Desde que supo que estaba embarazada, Chiara Mancini no había tenido dudas. No quería seguir adelante. Llamó a una amiga y le pidió consejo sobre los pasos a dar. Fue al centro público de planificación familiar próximo a su casa y allí descubrió que el hospital más cercano que practicaba el aborto era el de un pueblo de montaña a 45 minutos en coche, dos horas en transporte público. Un lugar al que tendría que acudir dos veces para los exámenes previos y una más el día de la intervención. En el nosocomio de su ciudad, Chieti, en los Abruzos, no era posible. Allí, como en otras provincias de esta región del centro de Italia, el 90% del personal es objetor de conciencia.
“En el centro fueron muy formales, diría que casi fríos, pero por una parte lo agradecí. Fue todo bien hasta que llegó la visita con la anestesista. Empezó por preguntarme la edad. Yo tenía entonces 36. Siguió preguntando: '¿Tienes otros hijos? ¿No? ¿Y entonces por qué quieres abortar? Le expliqué que no quería hijos. 'Bueno, pero te lo tienes que pensar bien'. Y allí empezó una larga explicación sobre la sacralidad de la vida... Yo la interrumpí de una manera algo brusca, diciéndole que eran asuntos míos, que la decisión era mía y que ya estaba tomada”, recuerda Mancini, mientras repasa los documentos de su historial médico, que saca con calma de una carpeta de cartón apoyada sobre la mesa de la cocina de su casa de Chieti.
“Fue una intrusión, aunque a mí en ese momento me daba igual su juicio. Yo había elegido y sabía lo que estaba haciendo, pero otra persona en mi lugar, quizá sin tanta convicción, más frágil, lo habría pasado muy mal. Fue algo verdaderamente fuerte. No es fácil escuchar estas cosas en esas circunstancias”, añade, mientras un velo de tristeza nubla sus brillantes ojos verde oscuro.
Sin embargo, echando la vista atrás y tras haber conocido las historias de otras mujeres que han vivido una odisea para interrumpir su embarazo, lo primero que le viene a la cabeza es que “podría haber sido mucho peor”, en un país en el que los colectivos feministas y amplios sectores de la sociedad civil denuncian la progresiva pero sistemática erosión del derecho al aborto. Una erosión que, lamentan, está sufriendo un acelerón desde la llegada al Gobierno de Giorgia Meloni.
La líder ultraderechista hizo campaña electoral hace dos años, ante las legislativas que la encumbraron al poder, prometiendo que no iba a “tocar la 194”, la ley que desde 1978 regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
Después de haber contado en su biografía la decisión de su madre de no abortar, como se había planteado cuando se quedó embarazada de ella, siempre ha repetido en más de una ocasión que no quiere modificar esa norma sino “aplicarla en su totalidad”, en la parte que habla de “prevención” y de “tutela social de la maternidad”. Para las asociaciones en defensa del derecho de elección y de los derechos de las mujeres, esto se traduce en la realidad en una manipulación de la ley a través de las “zonas grises” que el texto contiene desde su aprobación hace 46 años, fruto del compromiso al que se llegó tras dos años de debate parlamentario.
Las “zonas grises” de la ley
“Era una ley que no nos gustaba porque es una ley del aborto de Estado, en la que es el Estado el que decide. No hay de hecho plena libertad”, comenta Tiziana Antonucci, operadora social en un centro de Ascoli Piceno, en la región de Las Marcas, abierto en 1974 por la Asociación Italiana para a la Educación Demográfica (AIED). La organización fue fundada, entre otros, por el partigiano antifascista y uno de los padres de la Constitución italiana, Piero Calamandrei, inicialmente para pedir la abrogación de un artículo del código penal, heredado de la época fascista, en la que se punía con la reclusión la distribución de métodos anticonceptivos.
“La 194 obliga a las mujeres a obtener un certificado para abortar y a esperar a una semana para pensárselo, porque igual eres tonta y no sabes qué estás haciendo...”, comenta Antonucci en una larga conversación telefónica en la que explica cómo por esas “zonas grises” se ha ido minando el derecho, empezando por su propria región, Las Marcas, una de las primeras conquistadas por Hermanos de Italia y que se ha convertido en un “modelo” de las restricciones al acceso al aborto y en un “laboratorio” del partido de Meloni.
En la región, el 71% de los ginecólogos es objetor, superando la ya muy alta media nacional (63,4%), según los últimos datos del Ministerio de la Salud italiano, recogidos en un informe publicado a mediados de septiembre por la sección italiana de la ONG Médicos del Mundo. “La situación [en las Marcas] no es sin embargo homogénea, y hay lugares donde la objeción alcanza el 100%”, se lee en el documento. “Y en esas situaciones, la región no interviene aunque sea de su competencia supervisar el cumplimiento de la ley”, dice Antonucci.
Una de las primeras medidas aprobadas por la nueva administración ultra en este territorio del centro de Italia fue, cuenta, abrogar la convención que el centro de AIED tenía con un hospital para que, ante las dificultades de acceso al aborto en otros centros hospitalarios, facilitara un contacto y un acompañamiento de las mujeres que lo requiriesen. “Nos llegó una notificación el 29 de diciembre de 2022, en la que se decía que se ponía fin a la convención y que teníamos tiempo hasta febrero para gestionar las citas pendientes”, recuerda Antonucci.
Limitaciones al aborto farmacológico
Por aquel entonces la región llevaba ya tiempo haciendo oídos sordos a un decreto ministerial de 2020 que ella había contribuido a impulsar junto a ginecólogos de la región, teniendo en cuenta las restricciones de acceso a los hospitales durante la pandemia: el decreto permitía el aborto farmacológico, con la píldora abortiva conocida por el nombre de RU486, también en los centros de salud y no solo en los hospitales, y ampliaba el plazo para su suministración de siete a nueve semanas. Cuatro años después, las nuevas líneas dictadas por el Ministerio siguen sin ser aplicadas en Las Marcas, así como en otras regiones gobernadas en su mayoría por la derecha.
“En la práctica esto se traduce en que muchas mujeres no pueden acceder al aborto farmacológico, porque, teniendo en cuenta la semana de reflexión impuesta por la ley y la necesidad de un certificado, algunas ya llegan demasiado tarde”, explica la ginecóloga Cristina Conti, que opera en la región y lamenta cómo, a los largo de los años, se han ido depauperando los recursos para los consultorios familiares, como se llaman en Italia los centros de salud dedicados a la prevención y a la salud de las mujeres, a la planificación familiar y al asesoramiento sobre los métodos contraceptivos.
“Hay que luchar cada día para la aplicación de una ley que es de 1978 y debería ser algo ya asumido. Se trabaja en un entorno de tal polarización que, de alguna manera, acabas casi obligada a ser activista”, reflexiona Conti, quien reconoce que, en muchos casos, sobre todo cuando los plazos son muy apurados, el acceso al derecho al aborto se fía al conocimiento del territorio por parte de profesionales como ellas. “Saber dónde hay personal non objetor, poder dar indicaciones precisas, saber que la mujer que acude a ese hospital no se va a encontrar con alguien que la obliga a la enésima ecografía innecesaria o le proponga escuchar el latido... Estamos obligados a tratar de esquivar estos golpes bajos, evitar que las mujeres sufran violencia por su derecho a elegir”, añade.
Mientras la administración regional se ha resistido hasta ahora a aplicar las directrices sobre el aborto farmacológico, si ha ido abonando el terreno para un mayor protagonismo de las organizaciones confesionales y provida. Los datos obtenidos tras una petición de transparencia, presentada por la diputada regional del Partido Democrático, Manuela Bora, y el activista de la red Pro-Choice, Marte Manca, relevan que el gobierno regional concedió en 2021 63.000 euros a la federación regional de consultorio de inspiración cristiana.
Asociaciones antiabortistas en los centros sanitarios
Ahora, la región se prepara para adoptar la medida aprobada por el Gobierno de Meloni el pasado abril, con una enmienda a la ley para la actuación del Plan de resiliencia y recuperación para el uso de los fondos europeos postpandemia: prever en los centros sanitarios públicos la presencia de asociaciones antiabortistas, definidas como organizaciones con “experiencia calificada en el apoyo a la maternidad”.
La norma se apoya en el artículo 2 de la misma ley 194 que preveía los centros podían contar con “la colaboración voluntaria de formaciones sociales de base idóneas y asociaciones de voluntariado, que pueden ayudar a la maternidad difícil después del parto”.
El informe de Médicos del Mundo señala que, precisamente gracias a este artículo, los movimientos abortistas habían ya entrado, en varias formas, en los centro de planificación familiar y también en los hospitales, como ha ocurrido recientemente en un nosocomio de Turín, en el norte de Italia, con la firma de una convención, impulsada por el asesor regional a las Políticas Sociales, de Hermanos de Italia, con la sección local del Movimento per la Vita, una asociación antiabortista de inspiración católica.
“Que las asociaciones provida puedan entrar en los consultorios familiares es una ofensa a la profesionalidad de quienes trabajamos allí”, comenta Conti.
Los profesionales también lamentan las distorsiones causadas por los altos porcentajes de objeción. Como en los Abruzos, la segunda región, tras Sicilia, por número de médicos objetores, el 84%. “Ahora somos tres. Ha habido momentos, antes de que suspendieran el servicio por cuestiones organizativas, en los que estaba yo sola”, explica Carolina Iannantuono, ginecóloga del hospital de Lanciano, donde desde junio pasado se ha vuelto a practicar la interrupción del embarazo, dos veces a la semana. “Todos mis turnos estaban dedicados a esto. También a nivel profesional se convierte en una carga muy pesada, te quita motivación porque nosotros como ginecólogos hacemos muchas cosas y, en cambio, siendo el único profesional no objetor no tienes más opciones. Hay compañeros que a veces eligen ser objetor no por razones ideológicas sino por la carga que no serlo supone en la situación actual”.
“Rabia y frustración”
En un contexto de creciente presión, Tiziana Antonucci no duda en decir que “en Italia en el tema del aborto se ejerce una violencia institucional”. Para protestar contra esta situación, y con ocasión del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, este sábado hay convocadas varias manifestaciones en distintas ciudades italianas.
“Yo lo que siento ahora cuando leo lo que ocurre es rabia y frustración. De verdad no entiendo la necesidad de cosas como el acceso de las asociaciones provida en los centros hospitalarios públicos”, comenta Chiara Mancini. “Y estoy enfadada pensando en tantas mujeres que pueden encontrarse en situaciones más difíciles que la mía. Cuando la anestesista me estuvo dando ese sermón de 15 minutos, lo metabolicé porque mi objetivo era acabar con aquello cuanto antes. Pero no deja de ser una forma de violencia”.