Unidas Podemos insta a la UE a garantizar un “juicio justo” a la salvadoreña acusada de homicidio por un aborto espontáneo
La eurodiputada de Unidas Podemos María Eugenia Rodríguez Palop ha expresado su preocupación por la situación de la salvadoreña Evelyn Hernández Cruz, que se enfrentará a un juicio este jueves por delito de homicidio agravado por un presunto aborto, en una carta dirigida a Federica Mogherini, vicepresidenta de la Comisión Europea.
“Como europarlamentaria y Vicepresidenta Primera de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género quisiera transmitirle mi preocupación por la situación que enfrenta la ciudadana salvadoreña Evelyn Beatriz Hernández Cruz”, ha manifestado Rodríguez Palop.
Evelyn Hernández, de 21 años, fue acusada de intento de homicidio agravado tras sufrir una emergencia obstétrica en 2016. Según la BBC, Evelyn fue víctima de violación en repetidas ocasiones por un miembro de una pandilla. Fue trasladada al Hospital Nacional del municipio de Cojutepeque al sufrir un parto “extrahospitalario”, donde fue denunciada por el médico que la atendió, según señalaron sus abogados.
“Parece que los informes médicos relacionaron la muerte de su hijo con la aspiración de meconio durante el parto”, ha añadido Rodríguez Palop en su misiva a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores.
En un fallo emitido en julio de 2017 por el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque, Evelyn fue condenada a 30 años de cárcel. Sin embargo, tras un recurso de apelación, la Cámara Primera de lo Penal anuló la sentencia. Actualmente, la salvadoreña se encuentra en libertad provisional a la espera de su próximo juicio el 15 de agosto después de que se cancelara el juicio del pasado 15 de julio ante la ausencia de una de los testigos.
Penalización absoluta del aborto en El Salvador
En El Salvador, mujeres y niñas que sufren abortos espontáneos o cuyos bebés nacen sin vida como consecuencia de emergencias obstétricas corren el riesgo de ir a prisión, puesto que el aborto está penalizado con cárcel en cualquier circunstancia desde 1998.
De esta manera, también se penalizan los casos en que la mujer es víctima de violación, incesto o en caso de que su vida corra peligro. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico Ético y Eugenésico ha denunciado en reiteradas ocasiones que la penalización absoluta del aborto tiene graves consecuencias para las mujeres, en especial para las “jóvenes en situación de pobreza”, como la violación de los derechos reproductivos o la negación del acceso a la salud.
Ante la proximidad del juicio, la eurodiputada de Podemos ha subrayado que el caso de Evelyn, “como el de otras mujeres que se encuentran en prisión por motivos similares, se enmarca en un contexto de prohibición total del aborto, que se aleja completamente de los estándares internacionales de derechos humanos y que tiene un impacto desmedido en las mujeres pobres de comunidades rurales”.
Rodríguez Palop ha recordado en su misiva la petición del Parlamento Europeo de liberar a aquellas mujeres procesadas en El Salvador por sufrir un aborto espontáneo en una resolución de 2017 aprobada por amplia mayoría, que hace mención del caso de Evelyn, “solicitando que el sistema judicial de El Salvador vele por un juicio justo con todas las garantías y que se anule su sentencia”.
Aborto seguro y legal
La Vicepresidenta Primera de la Comisión de Derechos de la Mujer no sólo ha solicitado a la Unión Europea un juicio justo “en cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos” para Evelyn Hernández, sino que también ha pedido a la UE que reitere las peticiones realizadas en la resolución del Parlamento Europeo de 2017.
Entre esas peticiones, se encuentra la garantía de un “aborto seguro y legal” mediante la reforma de los artículos 133, 135 y 136 del Código Penal salvadoreño, con el fin de “despenalizar el aborto al menos en los casos en los que el embarazo represente un riesgo para la vida o la salud física o mental de una mujer o niña embarazada, en los casos de malformación fetal grave o mortal o cuando el embarazo sea el resultado de una violación o un incesto”.
Asimismo, reclama la “introducción de una moratoria en la aplicación de la ley actual” y la “revisión de la privación de libertad de las mujeres acusadas de sufrir un aborto espontáneo, de alumbrar mortinatos o de delitos relacionados con el aborto”.
