Macron y su Gobierno se juegan el futuro de la legislatura con la reforma de las pensiones

La llamada a las calles lanzada por los sindicatos en respuesta a la reforma de las pensiones ha puesto en marcha una cuenta atrás en Francia. Una nueva etapa comenzará este jueves, inicio de un pulso entre el Gobierno y la movilización en contra de la medida. Del resultado de ese equilibrio de fuerzas dependerá el desenlace del futuro del proyecto de ley.

En este contexto social inflamable, la comunicación gubernamental se está cuidando más que nunca para evitar gestos y declaraciones que puedan alimentar el descontento y amplificar las protestas. Conscientes de la resistencia que va a encontrar la reforma, la primera ministra Élisabeth Borne y sus principales ministros insisten en que la revisión del sistema de las pensiones es una “medida de justicia” para lograr el “equilibrio”, aunque reconocen que el aumento de la edad de la jubilación (de 62 a 64 años) y de la duración de las cotizaciones no afectará a todos los franceses de la misma manera. Tanto el Ejecutivo como Emmanuel Macron saben que, sin mayoría en la Asamblea Nacional, el fracaso de la reforma hipotecaría la viabilidad de la legislatura.

Actualización: Al menos un millón de personas se manifiestan contra la reforma de las pensiones en Francia

“El Gobierno ha previsto algunas medidas de compensación para los trabajadores más modestos y los más precarios, que mitiguen un poco el impacto [como la posibilidad de jubilación anticipada en ciertos empleos], por lo que las clases medias-bajas son las más afectadas”, dice Bruno Palier, politólogo y director de investigación en el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po). “El Gobierno busca lograr el ahorro lo más rápidamente posible, sin preocuparse demasiado por las cuestiones sociales. Los sectores más protegidos por la reforma son su electorado: ejecutivos, pensionistas y empresas”, asegura.

De acuerdo con el último sondeo de Ipsos para la revista Le Point, un 71% de los franceses se opone a la reforma y un 37% afirma estar dispuesto a manifestarse. “Probablemente veamos una movilización fuerte este jueves, la cuestión es saber si va a durar durante mucho tiempo de forma masiva y colectiva, porque eso no es tan seguro”, dijo Brice Teinturier, director general de IPSOS, el lunes a la cadena TMC. “La idea de tener uno o dos millones de personas en la calle todos los días no parece la hipótesis más probable, pero algo así podría arrancar con una primera jornada muy fuerte”, pronosticó.

Aumento del descontento social

En un país con una larga tradición de movimientos sociales, uno de los precedentes más citados en las últimas semanas es el de 1995, cuando las huelgas y manifestaciones consiguieron hacer retroceder la reforma de las pensiones iniciada por el entonces primer ministro Alain Juppé. “Hay un riesgo de bloqueo, pero al Gobierno no le preocupa si al final el proyecto se aprueba”, opina Bruno Palier. “El cálculo es que quienes hacen huelga no forman parte de su electorado y que las movilizaciones son el precio a pagar por una reforma que considera imprescindible por razones presupuestarias”, indica.

Pero el riesgo también es político y a largo plazo. “El impacto de la reforma es fuerte en los grupos sociales que tienden cada vez más a votar a la extrema derecha (trabajadores, clases medias poco cualificadas)”, dice el politólogo. “Es probable que la extrema derecha se beneficie en las urnas de las medidas decididas por el Gobierno. Se quedó a las puertas del poder en las últimas elecciones presidenciales y esta reforma le abre un poco más el camino”, pronostica.

Otras voces también han advertido de esas consecuencias sociales. “Si no hay una gran movilización en las calles, el resentimiento se expresará de otro modo”, advirtió Laurent Berger, secretario general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo, en relación al descontento social. Berger sostiene que la cuestión de las pensiones podría abordarse de forma diferente, por ejemplo desarrollando el “trabajo de los sénior” para incentivar la permanencia en el mercado laboral. En este sentido, otros expertos proponen otras ideas como una revalorización más lenta para las pensiones más altas o un aumento de las cotizaciones, dos supuestos que el Gobierno rechaza.

Acuerdo parlamentario

En el Parlamento, todo indica que Élisabeth Borne contará con el apoyo de la derecha gaullista para aprobar el texto sin necesidad de recurrir al artículo 49.3 de la Constitución –mecanismo que permite sortear la votación parlamentaria–. La construcción de una mayoría parlamentaria ha resultado un reto para la jefa del Ejecutivo ya que, además del partido Los Republicanos, Borne ha tenido que asegurar el voto de miembros influyentes de la coalición presidencial –como François Bayrou o Édouard Philippe–, en un principio críticos con el método elegido. La exministra de Medio Ambiente y actual diputada macronista, Barbara Pompili, ya ha anunciado que votará en contra del texto “en su forma actual”.

El Ejecutivo, que ha recurrido diez veces al 49.3 para aprobar textos presupuestarios sin votación, quiere evitar emplearlo esta vez por temor a alimentar aún más la movilización. No obstante, el formato legislativo elegido –proyecto de ley rectificativo de financiación de la seguridad social– habilita el uso de otro artículo (47.1) que limita la duración de los debates: 20 días en la Asamblea Nacional, 15 días en el Senado.

Ese procedimiento debe permitir actuar con rapidez, evitar que los partidos que se oponen a la reforma retrasen la votación con enmiendas y, de paso, reducir la extensión de la movilización. Además, aunque la coalición de fuerzas de izquierda NUPES ha hecho bloque contra la reforma, la medida se plantea en un momento complicado para la dinámica interna de sus miembros: el Partido Socialista se encuentra inmerso en la elección de su secretario general con dos líneas opuestas; en Francia Insumisa el liderazgo de Jean-Luc Mélenchon está siendo criticado por la gestión del caso Quatennens –excoordinador condenado por violencia machista– y varias figuras acusan a la dirección de falta de democracia interna.

En cuanto a la extrema derecha, aunque también se opone a la medida, el partido que lidera Marine Le Pen no estará presente en las principales manifestaciones, ya que los sindicatos han anunciado que no aceptarán la participación de los miembros de Agrupación Nacional en los cortejos, porque sus valores “no son compatibles”.