadió que “de existir una nueva instancia de los demandantes se volvería a activar el proceso, de lo contrario quedará archivado”.

B.G suspiró aliviada y se abrazó con los activistas presentes y con su abogada de oficio. “A pesar de que no se hayan presentado y el desalojo se haya suspendido vamos a permanecer alerta”, señaló Joan, activista de Stop Desnonaments Mallorca, y añadió que les parece “increíble que el estado español esté dispuesto a ser condenado por desoír los reclamos de la ONU con tal de favorecer a CaixaBank”. 

Al cierre de este artículo, la defensa de B.G ha confirmado a elDiario.es que hay nueva fecha de desahucio para el próximo 20 de julio.