Partidos de izquierda y sindicatos cargan contra el Gobierno de La Rioja por renunciar a los fondos para la FP

La diputada socialista ha asegurado que es “incomprensible la renuncia del Gobierno de La Rioja a los fondos que ayer martes aprobó el Consejo de ministros, 162 millones de euros, destinados a la creación de nuevas plazas públicas de Formación Profesional y la creación de nuevas plazas públicas para el Primer Ciclo de Educación Infantil”. Villuendas ha señalado que “el hecho de que este dinero sea para plazas públicas está en el origen de este rechazo, así como una evidente falta de capacidad de gestión por parte de la consejería”.

Ha explicado que el Gobierno de Capellán ha rechazado recursos para financiar la creación “de nuevas plazas, de plazas bilingües y para acreditación de competencias”. La diputada Socialista ha recordado que es precisamente en este curso cuando se pone en marcha el desarrollo de una nueva Ley de Formación Profesional, “una Ley moderna e innovadora a la que la consejería de Educación se dedica a poner palos en las ruedas”. 

La diputada ha afirmado que “exactamente lo mismo sucede con el Primer Ciclo de Educación Infantil”. Aquí, “el Gobierno regional rechaza los fondos para la creación de plazas públicas con el único fin de crearlas en los centros concertados”. Esta es “la hoja de ruta del PP, crear en los centros educativos privados plazas de Primer Ciclo de Educación Infantil para después concertar y garantizar la gratuidad de 0 a 18 años”. Todo, “sin tener en cuenta ningún criterio de justicia social”.

También Izquierda Unida se ha referido a este asunto. El diputado Carlos Ollero no entiende que el Gobierno de La Rioja renuncie a dicha financiación y ha preguntado al consejero de Educación, Alberto Galiana, si “significa esto que el curso que viene no se va a crear ni una sola plaza pública de Formación Profesional, porque, si no es así, no tiene sentido esta renuncia a partidas económicas importantes por parte del Ministerio”.

Desde Izquierda Unida consideran, ha explicado, que este es el motivo por el cual la Consejería ha renunciado a estas partidas económicas “que obligan a que las plazas nuevas de creación sean en centros públicos y no en centros privados o en centros de la educación concertada”. En su opinión, la única apuesta relacionada con la enseñanza del consejero Galiana “es la apuesta por la privatización”.

Respecto a las explicaciones de Galiana relativas a que se renuncia “por responsabilidad y porque La Rioja no tiene suficientes infraestructuras ni cuenta con el suficiente profesorado” ha recordado cómo, desde IU, llevan “reivindicando mucho tiempo que es necesario invertir en Formación Profesional en La Rioja”. Preocupa también a Izquierda Unida que, Puesto que va a haber partidas económicas para la creación de nuevas plazas de cero a tres años, vaya a haber otra renuncia por parte de La Rioja.

UGT pide la dimisión del consejero y CCOO acusa al gobierno de apostar por la privada

Desde la federación de Servicios Públicos de UGT La Rioja han sido más tajantes al pedir la dimisión del consejero de Educación, Alberto Galiana, por rechazar estos fondos estatales. Consideran “escandaloso” que el Gobierno de La Rioja haya decidido quedar fuera de estas importantes partidas escudándose en que “no es asumible” porque a hay plazas asignadas. “Todas las comunidades autónomas las tienen y no por ello rechazan que llegue dinero del Estado para modernizar la FP”, señalan, “es un insulto, en primer lugar, hacia los alumnos que quieren cursar una formación profesional, y que ven como su Gobierno rechaza dinero para modernizar la FP en su comunidad. En segundo lugar, es un desprecio hacia las y los jóvenes riojanos, que ven en la FP una vía de inserción laboral para trabajar en muchos sectores de difícil cobertura y en tercer lugar es un desprecio hacia la sociedad riojana y, en particular, a todas aquellas personas que tienen que marcharse de la región para formarse”.

Por todo ello han pedido el “cese por incapacidad manifiesta” del consejero de Educación “puesto que la primera obligación de cualquier gobernante es velar por la calidad de los servicios en su región”.

Desde CCOO consideran que esta renuncia supone un nuevo ataque al sistema público de enseñanza y recuerdan que “la responsabilidad de todo gobierno y de la Administración Educativa Pública, como recoge la ley, (Artículo 109 LOE) es promover y garantizar el derecho a la educación mediante una oferta suficiente de plazas públicas”.

Insisten en que no se trata de un hecho aislado ya que CCOO “leva mucho tiempo denunciando las políticas del Gobierno del Partido Popular que están derivando la oferta educativa al sector privado y esta medida es otro paso en esta dirección. Hay que recordar que el curso pasado, este Gobierno sí se hizo responsable de la licitación de ciclos de grado medio, superior y básico de FP en centros concertados como el CPC de Santa Teresa (Calahorra), CPC Sagrado Corazón o el de la Compañía de Jesús. Este verano asistimos al inicio del desmantelamiento de nuestra Universidad Pública, frente a la potenciación de la UNIR, un ente privado con ánimo de lucro”.