El proyecto legislativo que prepara el Ejecutivo europeo exigirá a las grandes firmas estadounidenses, como Google, Facebook y Amazon, que publiquen sus ingresos en Europa. La Comisión Europea, que presentará la legislación a principios de abril, pretende que las empresas más grandes del mundo divulguen sus facturas para que sean sometidas al escrutinio público.
Según fuentes de tres funcionarios de la Unión Europea familiarizados con las propuestas, la evaluación inicial de impacto ha fallado a favor de obligar a las grandes corporaciones a presentar sus beneficios y las declaraciones de impuestos que pagan en cada país europeo en el que operan.
El presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, se ha mostrado conforme con esta iniciativa. Además, la decisión de aplicar las normas también a otros grandes conglomerados mundiales, incluidos los de Estados Unidos, ha encontrado un consenso unánime entre los altos cargos europeos.
Los técnicos “se encuentran en estos momentos analizando la evaluación de impacto. Es probable que a principios de abril se anuncie el borrador de la iniciativa desglosada por países”, ha revelado la fuente. “Parece que estas normas se ejercerán sobre todas las grandes multinacionales y no solo las inscritas en la Unión Europea”, afirma una segunda fuente. El análisis de impacto “ha influido en las opiniones” de la Comisión a favor de divulgarlo públicamente.
La publicación catalogada por países es importante para evitar que las grandes empresas lleguen a acuerdos secretos con los gobiernos sobre cómo declarar sus impuestos. La Comisión recibió duras críticas el mes pasado cuando propuso que las corporaciones rindiesen cuentas con las autoridades fiscales de cada nación en Europa sin hacer pública la información.
El nuevo borrador tiene previsto salir a la luz el 12 de abril. La legislación en materia fiscal de la UE requiere la firma de los 28 gobiernos miembros, pero fuentes al tanto de este proyecto indican que las nuevas reglas pueden ser enmiendas a directivas actualmente en vigor, por lo que pueden ser aprobadas por una mayoría cualificada o por 16 de los 28 miembros.
El escándalo de los paraísos fiscales europeos
La indignación se desató en 2014, cuando la plataforma llamada LuxLeaks filtró que las multinacionales minimizaban sus obligaciones fiscales con pactos privados en Europa. Las revelaciones pusieron el foco de los medios sobre los cientos de compañías de todo el mundo –incluidas Pepsi, Ikea y Fed-Ex– que establecían acuerdos bilaterales secretos con Luxemburgo para no pagar impuestos, una evasión fiscal mediante la que salvan miles de millones de euros. Conviene recordar que Juncker fue ministro de Economía y primer ministro de Luxemburgo entre 1995 y 2009.
La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, descubrió que Luxemburgo y Holanda concedían privilegios a FIAT y Starbucks y les impuso una multa de 32 millones de euros a cada empresa por los impuestos eludidos. El mes pasado, Vestager también dispuso que 35 multinacionales en Bélgica pagasen 700 millones euros por la misma razón, mientras que las investigaciones se centran ahora en firmas como Apple en Irlanda y Amazon en Luxemburgo.
El límite de ingresos, para que una compañía esté obligada a publicar la declaración de beneficios e impuestos, no ha sido establecido de momento. Sin embargo, los funcionarios de la UE han confirmado que las normas se aplicarán exclusivamente a las “grandes” multinacionales del mundo, lo que engloba a compañías como Google, Amazon y Facebook.
Washington en contra
Estas medidas seguramente enfurecerán a Washington, que ya ha mostrado su indignación ante un plan que considera que tiene como objetivos a las enormes compañías digitales de los Estados Unidos. Robert Stack, el vicesecretario adjunto del Departamento internacional de Hacienda de EEUU, ha afirmado estar preocupado por la “imparcialidad” de las investigaciones sobre las compañías estadounidenses y sus asuntos fiscales en Europa. Mientras tanto, la Comisión estudia incluir a Google en su larga lista de investigados tras el escándalo del acuerdo de 160 millones de euros establecido con Reino Unido.
Tove Maria Ryding, coordinadora fiscal de la Red europea sobre Deuda y Desarrollo, un colectivo de 46 ONG que luchan por un sistema financiero global más justo, denuncia que la Comisión ha decidido limitar la publicación a las grandes compañías –aquellas cuyo volumen de negocios anual supere los 750 millones de euros–, por lo que el proyecto no afectará al 85% de las multinacionales. “Es obvio que esto representa un grave problema”, dice Ryding. “Si quieres crear un marco donde las pequeñas y medianas empresas que no utilizan esas estructuras fiscales sean competitivas, no puedes permitir que el 85% de las multinacionales, con evidentes lagunas fiscales, evadan impuestos.
John Christensen, director ejecutivo de Tax Justice Network (red por la justicia fiscal), un grupo activista cuyo propósito es manifestar el abuso sistemático del actual sistema fiscal, aplaude el plan de hacer que las multinacionales revelen sus ingresos y declaren los impuestos que pagan en cada uno de los países en los que hacen negocios. “Las grandes compañías se han escudado en que sus asuntos fiscales eran materia de competencia –y por tanto confidenciales– durante mucho tiempo. Creemos por una cuestión de principios que es muy importante que esta información se haga pública”, ha declarado Christensen.
La evaluación de impacto ha sido acusada de ignorar las quejas de las compañías acerca de los daños que sufrirá su competitividad comercial con la publicación de estos documentos. A finales de enero, la Comisión lanzó un paquete para evitar la evasión de impuestos que contenía una serie de propuestas contra los acuerdos bilaterales. Las medidas limitarían los intereses de las compañías que tienen ventajas fiscales a la hora de deducir sus ingresos anuales y obligarían a los países a declarar sus datos ante las administraciones fiscales de la UE. Los grupos de activistas han criticado la propuesta por no ir suficientemente lejos.
Traducción de: Mónica Zas