Boris Johnson, investigado por los pagos de la reforma de su residencia oficial

En plena ola de popularidad, gracias en buena parte a la campaña de vacunación, el primer ministro británico, Boris Johnson, se enfrenta de pronto a la sombra de la sospecha tras no aclarar cómo pagó la reforma de su apartamento oficial, que ya es objeto de una investigación oficial.

Hacía meses que no se veía a Johnson tan crispado. El primer ministro compareció ante la Cámara de los Comunes en la sesión de control unos minutos después de que estallase la noticia de que la Comisión Electoral –que supervisa entre otras cosas la financiación de los partidos– ha abierto una investigación formal sobre las obras en su piso de Downing Street.

“Hay motivos razonables para sospechar que puede haber habido una o más infracciones” de las reglas, a juicio de ese organismo supervisor.

Una “investigación formal determinará si alguna transacción relativa a las obras en el 11 de Downing Street entra dentro del régimen regulado por la Comisión y si se informó de cualquier financiación como es debido”, ha dicho un portavoz de la agencia.

Hasta el momento, el Partido Conservador se ha negado a despejar si desembolsó el coste de la reforma y se ha limitado a decir que los fondos de la formación “no se están usando” para pagar por el piso, sin especificar si Johnson recibió antes un préstamo no declarado.

Y precisamente por ese flanco ha insistido este miércoles en sus ataques el líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, ante un primer ministro nervioso y agresivo.

Ofensiva laborista contra Johnson

La creciente subida de Johnson en las encuestas ha ido en paralelo al declive de la figura de Starmer, a quien sus propios correligionarios acusan de falta de una línea ideológica clara. Ante las sospechas abiertas por el caso del apartamento, Starmer percutió con una pregunta recurrente, a la que el jefe del Gobierno no quiso o no supo responder: ¿quién pagó inicialmente la reforma del apartamento?

La palabra clave aquí es “inicialmente”, pues Johnson reiteró este miércoles que él ya ha “cubierto todos los costes” por esas obras. Pero las dudas razonables acerca del origen de ese pago, que deberá solventar la Comisión Electoral, sirvieron a Starmer para cuestionar la integridad del primer ministro conservador.

“He pagado por la reforma de Downing Street personalmente. Y cualquier nueva declaración que tenga que hacer la haré bajo el consejo de Lord Geidt”, nombrado hoy nuevo asesor independiente sobre los intereses de los ministros, dijo Johnson. Starmer le replicó que sólo hay cuatro opciones: que las obras las hayan pagado los contribuyentes, el Partido Conservador, un donante privado o el propio primer ministro.

“Creo que la gente verá muy raro que se centre en este asunto en lugar de en los planes de los laboristas para mejorar la vida de los ciudadanos”, contestó Johnson.

El laborista no estaba dispuesto a soltar la presa después de tantos meses de plácidas sesiones de control para Johnson y le espetó si cree que se ha violado alguna regla o ley con el acondicionamiento de su casa. Para esquivar de nuevo los dardos del líder de la oposición, el primer ministro salió por la tangente y sacó a relucir las ambigüedad de Starmer sobre el Brexit y la exitosa campaña de vacunación de su Gobierno.

Las revelaciones de Cummings, detrás del caso

Las dudas sobre la reforma del apartamento oficial se dispararon el pasado viernes, cuando el antiguo superasesor de Johnson e ideólogo del Brexit, Dominic Cummings, acusó al primer ministro en un incendiario mensaje de haber buscado en 2020 que “donantes pagasen en secreto” la reforma y aseguró haberle advertido entonces de que ello sería “probablemente ilegal”.

Los primeros ministros reciben por ley hasta 30.000 libras (34.500 euros) para dejar a su gusto la residencia oficial de Downing Street. Sin embargo, los medios especulan que la reforma emprendida por Johnson y su pareja, Carrie Symonds, se elevó muy por encima de esa cantidad. Según el tabloide “Daily Mail”, el matrimonio pagó unas 58.000 libras adicionales (66.000 euros).

Las cantidades no son astronómicas, pero en una democracia donde las buenas prácticas formales son escrutadas minuciosamente, el cumplimiento del llamado Código Ministerial -que castiga duramente por ejemplo las mentiras en sede parlamentaria- se vigila de cerca y puede poner a Johnson ante un aprieto inesperado.

Este escándalo, que se suma a otras incómodas filtraciones para el primer ministro en los últimos días, como la de que dijo preferir “pilas de cadáveres” a decretar un nuevo confinamiento en octubre, llega además a solo ocho días de la celebración de elecciones locales y regionales en el Reino Unido.

Hasta el momento, las encuestas no han dejado traslucir que el revuelo político haya afectado a las buenas perspectivas tories en estos comicios, pero la investigación oficial cargará de argumentos a los laboristas de cara a la campaña.