Ruz considera acreditado que la sede del PP de La Rioja se pago “en fondos B”

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz considera acreditado que la 'caja B' que los extesoreros del Partido Popular (PP) Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas manejaron entre los años 1990 y 2008 se destinó, entre otros fines, al “pago de retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas con el partido”.

En el auto que cierra la investigación sobre la contabilidad B de los 'populares', el magistrado habla también de la adquisición de la nueva sede del PP de La Rioja en 2008. Así, el juez señala que Bárcenas realizó una entrega de 200.000 euros procedentes de “aportaciones efectuadas por terceros” ante la formación regional, “en fondos B y ajenos a su contabilización oficial” y que le habrían entregado al extesorero “responsables de dicha formación”.

Además, el magistrado señala que, aprovechándose de “la opacidad del sistema de contabilidad dual o paralelo investigado”, Lapuerta y Bárcenas realizaron “diversas aportaciones que se remontan hasta los primeros años de vida de la 'caja B' del partido” que no tuvieron “reflejo alguno en la contabilidad oficial” de la formación.

Entre los que cobraron sobresueldos, Ruz cita al exgerente Cristóbal Páez, que recibió sendas aportaciones de 6.000 euros en 2007 y 2008 para compensar su nombramiento en el cargo. Las entregas, según el juez, se hicieron en sobres que contenían billetes de 500 euros y sin que se practicaran la correspondiente retención ante la Hacienda Pública.

Además, el juez señala que entre diciembre de 1991 y noviembre de 1995 el PP pagó 86.545 euros al entonces diputado nacional por Navarra Jaime Ignacio del Burgo para que se los entregara al exconsejero de Salud Calixto Ayesa, en atención al “detrimento patrimonial” que sufrió al cesar su actividad profesional como dermatólogo.

Ayuda a víctimas del terrorismo

La contabilidad opaca de los 'populares' también se utilizó para ayudar a víctimas del terrorismo como el concejal 'popular' de Amurrio (Álava) Santiago Abascal, que recibió dos millones de pesetas en 1999; la familia del concejal José María Martín Carpena, a la que se canceló un crédito por dos millones y se realizó un ingreso de 160.000 pesetas; o la concejal de UPN Elena Murillo, que recibió medio millón de pesetas para alquilar una vivienda después de que ETA destrozara la suya.

Además, los extesoreros del PP destinaron 30.000 euros en negro en 2003 y otros 40.000 en 2004 a la Fundación Humanismo y Democracia, que fueron entregados a los patronos de este organismo.

Además, Ruz considera acreditado que la 'caja B' se destinó a sufragar gastos electorales de candidatos --como los pagos al exsenador Luis Fraga o al propio Bárcenas en las campañas de 2004 y 2008-- o de la propia formación en las elecciones catalanas de 2003, las generales, andaluzas y europeas de 2004 y las generales y andaluzas de 2008, todas las cuales fueron recogidas en los manuscritos del extesorero.

“Pagos en beneficio del PP”

El dinero opaco también se empleó, según el auto, en “el pago de distintos servicios y gastos en beneficio del Partido Popular”, como la realización de las obras de su sede, en la calle Génova de Madrid, en la que se abonaron 1,5 millones de euros en negro.

Ruz señala que los exdirigentes 'populares' y los responsables del estudio de arquitectura Unifica, que desarrolló la reforma, llevaron a cabo una “estrategia defraudatoria” que incluyó “operaciones simuladas” mediante la elaboración de facturas y certificaciones de obra “mendaces” por parte de la empresa.

De igual modo, los extesoreros destinaron fondos opacos al pago de la sede del PP de Vizcaya entre los años 1999 y 2005, sobre la que Bárcenas creó “una cuenta específica” con fondos que se habrían nutrido, entre otras, de las aportaciones realizadas por la empresa Bruesa Construcciones.

También constan acreditadas, según el juez, los siguientes pagos realizados en 1992: 170.000 pesetas en enero a “una presentadora de televisión por participación en acto electoral del partido”; 2,8 millones entre marzo y mayo a “un catedrático por la confección de estudios políticos”; tres millones en junio por el “dictamen de un abogado”; dos millones en septiembre por “servicios facturados por el Instituto de Estudios Sociales” y 400.000 pesetas por pagos a un notario.

Donativos fraccionados

La investigación también pone de relieve que las aportaciones en metálico entregadas por los donantes del PP también se destinaban a las cuentas de donativos anónimos y nominativos aunque antes se fraccionaban para sortear “las limitaciones, requisitos y prohibiciones establecidos por la normativa legal”.

anto Lapuerta como Bárcenas, según el auto del juez Ruz, recibían, “de forma personal”, dinero en efectivo que les entregaban “diversas personas físicas vinculadas a sociedades del sector de la construcción, en su mayoría adjudicatarias de contratos públicos”. “Parte de este dinero tenía entrada en la 'caja B' del partido y se registraba en la contabilidad paralela”, señala el auto.

Posteriormente, el dinero se ingresaba en efectivo en las cuentas de donativos anónimos que el PP tenía en el Banco de Vitoria, Banesto y el Banco Popular, “en tantos abonos como fuesen necesarios para no superar la cuantía de diez millones de pesetas o 60.000 euros, límite máximo anual inicialmente establecido por ley como aportación privada por donante y que a partir del 6 de julio de 2007 se situaría en los 100.000 euros”.

“Así, de la instrucción practicada se constata, una vez observadas las fechas de los referidos ingresos, cómo en un mismo día se podían realizar varias operaciones de ingresos fraccionadas, resultando la suma de todas ellas de un importe superior al legalmente permitido”, señala el magistrado.