El coronavirus ancla en el poder al “gobierno interino” en Bolivia y bloquea la renovación constitucional en Chile

La crisis del coronavirus ha derivado en el aplazamiento de dos citas clave que iban a tener lugar esta semana en América Latina: las elecciones presidenciales tras el golpe de Estado que sacó del poder a Evo Morales en Bolivia y el referéndum constitucional convocado en Chile después de varios meses de protestas en el país.

Este pasado domingo, cerca de 15 millones de chilenos estaban llamados a votar en un referéndum para elegir si querían una nueva Constitución o continuar con la carta magna promulgada en 1980 bajo el régimen dictatorial de Pinochet. Pero el plebiscito ha sido aplazado para otoño. 

A finales de marzo las diferentes fuerzas políticas acordaron postergar el plebiscito para el próximo 25 de octubre, y que a su vez ha obligado también a cambiar la fecha de las elecciones municipales y regionales –y unas posibles elecciones constituyentes dependiendo del resultado del referéndum– previstas para ese día hasta 2021.

Esta cita era una de las principales apuestas del presidente, Sebastián Piñera, para aliviar las protestas que comenzaron en octubre contra la subida del billete de metro y que se han convertido en una lucha contra la desigualdad, por la falta de acceso a derechos básicos como la salud o la educación, o el actual sistema de pensiones, aunque ahora paralizadas por la epidemia. Pero que hasta enero habían dejado más de 2.000 heridos y una treintena de muertos por la brutalidad del ejército en su intento de reprimir el estallido social.

Los sondeos publicados antes la pandemia apuntaban a una holgada victoria de la opción 'apruebo' por la que se abriría el proceso constituyente para reformar la Constitución. Aunque según la Agencia EFE, la población estaría más dividida respecto a qué órgano debería redactar el eventual nuevo texto, la otra pregunta que planteará el plebiscito y en la que los ciudadanos elegirán entre una asamblea de ciudadanos electos o integrada también por parlamentarios.

El coronavirus ancla en el poder a Jeanine Áñez

Bolivia celebraba este domingo elecciones presidenciales para reconfigurar el poder en el país. Los comicios tenían previsto renovar los cargos de la presidencia y vicepresidencia, así como los senadores y parlamentarios en las cámaras legislativas pero la COVID-19 ha paralizado los comicios 'sine die'.

El pasado 21 de marzo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que se suspendían las elecciones después de que el gobierno interino de Jeanine Áñez decretara cuarentena nacional por la pandemia, ahora ampliada hasta el 10 de mayo. En una rueda de prensa y posteriormente en un mensaje enviado al Parlamento, el presidente del TSE pidió “consenso” a las formaciones políticas para convocar una nueva cita electoral basándose en “criterios técnicos y científicos sólidos”.

En el escrito proponen también que los comicios tendrán que celebrarse entre el domingo 7 de junio y el domingo 6 de septiembre. De esta forma, era la Asamblea Legislativa la que tenía que aprobar un proyecto de ley que fije la nueva fecha, pero en la sesión que tuvo lugar este pasado miércoles, la Cámara de Diputados, con mayoría del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, en un primer trámite del proyecto ha aprobado que sea el órgano electoral el que diga la fecha exacta, en un plazo de noventa días desde que se dé el visto bueno a la ley.

Ahora la ley ha pasado al Senado, que por la fiesta del 1 de mayo no está claro que pueda celebrar el pleno por lo que trastocaría todavía más la propuesta del MAS en la Cámara de Diputados para que las elecciones tengan lugar el 2 de agosto.

El MAS iba primero en las encuestas antes de que se aplazaran los comicios y antes de tratar el proyecto afloraron supuestas diferencias internas sobre la conveniencia o no de demorar más o menos la cita electoral, negadas luego por voces del partido como el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque. Además de que el propio Morales ha acusado de presiones a algún parlamentario afín al Gobierno interino para aplazar lo más posible los comicios.

Desde que la epidemia llegó al país andino, varias organizaciones humanitarias han criticado la deriva autoritaria y de restricción de libertades que Áñez sigue imponiendo en el país. Human Rights Watch denunció a principios de abril que el gobierno interino “aprovecha la pandemia para arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren 'incorrecta'”. Además, según esta misma organización, altos funcionarios bolivianos han mencionado expresamente a opositores políticos como posibles blancos de procesamiento por “desinformar”, y se enfrentarían a penas de hasta 10 años de prisión por una interpretación “ambigua” del decreto sobre las medidas contra la COVID-19.

Bolivia se encuentra desde el pasado mes de octubre bajo un gobierno interino presidido por la senadora Jeanine Áñez, después de que entrara en sede parlamentaria con una Biblia y se autoproclamara presidenta de Bolivia a través de un golpe de Estado. Evo Morales se vio obligado abandonar el poder entre denuncias de fraude a su favor, informes de organismos internacionales sobre presuntas irregularidades en los comicios y presionado por las fuerzas armadas.