Cuatro años de Carmena: las luces y las sombras del cambio en Madrid
Cuando Manuela Carmena se hizo con el bastón de mando de la capital lanzó una petición popular desde el salón del Pleno del Palacio de Cibeles: “Que nos llamen por nuestro nombre de pila, que nos tuteen. Somos sus servidores”. Carmena, una magistrada jubilada que había militado en el Partido Comunista en su juventud, se convertía en alcaldesa de la capital tras 25 años de gobiernos de la derecha.
Apenas unas semanas antes era una desconocida para los madrileños. Pero la regidora ganó por méritos propios: una campaña ilusionante, que logró motivar a la mayor parte de los votantes progresistas por encima de las siglas. Y también por los deméritos de su rival en la derecha: una Esperanza Aguirre rodeada por la corrupción, que apostó por un discurso crispado que se volvió en su contra cuando trató de caricaturizar a una jueza emérita del Supremo como si fuera una peligrosa proetarra.
Cuatro años dan para mucho y para poco, según se mire. Si no que se lo pregunten a Carmena. La alcaldesa se presenta a la reelección convencida de que su primer mandato al frente del Ayuntamiento ha sido fructífero pero también consciente de que muchas cuestiones se han quedado a medias. Su primer mandato -las urnas dirán si el último- ha estado marcado por la confrontación con el Partido Popular que ha utilizado las instituciones en las que gobierna para poner zancadillas a la gestión municipal (la reforma de la Gran Vía, las restricciones de tráfico por contaminación o Madrid Central son un ejemplo). Pero también por una división interna con un Ahora Madrid que comenzó a resquebrajarse prácticamente desde los primeros días de mandato, cuando la regidora destituyó al que fue durante dos días su concejal de Cultura, Guillermo Zapata, por unos tuits con referencias a chistes antisemitas o a víctimas de ETA.
Junto a Carmena, aterrizaron en la institución un equipo de personas que provenían de diversos espacios profesionales, sociales y políticos. Esta mezcla personal e ideológica que representa Ahora Madrid también se ha traducido en tensiones en el seno del Gobierno hasta llegar a la ruptura total con parte de su gobierno. Pero, más allá de esas divisiones, también se han abierto cajones. Y se ha apostado por un modelo de gestión diferente al de las dos últimas décadas. Ahora, mientras a su izquierda le ha salido una escisión en su propio gobierno municipal, en la derecha se la sigue retratando como una revolucionaria sectaria.
Gestión económica: menos deuda y pugna con Montoro
“Madrid reduce su deuda” ha sido el titular que más se ha repetido en la prensa sobre la gestión económica de Ahora Madrid. Cuando el ahora rival de Manuela Carmena en los comicios del 26M y edil de Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato, llegó a la Concejalía de Economía y Hacienda tenía muchos desafíos por delante, uno de los más importantes era el de cuadrar unas cuentas marcadas en rojo tras cinco lustros de poder del Partido Popular en la capital.
A mediados de 2015, la deuda de Madrid era de 5.637 millones de euros. Esa cifra se ha reducido más de la mitad, situándose actualmente 2.703 millones al cierre de 2018. Aunque no era la prioridad en su programa electoral, cuando Ahora Madrid cogió los mandos de la ciudad ya anunció que era posible reducir la deuda considerablemente, un ritmo de amortización que pone de relieve otra de las cifras económicas de la legislatura: los más de 1.000 millones de euros de superávit con los que ha cerrado cada ejercicio el Ejecutivo.
Así es la evolución de la deuda del Ayuntamiento de Madrid
Deuda según Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) entre 2003 y 2017. Los datos de 2017 son hasta el mes de junio
Los buenos datos no libraron al Ayuntamiento del ya exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro, que puso al Gobierno de Carmena en el centro de sus ataques desde prácticamente el principio del mandato. El 7 de noviembre de 2017, poco después del ecuador de la legislatura, Hacienda intervenía las cuentas municipales, después de hacer lo mismo con las catalanas seis semanas antes, con motivo del referéndum ilegal. Madrid estaba ya más saneada que otros ayuntamientos (del PP), como por ejemplo el de Jaén, a los que Hacienda daba carta blanca, y ayudaba a cuadrar las cuentas de la Administración Central, pero eso no impidió al Gobierno de Rajoy hacer política a cuenta de la regla de gasto. Por primera vez en la historia, se intervenía económicamente una corporación local, algo que ni PSOE ni PP se atrevieron a hacer cuando el exalcalde Alberto Ruiz Gallardón disparó la deuda municipal y dejó temblando la cuentas de Madrid.
Por este enfrentamiento entre el ministro y el Ayuntamiento de Madrid, Sánchez Mato, el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento hasta el 17 de diciembre, cayó del Gobierno municipal por su negativa a defender en el Pleno municipal un plan económico con recortes pactado con Montoro. Las discrepancias internas entre la regidora y su concejal más beligerante contra la herencia recibida del PP pesaron más que las que mantenía con el ministro de Hacienda por la interpretación de la regla de gasto. La destitución de Sánchez Mato, pese a no ser la primera (ya fueron destituidos Guillermo Zapata y Celia Mayer, de Cultura), abría la mayor crisis en el Gobierno municipal mientras supuso el primer precedente para la ruptura de Carmena con Izquierda Unida.
Carmena daba por primera vez un puñetazo en la mesa. Su equipo de concejales se lo tendría que pensar dos veces antes de rechazar en el Pleno medidas aprobadas anteriormente en Junta de Gobierno. Aunque eso tampoco les importaba mucho a los llamados concejales críticos hasta el punto de que los dos últimos presupuestos, marcados por el recorte, además de negociarlos con el PSOE también tenían que pasar por el visto bueno de esos ediles.
Operación Chamartín: la ruptura de Ahora Madrid
Pero si algo ha terminado por romper el Gobierno municipal ha sido la Operación Chamartín. Pese a que Carmena saca pecho del acuerdo con Distrito Castellana Norte, la promotora privada formada por BBVA y la constructora San José, el desarrollo urbanístico ha supuesto para la regidora un enfrentamiento sin precedentes tanto con parte de su gobierno, como con algunos de los colectivos sociales y vecinales que consideran que el Ejecutivo tendría que haber sido más ambicioso a la hora de poner freno a los intereses privados.
Pero ya sea por el desencuentro entre las administraciones o por la Justicia, que tumbó el único acuerdo alcanzado en 2011, en el mayor desarrollo urbanístico de Europa aún no se ha puesto la primera piedra. Para lo que han servido estas más de dos décadas de bloqueo ha sido para modificar sustancialmente el acuerdo de cesión de los terrenos, que surgió de un concurso público en 1993, entre Adif, la empresa pública propietaria de los terrenos, y Distrito Castellana Norte (DCN), el socio privado formado por el banco BBVA y la constructora San José, como desveló en exclusiva eldiario.es.
Pese a la insistencia de la primera edil, finalmente el Gobierno de Carmena no podrá poner fin a 25 años de paralización del norte de la ciudad. Al quedarse sin aprobar en este mandato, dependerá ahora de los Gobiernos municipal y autonómico que salgan de las urnas el próximo domingo. El PP ha vuelto a bloquear así, enviando a días de las elecciones el informe medioambiental, el desarrollo. Un fracaso para la regidora ya que el enfrentamiento le ha costado el acuerdo con Izquierda Unida para una candidatura de confluencia. Ahora, una lista a su izquierda, Madrid en Pie, la enfrenta con sus concejales más críticos en las urnas.
Pero la Operación Chamartín no es el único quebradero de cabeza en materia de urbanismo con el que se ha encontrado la corporación local. La Justicia tumbó otro de los proyectos de este Gobierno, la remodelación del frontón Beti Jai después de que una asociación judicial y el PSOE recurriera los planes de Carmena para el edificio. A esta sentencia se suma la admisión a trámite de un recurso contra el plan para las Cocheras de Cuatro Caminos, que puede dejar en el aire los planes del Ejecutivo de Carmena.
Movilidad y contaminación: Madrid Central
La medida más importante del Gobierno de Manuela Carmena ha sido en materia de movilidad. El pasado 30 de noviembre arrancaba la iniciativa que restringe el acceso en el centro de la ciudad a los vehículos de paso y a los más contaminantes: Madrid Central. Para la concejala de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, que capitaneó el proyecto, era un “día histórico”.
Madrid Central ha sido el proyecto más ambicioso del Gobierno que dirige Manuela Carmena. Llegó tarde, “muy tarde” para algunos, ya que el Consistorio lo había anunciado para un año antes. También llegó en medio de numerosas críticas y un enfrentamiento esta vez con el Gobierno de la Comunidad de Madrid gobernado por el Partido Popular. El recurso interpuesto por el Ejecutivo regional sigue en los tribunales, pero ningún partido de la oposición se atreve a decir que revertirá la medida. Solo Vox ha anunciado que acabará con Madrid Central si gobierna.
Con esta medida, junto a otras 29 enmarcadas en el Plan A de Calidad de Aire y Cambio Climático, España se libraba de una multa millonaria anunciada durante años la Comisión Europea debido a los altos niveles de contaminación de Madrid y Barcelona. Las medidas que la anterior regidora de la capital Ana Botella había llevado a Bruselas no convencían y ha sido, entre otras, Madrid Central la que ha dado una tregua, según han reconocido desde Europa.
La iniciativa ya reduce contaminación en el centro de la ciudad, donde estaba disparada, y no ha generado efecto frontera en los distritos colindantes, según los últimos datos de Ecologistas en Acción. Sin embargo, en la lucha contra la contaminación atmosférica queda todavía mucho por hacer. Otros distritos de la capital cuentan con índices de contaminación disparados, como es el caso de Plaza Elíptica, un reto que el nuevo Ejecutivo que salga escogido en las urnas este domingo tendrá que afrontar.
En materia de movilidad, la municipalización de Bicimad ha generado otro claroscuro. El Ayuntamiento cerró un acuerdo con Bonopark por el que abonaba 10,5 millones de euros para que Bicimad estuviese gestionado por la EMT. Desde entonces el servicio ha mejorado, pero el Partido Popular volvió a convertir esta decisión en una batalla contra el Gobierno municipal, que se querelló contra Sabanés, y el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, al considerar que hubo malversación de caudales públicos y prevaricación en el precio por el que el Consistorio adquirió el servicio. Ambos se encuentran imputados aunque el Consistorio espera que se archive la causa después de que los peritos judiciales avalasen el precio de compra.
No obstante, el Ejecutivo municipal suspende para los colectivos ciclistas, que denuncian que no se ha hecho la red prometida y alertan de los peligros de los carriles bici puestos en marcha.
Vivienda: el reto más importante
El Gobierno de Ahora Madrid termina este mandato sin resolver uno de los problemas más urgentes de la capital: la vivienda. Desde 2013, año en el que el PP aprobó una Ley de Arrendamientos Urbanos que rebajó a tres ejercicios la duración de los contratos, los precios del alquiler han subido casi un 40% en Madrid. Los precios del alquiler en la capital, y también en Barcelona, están un 18 y 12% por encima de los máximos alcanzados en el pico de la burbuja inmobiliaria, según los últimos datos de Fotocasa.
La subida de los alquileres se ha disparado en toda la ciudad por la proliferación de los pisos turísticos, el aumento de la demanda y la escasa oferta. De ahí que el Gobierno municipal aprobase el pasado marzo una regulación específica que cerrará, según anunciaron, el 95% de los arrendamientos turísticos. En la capital hay casi 10.000 pisos de ese tipo, según los datos de la Comunidad de Madrid, pero queda mucho por hacer porque el ritmo de clausura está siendo lento: no llega ni al millar.
A esto hay que sumarle que la vivienda pública en Madrid es meramente testimonial. La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) solo dispone en estos momentos de un parque de 6.061 viviendas, después de que los anteriores gobiernos del PP vendieran masivamente patrimonio público, y ya ha entregado las últimas llaves a las familias con menos recursos. Otras 29.000 se encuentran en lista de espera.
A la enajenación de 1.860 viviendas a Fidere por parte del Gobierno de Ana Botella que en estos momentos se encuentra judicializado, hay que sumarle otras 3.000 viviendas a otros fondos buitre. En total, la pérdida de viviendas públicas durante las últimas dos décadas se ha cuantificado en 23.000, según la EMVS, lo que supone que de no haberse producido todas estas ventas en la actualidad el Ayuntamiento de Madrid contaría con parque estimado de 29.000 viviendas.
El Ayuntamiento de Madrid puso en marcha la construcción de 4.000 viviendas sociales, pero no son suficientes. El Gobierno de Carmena apuesta además por regular los precios de los alquileres y para ello lleva meses demandando competencias al Gobierno central.
Memoria Histórica y participación
La legislatura ha servido para acabar con diez años de incumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica en las calles de la ciudad. El callejero ya cuenta con 52 calles y lugares con nuevos nombres. Las nuevas denominaciones recuperan el nombre anterior o rinden homenaje a mujeres ilustres e instituciones pedagógicas, entre otras.
Además, los madrileños se han enfrentado a las urnas durante este mandato, pero no para elegir representantes políticos sino para decidir cuestiones relacionadas con la ciudad. Se trata de una apuesta política que copiaron después otras ciudades, también fuera de nuestras fronteras. El gran salto en el imaginario colectivo se produjo con la consulta de febrero de 2017 cuando miles de madrileños se sumaron a decidir la remodelación de la Gran Vía y la Plaza de España, el modelo sostenible para la ciudad o un transporte más sencillo.
Los presupuestos participativos son otro ejemplo de esta apuesta política. El Ayuntamiento de Madrid ha destinado este año 100 millones de euros para proyectos que proponen y deciden directamente los ciudadanos. En 2016, los cuantía fue de 60 millones. Sin embargo, se han terminado un porcentaje inferior a la mitad de los proyectos ganadores, sin incluir los de 2018: 94 en 2016 (de 206 propuestas) y 61 en 2017 (de 317).
¿Un segundo mandato?
La alcaldesa de Madrid puede revalidar en la Alcaldía, según algunas encuestas, aunque el escenario está ajustado. Los sondeos la ponen como favorita para ganar las elecciones, pero la movilización del próximo domingo será clave ya que los dos bloques tienen posibilidades de gobernar a partir del 26 de mayo en la capital. Lo que parece claro es que Carmena, de tener la posibilidad, tendrá que gobernar con el PSOE en coalición.
Si Carmena logra repetir, el horizonte para la regidora podría ser aún mejor si como pronostican las encuestas en la Comunidad de Madrid se produce el cambio de gobierno. Que el candidato socialista, Ángel Gabilondo, llegue a la Presidencia autonómica podría significar que el Ayuntamiento entre de nuevo en el accionariado de Metro con el propósito de mejorar el servicio y poder ampliar medidas como la de Madrid Central a otras zonas de la ciudad o que las competencias en vivienda y educación lleguen por fin al Gobierno municipal como tanto ha demandado la regidora.
Pero a Ahora Madrid le ha quedado una asignatura pendiente: volcarse más en los distritos más desfavorecidos y ya promete, de revalidar el mandato, hacer los deberes en la próxima legislatura. Muchas de las dotaciones prometidas (escuelas infantiles, polideportivos,...) están en marcha y Carmena las podrá inaugurar si el pronóstico demoscópico se cumple.
