El acuerdo fiscal de Google con Reino Unido por valor de 130 millones de libras (unos 170 millones de euros) revela la necesidad de una reforma radical del sistema internacional de impuestos, según el organismo británico más prestigioso en materia de impuestos y gasto público. El Instituto de Estudios Fiscales (IFS) ha manifestado que los gobiernos deberían estudiar desarrollar desde cero un nuevo sistema fiscal que se adapte a las multinacionales que ahora se salvan de pagar impuestos de sociedades en algunos países.
La intervención del think tank supone más presión para que el ministro de Hacienda, George Osborne, explique cómo se calculó el acuerdo fiscal con Google, después de que la Agencia Tributaria británica aceptara el pago de 130 millones de libras en impuestos pendientes desde 2005.
El ministro de Transporte, Patrick McLoughlin, defendió el acuerdo, que los expertos dicen que supone un tipo efectivo del 3%, pero manifestó que le gustaría ver a la empresa estadounidense pagar más impuestos en el futuro. McLoughlin dijo eso después de que varios parlamentarios pidieran que Hacienda y Osborne expliquen los fundamentos del acuerdo fiscal.
Google se comprometió a cumplir con las reformas acordadas por los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que incluye a todas las grandes economías. Por lo tanto, la empresa tendrá que pagar impuestos por los beneficios generados por la publicidad de su página web en el Reino Unido.
Sin embargo, el IFS ha señalado que, aunque la nueva normativa fiscal de la OCDE evitará una parte de la evasión fiscal, representa un nivel más de reglas sobre un sistema obsoleto que se remonta a antes de la Segunda Guerra Mundial. En un capítulo de su Libro Verde, el think tank dice: “El Gobierno puede emprender un plan de acción mucho más radical: acabar con el sistema de impuestos de sociedades tal y como lo conocemos actualmente y diseñar uno nuevo que sirva mejor a nuestros objetivos”.
“El mundo ha cambiado mucho desde que se diseñó el sistema actual en los años 20. Las actividades de las empresas son ahora más globales, digitales e intangibles”, dice el informe. Un sistema que obligara a las empresas a informar de las actividades de su grupo –y por lo tanto de dónde sacan sus ingresos en cada país– cambiaría de raíz un sistema en el que los beneficios se distribuyen como si fueran obtenidos por empresas diferentes del grupo.
Google imputa sus operaciones en Reino Unido por el coste del desarrollo de software a su central estadounidense. Esa tasa por usar la propiedad intelectual de la empresa matriz es luego deducida de los beneficios de la filial británica, junto a los costes de los préstamos hechos por la central de Google.
“Podríamos gravar a las empresas en función de dónde ocurren sus ventas y no dónde consideran que provienen sus beneficios”, propone el IFS. “Tal vez aún no estamos preparados para un cambio tan radical. Sin embargo, según cómo funcione en los próximos años el sistema internacional de impuestos de sociedades que se ha reformado recientemente, podríamos llegar a la conclusión de que merece la pena considerar si nuevas normas producirían un resultado más conveniente”, reflexiona la institución.
Richard Murphy, experto en impuestos y crítico con el régimen fiscal actual, explica que las normas de la OCDE obligan a las multinacionales a elaborar informes de sus ventas y sus beneficios país por país, lo que ya es un paso adelante. Pero pide a los gobiernos que insistan a las empresas como Google para que hagan públicos esos documentos, de manera que se genere un debate público sobre cómo se les debería gravar.
“Que el IFS reconozca que el sistema fiscal internacional no funciona es otro paso adelante cuando hay tantos gobiernos que prefieren mirar a otro lado. Es como un Land Rover Defender, que a pesar de añadirle un extra tras otro desde que lo diseñaron hace 50 años, se considera ya caducado y ha dejado de fabricarse”.
Traducido por: Jaime Sevilla