El PP dejó sin gastar 61 millones del presupuesto contra las listas de espera en Madrid mientras subían un 47%
Entre 2011 y 2015 los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González presupuestaron más de 135 millones de euros en un plan específico para reducir las listas de espera sanitaria, pero solo gastaron la mitad (un 55%). Son los datos que recoge el anteproyecto del informe de fiscalización del gasto sanitario de ese periodo, al que ha tenido acceso eldiario.es a través del buzón anónimo y seguro Fíltrala. El órgano fiscalizador confirma que quedaron sin ejecutar más de 61 millones cuando los quirófanos estaban cada vez más atascados.
La gestión del año 2011 fue especialmente llamativa: solo se gastó un 36% del presupuesto disponible para aligerar la espera quirúrgica y también la de pruebas diagnósticas. El porcentaje fue mejorando con los años hasta alcanzar el 84% en 2015. En ese tiempo, solo en volumen las listas para operarse engordaron un 47%: el número de personas que aguardaban pasó de 52.661 a 77.689. El tiempo de espera del grueso de ellas (entre un 40 y un 50%) escaló de 80 días a más de 126.
La Cámara de Cuentas analiza cuatro años después que la ejecución del programa –también puesto en marcha para reducir tiempos de espera en pruebas– fue “ineficiente” porque no contribuyó al objetivo, que era aligerar la lista y los días de demora. El anteproyecto con estas conclusiones ya se ha remitido, como marca el funcionamiento del órgano fiscalizador, a la Consejería de Sanidad (el órgano fiscalizado), que ha confirmado a eldiario.es que presentará alegaciones. Tiene 30 días para hacerlo.
En todo caso, el órgano fiscalizador advierte de que los datos recogidos en este periodo no son fiables porque Esperanza Aguirre ideó un sistema para contabilizar que no se correspondía con el marcado por el Ministerio de Sanidad y que refleja tiempos inferiores a los reales. Las estadísticas no ofrecen cifras desglosadas por tramos de espera, cuenta días hábiles en lugar de naturales y dejaban fuera de la lista principal a los pacientes que aún no tenían cita con el anestesista. Es decir, las personas entraban en el cómputo “estructural” no cuando su facultativo les indicaba que tenían que operarse sino cuando hacían el preoperatorio.
La expresidenta presumía de que ningún madrileño esperaba más de 30 días para entrar en quirófano. Pero ese compromiso no incluía al volumen más grande de pacientes: los que no querían ser derivados a un hospital privado concertado –una de las vías para aligerar las listas– ni tampoco a los que estaban esperando el preoperatorio o que no podían programar su operación por otro motivo. Entre todos sumaban en 2014 tres cuartas partes del total de apuntados.
Los datos recogidos por la Cámara de Cuentas desvelan cómo se disparó la demora de los que rechazaban ser operados en un centro concertado. Cada vez eran más (aumentaron un 70% entre 2011 y 2014) y, a la vez, esperaban muchos más días: las 190 personas que tardaron más de 180 en entrar en quirófano en 2011 se convirtieron en 8.154 en 2014. La media de demora se dobló en esos años: de 67 a 118 días. Y mientras tanto, el Gobierno dejaba millones y millones presupuestados para reducir las listas sin gastar.
El sistema estaba lleno de trampas, que ahora recuerda la Cámara de Cuentas. Como por ejemplo poner el contador de días a cero una vez que los pacientes transitoriamente no programables entraban en la lista “estructural”, la única para la que computaba el compromiso de Aguirre y de la que solo formaban parte menos del 30% de las personas. La sanidad madrileña quedó atrapada en estos años en una dinámica funesta a base de firmar acuerdos marco con clínicas privadas y realizar fuertes recortes en los años más duros de la crisis.
El sistema Cifuentes, anulado por el Supremo
La llegada de Cristina Cifuentes a la Comunidad de Madrid en mayo de 2015 puso punto y final al método de conteo del anterior Ejecutivo. El Gobierno aprobó un nuevo sistema adaptado a los parámetros marcados por Sanidad que incluía a los pacientes en la lista de espera desde el momento en que el facultativo indica la intervención, no cuando consiguen una cita con el anestesista. Esto disparó la lista “estructural” de un ejercicio a otro.
Ya entonces todo estaba desbocado. En diciembre de 2015 había 79.444 pacientes en la puerta del quirófano. Y aunque el total de personas aguardando se logró bajar en unas 5.000 hasta diciembre de 2017, los tiempos de espera medios no dejaron de aumentar en la lista estructural: de 42 días en 2015 a 61 en 2017, en parte porque con la anterior medición los números no respondían del todo a la realidad. La gestión Cifuentes sí rebajó en 12 días los larguísimos periodos que tenían que esperar los que se negaban a operarse en un hospital concertado, aunque aún el número aún era muy elevado en 2017 (122 días).
Estas pequeñas reducciones se explican por un sistema creado por la expresidenta de pactos de gestión que fue anulado por el Tribunal Supremo en febrero. Estos acuerdos, que cada hospital suscribía individualmente con el Servicio Madrileño de Salud, permitían incrementar la actividad para realizar operaciones y pruebas diagnósticas en turno de tarde y en fin de semana. Y así las derivaciones bajaban. Pero los sindicatos impugnaron los pactos y el Alto Tribunal les ha dado la razón al entender que la medida supone una alteración de las condiciones laborales de los trabajadores y, por tanto, debía haber sido objeto de negociación colectiva. Lo que nunca pasó.
