Cinco claves para entender qué pasará con el Brexit tras el revés de la Corte Suprema

El Tribunal Supremo británico ha dictado sentencia sobre si el Gobierno debe obtener la autorización del parlamento antes de activar el artículo 50 para abandonar la UE, una de las decisiones constitucionales más importantes en una generación. Estos son los puntos clave:

¿El Gobierno puede activar el artículo 50 sin una votación parlamentaria?

El Alto Tribunal ha decidido que el Gobierno no puede activar el artículo 50 sin la autorización del Parlamento a través de una ley. Lord Neuberger, el presidente del Tribunal Supremo, ha dicho en el sumario del fallo, que los once jueces decidieron por una mayoría de ocho contra tres, que el Gobierno tiene por norma general una prerrogativa para cambiar los tratados, pero no si afectan a los derechos de la gente, como los adquiridos por Reino Unido al acceder en la UE.

“El cambio que se requiere en la ley para implementar el resultado del referéndum debe hacerse por la única vía que la constitución de Reino Unido permite, que es mediante la legislación”, confirman los jueces en la frase clave de la sentencia.

Y añaden, “el Tribunal Supremo sostiene que se requiere una ley parlamentaria para autorizar al Gobierno a notificar la decisión de Reino Unido de salir de la Unión Europea”.

¿Hay que consultar a los parlamentos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte?

En este punto los jueces alcanzaron una decisión unánime: los ministros de Reino Unido no están obligados a consultar a los parlamentos descentralizados.

Los jueces decidieron que las secciones pertinentes del Acuerdo de Irlanda del Norte “no se aplican en este caso” y la convención Sewel (por la cual Escocia tiene que dar consentimiento a cualquier ley dictada por Westminster que afecte a los asuntos descentralizados) “no da lugar a una obligación jurídicamente vinculante”.

Añaden que las relaciones con la Unión Europea y otras cuestiones de asuntos exteriores “están reservadas al gobierno de Reino Unido y al parlamento, no a las instituciones descentralizadas”, y concluyen que “las asambleas legislativas descentralizadas no tienen capacidad de veto en la decisión de Reino Unido de abandonar la Unión Europea”.

¿El Tribunal Supremo tiene algo que decir sobre el tipo de proyecto de ley que el Gobierno debe presentar?

Algunos expertos pensaron que quizá la corte tratará de especificar el tipo de ley del artículo 50 que el Gobierno debería presentar ante el Parlamento, establecer las condiciones que deberían aparecer, o estipular que los legisladores o el Gobierno deben tener funciones más precisas para supervisar el Brexit.

Sobre la base de que un proyecto de ley muy corto y sólidamente formulado podría ser más a prueba de enmiendas que uno más largo y detallado, esto quizá daría a los parlamentarios un mayor margen para obstaculizar o enmendar el proyecto de ley.

Pero el Supremo no adoptó ninguna postura sobre esta cuestión, diciendo que el tipo de legislación que se debía adoptar era “asunto del parlamento” y diciendo incluso que “una notificación bajo el artículo 50 sin duda podría ser muy corta”, lo cual “no debilitaría su enorme trascendencia”.

Aunque se espera que la mayoría de los miembros del gobierno y de la oposición respeten el resultado del referéndum y es poco probable que voten en contra de cualquier proyecto de ley, sin duda se presentarán una serie de enmiendas con el objetivo de otorgar más supervisión y control en el proceso del Brexit a los parlamentarios.

David Davis, el secretario encargado del Brexit, ha declarado al parlamento que el Gobierno publicará en los próximos días una propuesta de ley sobre el Brexit “clara”. Fuentes gubernamentales informan de que esto se producirá este jueves.

¿Es este el fin de los problemas legales del Gobierno?

Como era de esperar, esta decisión va en contra de la posición del Gobierno. El ejecutivo, sin embargo, estará bastante contento: el Tribunal Supremo ha dictaminado que se requiere una ley aprobada en parlamento para activar el Artículo 50, pero no se ha pronunciado sobre la forma de esa ley. Ello permite que se presente un breve proyecto de ley a los miembros del parlamento.

Además, los jueces han eliminado un posible gran obstáculo para el Gobierno al decidir que los diferentes parlamentos que forman Reino Unido no tienen por qué ser consultados. Tanto Escocia como Irlanda del Norte votaron mayoritariamente en contra del Brexit y podrían, como poco, haber ralentizado la activación del Artículo 50 más allá del límite de finales de marzo fijado por Theresa May.

Pero este no es el final de los problemas legales para el Gobierno. Otro caso está en marcha en los tribunales británicos en el que se discute si bajo el artículo 127 del Espacio Económico Europeo, abandonar la UE implica necesariamente salir del mercado único.

Otro caso en Dublín trata la posible revocabilidad del Brexit y pide al Gobierno irlandés que refiera todo el asunto del Brexit a los tribunales europeos de justicia.

¿Cuáles han sido las opiniones en contra de los jueces?

De acuerdo con el resumen del tribunal sobre su decisión, tres jueces —Reed, Carnwath y Hughes— opinan que la implementación del derecho comunitario en Reino Unido es “una condición inherente a la aplicación de los tratados europeos en Reino Unido, y por consiguiente, a la pertenencia de Reino Unido a la Unión Europea”.

Dado que la Ley británica de las Comunidades Europeas de 1972 —que permitió la entrada de Gran Bretaña a la UE— “no impone ningún requerimiento o manifiesta ninguna intención” respecto a la membresía de Reino Unido, argumentan los tres jueces, no se puede decir que afecte al ejercicio de los poderes de la corona.

El juez Carnwath también argumenta que la activación del Artículo 50 “no cambiará ninguna ley ni afectará a ningún derecho, sino que es simplemente el comienzo de un proceso político de negociación y de toma de decisiones”.

El Gobierno será responsable ante el parlamento de esas negociaciones de principio a fin, pero en cualquier caso, no se podrá completar todo el proceso sin que la cámara promulgue la legislación que convierte al parlamento en soberano, opina Carnwath.

Traducido por Javier Biosca y Cristina Armunia