Olvidados en la vida y en la muerte: la desigualdad en México queda en evidencia tras el terremoto

Un pequeño grupo de personas rinde homenaje frente a un enorme cráter donde un maniquí blanco, montones de cubos de plástico y una docena de coches aplastados son todo lo que queda de una fábrica de cuatro pisos que se desplomó sobre un aparcamiento lleno. 21 personas murieron aquí en Colonia Obrera, uno de los históricos barrios de trabajadores de Ciudad de México, después de que el terremoto que se produjo el mes pasado la aplastase al instante.

Todavía no se conoce el nombre de las personas que murieron y de las que sobrevivieron a la catástrofe, y las autoridades no han podido ofrecer listas detalladas de empresas y trabajadores que trabajaban en el edificio. Todo esto no ha hecho más que avivar las especulaciones de que allí había talleres clandestinos que explotaban a migrantes indocumentados.

Sin ningún tipo de registro de personas desaparecidas, crece el miedo a que muchas de las víctimas del terremoto queden sin identificar y sin ser reclamadas, especialmente si procedían del extranjero o si pertenecían al ejército clandestino de trabajadores que se dedica a limpiar casas, cocinar comida callejera, sacar brillo a zapatos o ser guardas de edificios.

En Ciudad de México, seis de cada diez trabajadores tiene un trabajo precario, un puesto no regulado que se caracteriza por condiciones precarias y falta de derechos.

“Muchas personas murieron en su puesto de trabajo, pero las víctimas nunca se consideran iguales, y los trabajadores del sector clandestino afectados de manera directa o indirecta por el terremoto podrían terminar siendo un daño colateral”, comenta Norma Cacho, de la organización por los derechos laborales ProDESC.

“Por supuesto que las autoridades deberían saber qué compañías y cuánta gente trabaja en esos edificios, pero las irregularidades son parte de la dinámica de la ciudad y con información poco clara se llega a la desinformación”, añade.

Las historias de rescate falsas, el desvío de donaciones y la entrega desigual de ayuda oficial ha redoblado la furiosa desconfianza que muchos mexicanos sienten por sus políticos y por sus versiones sobre los terribles sucesos.

¿Qué pasa con los desaparecidos?

Beatriz Gutiérrez, de 44 años, es la dueña de una tienda a unos pocos metros de la fábrica en Colonia Obrera. Asegura que alrededor de 100 personas trabajaban en el edificio que ella misma vio derrumbarse. “No es cierto que hubiera inmigrantes ilegales trabajando allí. Las chicas de la fábrica que entraban en la tienda cada día eran mexicanas”, asegura. Pero quiénes eran ellas y qué les ha pasado, eso no se sabe.

La mayoría de las víctimas extranjeras del terremoto perecieron allí. Las alarmas sonaron después de que la tierra comenzase a temblar, los que estaban dentro no tuvieron tiempo de escapar.

Un grupo de documentos hallados en medio de las ruinas por la web Sin Embargo incluye el currículum de una mujer china llamada Ying Xia Lai, y un billete de avión de 2014 procedente de Los Ángeles con destino a México con el nombre de Chin Chien Ju.

Cinco ciudadanos taiwaneses murieron en la fábrica, según un portavoz de su embajada. Las cuatro mujeres y el hombre trabajaban en una compañía de zapatos taiwanesa con sede en el Estado de Tlaxcala, la cual tenía una oficina en ese edificio.

Un anciano argentino que era propietario de una empresa de diseño de ropa en la primera planta murió a pesar de los esfuerzos por rescatarle por parte de la comunidad local judía. Sigue sin estar claro cuántos de sus más o menos dos docenas de empleados fallecieron.

Los registros de empresas y los testimonios de los supervivientes sugieren que el edificio también alojaba una empresa de exportación de juguetes y otra de seguros, así como una firma de accesorios que perdió a sus seis empleados y a su director surcoreano.

Exactamente una semana después del seísmo, un hombre chino de unos 40 años entre lágrimas, acompañado de peritos de seguros, recorrió la fábrica arrasada mientras se levantaban los escombros que terminaron sobre coches aplastados. “¿Quieres saber lo que ha pasado de verdad? Lo que ha pasado es que el edificio se vino abajo y mi esposa murió”, dijo.

No muy lejos de aquí, alrededor de 800 tiendas de ropa fueron arrasadas en el terremoto de 1985, en el que miles de mujeres pobres trabajaban en condiciones deplorables. Las víctimas nunca se identificaron públicamente. Esta es una de las razones por las que mucha gente se muestra escéptica en torno a la cifra oficial de muertes que ha causado el último terremoto, que actualmente asciende a 355.

La fábrica en Colonia Obrera sufrió daños importantes en 1985, pero fue remodelada y utilizada en parte como oficinas gubernamentales hasta 2015.

Después de que el último terremoto lo derrumbase, los esfuerzos de rescate iniciales se vieron obstaculizados por las antenas telefónicas instaladas en el tejado. En los primeros compases de los procesos de recuperación, la zona se convirtió en un escenario de disputas porque los voluntarios de labores de rescate acusaron a las fuerzas de seguridad de querer demoler el edificio demasiado pronto.

En los días inmediatamente posteriores al terremoto, se acusó a las autoridades mexicanas en repetidas ocasiones de intentar limpiar los escombros antes de que los grupos de rescate hubieran agotado toda posibilidad de encontrar supervivientes.

“Ha vuelto a suceder”

Una tarde hace poco, Alejandra Martínez, de 60 años, se acercó a los restos de la fábrica para presentar su respeto a las víctimas. Antigua trabajadora de una fábrica, perdió a amigos y compañeros en el seísmo de 1985, al que sobrevivió simplemente porque no había empezado su turno de trabajo. “No me puedo creer que esto haya pasado otra vez”, dice mientras mira fijamente el lugar arrasado.

Inmediatamente después del temblor, México fue testigo de una oleada de sentimiento cívico en la que legiones de voluntarios se organizaron para ayudar en las labores de rescate y de atención de los supervivientes.

Pero la enorme división de clases del país también se hizo evidente. El diario de Ciudad de México El Universal publicó una fotografía en sus páginas sociales destacando cómo la alta sociedad y las celebridades mexicanas se unían a las operaciones de limpieza.

Momentos después del terremoto, en el barrio de clase media La Condesa, una familia contó a the Guardian que su “muchacha” –refiriéndose de una manera despectiva a su empleada doméstica– estaba atrapada dentro de un bloque de apartamentos de siete pisos.

Pero un voluntario al mando de los registros de personas desaparecidas dijo después que solo fueron los vecinos quienes habían alertado a los equipos de rescate; sus jefes no se habían molestado en informar de su desaparición.

“Las empleadas domésticas son invisibles: muchos de sus jefes ni siquiera saben el apellido de la persona que trabaja en su casa o de dónde es”, cuenta Marcelina Bautista, fundadora del centro para el apoyo y formación de empleados del hogar (CACEH).

La organización ha estado rastreando periódicos tratando de identificar a empleadas domésticas que han muerto o resultado heridas, para después encontrar también a sus familias. Desde el terremoto, algunas trabajadoras han sido despedidas sin recibir pagos pendientes, asegura Bautista.

De las 250.000 que trabajan en la capital, el 99% no tiene un contrato formal y, por lo tanto, un acceso mínimo a servicios como cuidados sanitarios o bajas por enfermedad.

“Sin un registro de trabajadoras domésticas, se les puede ignorar fácilmente. Si antes no existían, tampoco existirán cuando lleguen las indemnizaciones”.

Traducido por Cristina Armunia Berges