Impagos y retrasos en las nóminas de los trabajadores de depuradoras y potabilizadoras

La empresa DAM Depuración de Aguas del Mediterráneo, adjudicataria hasta el 8 de mayo de la gestión de las depuradoras de Logroño y Calahorra y la potabilizadora de Viguera, que suministra agua a las localidades de Alberite, Albelda, Nalda, Fuenmayor, Villamediana, Murillo, Arrúbal y Agoncillo, se encuentra en concurso de acreedores y lleva meses acusando una falta de pagos a las empresas de suministros, falta de recursos económicos y de material de trabajo.

Según ha denunciado CCOO, la empresa debe a las personas trabajadoras la nómina correspondiente al mes de abril, la primera semana de mayo, la paga extra y atrasos de 2023, lo que ascienden a unos 3.500 € por persona de media. Esta situación afecta a más de 80 trabajadores y trabajadoras. Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO La Rioja recuerdan que ya habían avisado al Consorcio de Aguas a mediados de abril de la posibilidad de que las personas trabajadoras no cobraran las nóminas del mes.

CCOO lleva advirtiendo desde hace dos años al Consorcio de Aguas que la reducción económica en la licitación podía poner en riesgo la calidad del servicio y el incumplimiento sistemático de las condiciones del pliego público. “Trasladamos también el riesgo que la gestión de esta empresa podía suponer, tanto para las personas trabajadoras como para el propio servicio”, señalan en un comunicado, “han sido varias las alertas dadas por CCOO en relación a esta situación sin que nuestras demandas hayan sido escuchadas o atendidas”.

Desde FSC CCOO en La Rioja han vuelto a denunciar “la inacción” de Consorcio de Aguas “frente a la mala gestión de esta empresa en el cumplimiento de su responsabilidad como gestora del agua y con las personas trabajadoras”. Recuerdan que la gestión del agua es un servicio esencial y una mala gestión pone en peligro la salud pública de las localidades afectadas.

Desde el sindicato recalaman una solución inmediata a esta situación, que aboca a las personas trabajadoras a esperar una solución mediante vía judicial, la cual alarga los plazos de cobro y deja a muchas personas en una situación salarial precaria.