Las residencias plantean despidos temporales tras la muerte de miles de mayores

Las residencias de mayores están planteando, en medio de la desescalada, despidos temporales de sus trabajadores con el argumento de que tienen menos plazas ocupadas tras el fallecimiento de miles de ancianos en la epidemia.

Dos centros de la Comunidad de Madrid, uno con plazas concertadas y otro privado intervenido por estar en una situación extrema, van a solicitar un ERTE para una parte de su plantilla, según confirma CCOO, y los sindicatos advierten de que en muchas otras residencias ya se ha advertido a los empleados de que se “tomarán medidas” para recortar efectivos. Solo el 5% de los centros de la región (25 de 475) son enteramente públicos. El resto depende de empresas a las que se subvenciona una parte de las plazas (entonces son de la red pública) o no. 

“Al final son los residentes y los trabajadores los que pagan las consecuencias de una mala gestión. No sobra nadie, muchos de estos centros incumplían el número de trabajadores por usuario”, denuncia Juana Peñafiel, responsable de Residencias Privadas de CCOO, que advierte de que si la desescalada se hace con el personal bajo mínimos “se puede provocar un retroceso y que nos llevemos de nuevo las manos a la cabeza” y pide a la Comunidad de Madrid que pare los ERTE. 5.972 mayores han muerto por coronavirus o síntomas compatibles en residencias de la región. 

Los fallecimientos se siguen produciendo –aunque en menor número, como en toda España– y todavía los centros continúan aislados, sin recibir visitas, aunque empiezan a recuperar algunos espacios comunes. Esta nueva fase va a exigir, asegura CCOO, mucha supervisión dado el deterioro cognitivo de la mayoría de los usuarios y trabajos extra de desinfección y limpieza. “Las compañeras de limpieza y las gerocultoras son las primeras en caer. No se dan cuenta de que los residentes no tienen noción de lo que ha pasado. No saben qué es el distanciamiento social y somos las trabajadoras las que tenemos que estar ahí, cuidando”. 

Las medidas para prescindir de una parte de la plantilla, además, se plantean justo cuando vuelven los ingresos a los centros. La Comunidad de Madrid permite la entrada de nuevos usuarios a las residencias desde este lunes con la fase 1. Durante la semana se han gestionado 26 incorporaciones (ya fuera de personas que fueron cuidadas en su domicilio durante la pandemia o nuevas), según datos oficiales. En todo este tiempo, no obstante, las residencias con plazas concertadas no han visto disminuidos sus ingresos porque la Comunidad de Madrid ha continuado subvencionando todas las plazas, también de los fallecidos, confirman fuentes de la Consejería de Políticas Sociales. 

Bella Escusa y La Purísima Concepción

Las dos residencias que han planteado ERTE son Bella Escusa (Orosco de Tajuña) y La Purísima Concepción (Madrid). La primera ha negociado incluir en el expediente  a 10 personas, un 15% de su plantilla en los próximos dos meses, según Comisiones Obreras. En el centro hay plazas concertadas por la Comunidad de Madrid que ahora están vacantes, pero por las que la administración regional ha seguido pagando a los gestores. El 21 de abril habían fallecido allí 21 personas, casi el 20% de los usuarios. La Consejería de Políticas Sociales enmarca el ERTE en una “decisión empresarial que podría estar motivada por la desocupación de plazas en estos momentos” y asegura que no entra a “valorarlo” ni puede actuar. La residencia ha rehúsado hablar con este medio. 

La hija de un residente fallecido en este centro cuenta, en conversación con eldiario.es, que llegó a ir al hospital a buscar la medicación de su padre y de otros usuarios porque el personal estaba desbordado. Era mediados de marzo. “Me puse un chubasquero, mascarilla y guantes. Me forré entera y en el hospital me llenaron el maletero”, recuerda Isabel, una de las querellantes en la primera denuncia colectiva de 20 familiares de residentes contra la gestión de la Comunidad de Madrid. Esta semana otras 25 familias de centros de Alcorcón y Leganés han presentado otra querella, en la que se incluyen también los nombres de los directores de cinco residencias que no se medicalizaron pese a que la justicia lo exigió. 

El padre de Isabel, un recién llegado a la residencia de Bella Escusa (ingresó a finales de febrero), murió sin que lo trasladaran al hospital pese a que el médico del centro lo pidió. En el pico de la epidemia, había órdenes de rechazar el traslado de ancianos con síntomas de coronavirus a los centros sanitarios, según prueba un parte de urgencias del Hospital Infanta Cristina (Parla). “Me decía que cada día pedían derivarle pero no era candidato a UCI ni a respirador. Le tuvieron padeciendo, por eso me querello, por haberle negado la atención sanitaria que necesitaba”, explica. Y añade a renglón seguido que no tiene “queja” del trato de la residencia pero constata que estaban “faltos de personal”. 

La Purísima Concepción, una residencia gestionada por la Fundación Catalina Suárez, que tampoco ha respondido a las preguntas de eldiario.es, también está confeccionando un recorte temporal de plantilla. Inicialmente incluso se llegó a plantear un ERE, según fuentes sindicales. Se trata de caso particular porque, durante el pico de la epidemia, fue uno de los centros que tuvo que ser auxiliados por la Comunidad de Madrid ante el desborde por el número de fallecidos y contagiados.

La patronal de las residencias en Madrid, Adama, asegura que los ERTES no son “generalizados”, aunque considera “lógico” que algunas empresas recurran a hacerlos porque han “perdido ingresos”. La presidenta, Pilar Ramos, defiende que los centros han tenido, además, “muchos gastos” durante la pandemia. “Contratas a gente que se da de baja por síntomas, y contratas a más. El gasto en EPIs también ha sido increíble porque los que nos daba la Comunidad de Madrid nos los acabábamos en el primer turno”, argumenta Ramos, que lamenta que la sociedad ha “criminalizado” al sector. “Detrás de la dirección de las residencias hay personas que también han sufrido mucho. No estamos preparados para que vuelva a pasar algo así”, añade. 

Algunos grandes grupos, como Amavir, se están planteando requerir a la administración –que subvenciona una parte de sus plazas– compensaciones extra.“El material sanitario lo hemos tenido que adquirir. Es una cuestión que puede plantear porque va más allá de nuestra actividad principal”, apuntan un portavoz de Amavir. Clece, la filial de ACS dedicada a este sector, ha pedido el reequilibrio económico de sus contratos de concesión por el coronavirus, según El Confidencial. Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales niegan que eso haya ocurrido en Madrid.