Los presos, mano de obra barata para cárceles privatizadas en EEUU: 50 céntimos la hora de trabajo
Un centro de detención de inmigrantes de Nuevo México encontró dentro del propio centro la solución a la falta de mano de obra para cocinar a los reclusos y limpiar los pasillos del edificio. Por menos de 50 céntimos la hora (0,44 euros al cambio), prisioneros como Mbah Emmanuel Abi y Demond Ndambi, a los que posteriormente se les ha concedido el asilo político, hacían la comida para sus compañeros y trabajaban en la biblioteca del centro.
Su experiencia no es única: por un dólar al día, y a veces menos, los inmigrantes preparan comidas, limpian las instalaciones y hacen la colada en centros de detención de gestión privada por todo el país.
La práctica se ha comparado al trabajo esclavo y ha generado multitud de demandas contra las dos empresas carceleras más grandes del país, CoreCivic y Geo Group, que entre las dos sumaron en 2017 unos 4.000 dólares en ingresos.
En una demanda colectiva presentada recientemente, Abi, Ndambi y otro hombre que huyó de Camerún en 2017, acusan a CoreCivic, gestora del centro de detención del condado de Cibola, Nuevo México, de robo de salario.
“El hecho de que la empresa pueda conseguir la mano de obra que necesita para que funcione el centro a unos precios descaradamente por debajo del mercado es parte de su modelo de negocio”, sostiene Joseph Sellers, abogado de Cohen Milstein representante de los demandantes.
Tanto CoreCivic como Geo Group sostienen que la remuneración cumple con un programa de trabajo voluntario del Gobierno, pero los abogados sostienen que el trabajo no es voluntario porque se necesita para pagar objetos como pasta de dientes o para hacer llamadas a seres queridos.
“No lo llamaría voluntario”, sostiene Sellers. “Lo hacen porque necesitan esos ingresos, que efectivamente son bastante escasos, para comprar diversos artículos que puedan necesitar mientras están encerrados, como pasta de dientes”.
El caso de Nuevo México se presentó la semana pasada ante un tribunal de Maryland y se centra en la supuesta violación de CoreCivic de las leyes de salario mínimo. “Lo estamos investigando en otros lugares”, afirma Sellers. “Desafortunadamente parece algo generalizado”, añade.
En los últimos cuatro años, otras demandas centradas en los salarios de un dólar al día han acusado a las empresas de prisiones de violar la legislación que prohíbe el trabajo forzado y el enriquecimiento ilícito.
En abril, CoreCivic fue denunciada en una demanda colectiva por usar “mano de obra forzada” en un centro de Georgia. Un denunciante de Guatemala, Wilhem Hill Barrientos, asegura que tuvo que trabajar para pagar las llamadas telefónicas a su familia, con quien no podía hablar sin trabajar por unos 50 céntimos la hora.
En septiembre de 2017, el estado de Washington denunció a Geo Group por pagar a los reclusos un dólar al día. En 2014, los detenidos en el centro de Aurora, Colorado, demandaron a la misma empresa por robo de salario. Este caso, como los otros, sigue en los tribunales.
Amanda Gilchrist, portavoz de CoreCivic, señala que la empresa no puede hacer declaraciones sobre un caso judicial abierto, pero asegura que sus programas de trabajo “son completamente voluntarios y cumplen las exigencias de Inmigración y Aduanas”.
“Establecemos y proporcionamos el mismo nivel de cuidado –incluidas tres comidas al día, acceso a atención sanitaria y otras necesidades cotidianas– al margen de si un detenido participa o no en un programa de trabajo voluntario”, asegura Gilchrist en un correo electrónico.
Pablo Paez, portavoz de Geo Group, también señala en un comunicado que la empresa cumple con los estándares nacionales y locales sobre el trabajo voluntario.
“Los salarios asociados a este programa federal se estipulan bajo unas directrices establecidas desde hace mucho tiempo por el Congreso de Estados Unidos”, afirma Paez. “Como proveedor de servicios al Gobierno federal, Geo está obligada a cumplir con estas normas federales y con las directrices establecidas por el Congreso”, añade.
Aliados de Donald Trump
Ambas empresas han financiado la campaña presidencial de Donald Trump y se han beneficiado de las duras medidas de su administración contra la inmigración, entre las que se incluye revertir los esfuerzos de la Administración Obama por una reducción en el uso de prisiones privadas.
El día después de las elecciones presidenciales de 2016, el valor en bolsa de Geo Group aumentó un 21% y el de CoreCivic, un 43%. En conferencias de resultados con analistas, los líderes de las empresas pronosticaron un aumento de los beneficios por el creciente número de detenciones de inmigrantes en EEUU.
La directora fundadora del Centro de Estudios sobre Deportación de la Northwestern University, Jacqueline Stevens, impulsó la demanda de 2014 en Colorado con su investigación de los esquemas de trabajo voluntario en las prisiones privadas. Stevens sostiene que estos salarios extraordinariamente bajos también tienen un impacto sobre los salarios locales y otras industrias.
“El propósito de estas leyes no es simplemente proteger los derechos salariales de la gente a la que se está explotando, sino también el salario medio de las personas de una comunidad en particular”, afirma Stevens. “Por eso hay todo tipo de normas y precedentes que sostienen que si se contrata a gente por debajo de un salario, aunque pueda parecer que es consentido, sigue siendo ilegal”, añade.
Stevens señala que muchos aspectos de la legislación estadounidense prohíben a las empresas obligar a trabajar a personas que no han sido condenadas. También definen el voluntariado como un trabajo sin remunerar por razones humanitarias y protegen los salarios locales prohibiendo a las empresas pagar a la gente por debajo de una norma acordada. “Cuando puedes contratar gente por un dólar al día o menos, debilitas las oportunidades de empleo de todo el mundo”, denuncia.
Traducido por Javier Biosca Azcoiti
