La renovación de la licencia de actividad hasta 2013 de la planta nuclear de Santa María de Garoña no ha gustado a casi nadie. Por un lado están los trabajadores y propietarios de la central que querían asegurar la actividad de ésta hasta 2019.
El descontento de Nuclenor, la empresa propietaria de la central burgalesa, queda patente al anunciar que recurrirá ante los tribunales la decisión del gobierno de cerrar la instalación nuclear en 2013 por considerarla “contraria a derecho”.
En un comunicado, Nuclenor ha señalado que el Consejo de Administración acordó por unanimidad interponer “el pertinente recurso contencioso-administrativo ante los tribunales competentes” contra la Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del pasado 3 de julio que contempla el cese definitivo de la explotación de Garoña el 6 de julio de 2013.
Tras las oportunas deliberaciones, el Consejo de Administración de la empresa propietaria de la central burgalesa [participada al 50% por Endesa e Iberdrola] ha considerado que la citada orden ministerial “es contraria a derecho”.
Por su parte, la organización ecologista Greenpeace también ha anunciado que recurrirá la decisión ante los tribunales. “Zapatero ha incumplido de forma clara su compromiso electoral, programático y de investidura de abandonar la energía nuclear, y ha dado un gran paso atrás en la consecución de un modelo energético sostenible, basado al 100% en las energías renovables y en la eficiencia energética”, afirma la organización en su página Web.