Argentina inicia los trámites legislativos para despenalizar el aborto después de siete intentos de debate

Un paso más hacia la conquista de los derechos de la mujer o una secuencia nueva de pura estrategia política. Después de 13 años y siete intentos (el número de veces que el Parlamento rechazó debatir un proyecto de ley dedicado al aborto), la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo sin supuestos en los tres primeros meses llega al Congreso de Argentina.

La normativa ha sido redactada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, compuesta a día de hoy por más de 500 organizaciones. En primer lugar, se presentará el proyecto. Después se tratará y definirá en diferentes comisiones parlamentarias para, finalmente, ser debatido en el hemiciclo.

¿Esto es un triunfo para el movimiento de mujeres del país? Sin duda, es un paso adelante porque hasta hace no muchos años hablar de aborto en una sociedad eminentemente conservadora era casi un tabú. Sin embargo, las activistas avisan: “El triunfo llegará cuando ninguna mujer muera en Argentina por someterse a un aborto clandestino o sea perseguida judicialmente”.

Según los datos que maneja Amnistía Internacional, cada año se producen en torno a 500.000 abortos clandestinos en Argentina y quienes más recurren a esta práctica son mujeres adolescentes, que apenas llegan a la mayoría de edad. El aborto, alertan, es la principal causa de muerte materna en el país. Cada año, nacen unos 3.000 bebés de niñas de entre 10 y 14 años, apunta Unicef.

Sin embargo, explica Mariela Belski, directora adjunta de Amnistía Internacional en Argentina, los datos con los que cuentan para defender el aborto en el país son antiguos, y en muchas ocasiones hay que recurrir a los que consiguen investigadoras independientes. Para Belski, que el presidente Mauricio Macri haya habilitado el debate en el Parlamento se traducirá también en que se puedan generar nuevos datos y estadísticas.

“Son datos que hasta la fecha no hemos podido actualizar porque el Gobierno no ha generado jamás datos de ingresos hospitalarios o datos vinculados a cantidades de abortos. Esto es así porque no ha tomado este tema como parte de la agenda; pero ni este Gobierno ni los anteriores”, recuerda Belski. “Hacen falta datos coherentes, actuales y relevantes generados por parte del Estado”.

Belén, la joven encarcelada por abortar

En la provincia de Tucumán, por ejemplo, las investigaciones de la abogada Soledad Deza, que representó Belén, una de las mujeres encarcelas de Argentina por abortar, concluyó que entre los años 1992 y 2012 fueron criminalizadas 534 mujeres. Por el momento, solo una (Belén) ha estado entre rejas. Desde Amnistía sostienen que solo nueve mujeres han terminado en la cárcel por abortar.

“Belén, el nombre ficticio para hacer público el caso, entró en un hospital público en la provincia de Tucumán con dolores abdominales. Tras esto, la medicaron durante la madrugada, le diagnosticaron cólicos y, un par de horas después de estar internada, tuvo un aborto espontáneo. La llevaron a quirófano, a la sala de ginecología, le hicieron un legrado y, al despertarse, estaba rodeada de policías”, relata Deza.

Desde ese instante, Belén estuvo en custodia policial y fue acusada de homicidio. Pasó 29 meses en la cárcel, hasta que el año pasado fue liberada y absuelta del delito.

Abortar en Argentina es ilegal. Como en la mayoría de países sudamericanos, excepto Uruguay. La ley solo ampara a las mujeres que han quedado embarazadas tras una violación o si corre riesgo su vida. El resto de los abortos están prohibidos. El proyecto de ley que comenzará a debatirse este martes busca “despenalizar y legalizar la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 14 semanas”, dice la abogada.

“Proponemos una superación de esos causales, un proyecto de aborto por plazos”, concluye Celeste McDougall, referente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.

¿Por qué ahora?

La campaña para legalizar el aborto nació en el año 2005. Desde entonces y cada dos años, se ha presentado un proyecto de ley al Parlamento que fue seis veces rechazado. 

Macri, presidente de centroderecha abiertamente pro-vida, ha asegurado esta semana que si el Congreso vota a favor de la ley del aborto, no vetará la decisión. Pero donde algunas ven una clara señal de apertura por parte del Gobierno, otras ven complejidad y ambivalencia. Los analistas políticos incluso han relacionado la decisión de Macri de habilitar el debate parlamentario como respuesta al desplante del papa Francisco, que acaba de hacer una visita a Sudamérica sin pasar por Argentina.  

“Que el presidente salga a decir que no lo va a vetar también es complejo porque, en realidad, tampoco está diciendo que vaya a garantizar un derecho que venimos exigiendo hace tiempo […] Nosotras le decimos que quienes habilitamos el debate fuimos nosotras, en años de construcción y de lucha. En sus palabras no dice que vaya a garantizar un derecho negado”, protesta McDougall.

“No olvidemos la historia. El presidente Macri fue jefe de Estado de la ciudad de Buenos Aires y cuando se votó el protocolo interrupción voluntaria del embarazo, él lo vetó. Nosotras solo confiamos en nosotras y en nuestras calles”, recalca. “Nosotras sabemos también que la iglesia católica es un factor de poder muy grande en nuestro país. Sabemos quién es Bergoglio, lo conocemos muy bien. Pero el nivel de conflicto que tenga con el macrismo... no nos metemos en esos niveles de especulación”.

Si el proyecto de ley supera el Congreso, tendrá que pasar también por el Senado, una Cámara más conservadora. “Estamos trabajando desde el activismo en hablar con cada uno de los senadores y senadoras para que no se disciplinen con los sectores conservadores o fundamentalistas de poder y verdaderamente voten en libertad de conciencia pensando que lo que está en debate no es la moralidad del aborto, sino que tienen la responsabilidad parlamentaria de decidir si una mujer que interrumpe voluntariamente un embarazo dentro del primer trimestre debe o no estar presa. Eso es lo que tienen que votar”, concluye Soledad Deza desde Tucumán.