La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, sigue siendo, para el Gobierno regional, un “ciudadano anónimo”, un simple “particular” que se ve “indefenso” ante “los resortes del Estado”. En ello ha insistido este mediodía el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, para evitar hasta en tres ocasiones aclarar si Isabel Díaz Ayuso sabía —cuando clamó en marzo que su pareja era víctima de una operación dirigida por Pedro Sánchez para perjudicarla— que González había aceptado por escrito una pena de ocho meses de prisión por dos delitos de fraude fiscal.
García eludió así comentar la noticia, adelantada el martes por la Cadena Ser, de que González Amador había juzgado razonable, a través de su abogado, aceptar una pena de ocho meses y una multa por encima del medio millón de euros por defraudar a Hacienda un mes antes de las invectivas de Ayuso contra el Estado profundo. Lo hizo apenas unos minutos después de cargar contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, denunciada por el pseudosindicato Manos Limpias por una hipotética labor irregular de cabildeo. Esta denuncia, admitida a trámite por un juzgado de Instrucción madrileño, sí sería “sumamente grave”, así como “dramático” el que Sánchez no ofrezca explicaciones.
El presidente está, él sí, “acorralado por una trama de corrupción económica”. No procede, sin embargo, responder a la pregunta de cómo se compadece apuntar a supuestas operaciones del Estado contra un particular cuando el propio señalado reconoce su comportamiento criminal con carácter previo. “No voy a cometer yo el error que estoy denunciando y es que desde un Gobierno se utilice el conocimiento que se tiene de ciudadanos para tratar de utilizarlos políticamente. Desde luego, nosotros no lo vamos a hacer”, se enrocó el consejero, que volvió a esparcir sospechas sobre filtraciones de datos por parte de la fiscalía y la ministra de Hacienda, y repitió la noticia falsa de que “la propia Fiscalía está filtrando correos electrónicos” con la que el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, trató de intoxicar a varios medios, con éxito parcial.
García Martín no reincidió, no obstante, en que sea Hacienda quien debe dinero a la pareja de la presidenta regional, como ella ha venido tratando de justificar. Pero volvió a sugerir que la “Fiscalía General del Estado, la ministra de Hacienda, la Agencia Tributaria o cualquier funcionario o autoridad pública” pueden haber tenido un comportamiento criminal. “El Código Penal recoge penas hasta de cárcel”, advirtió, con seriedad.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha apuntado de nuevo contra el Fiscal General del Estado. “Eso se ha sabido gracias a la filtración del fiscal general del Estado que trata de tapar el presunto delito que ha cometido, con una vergonzante junta de fiscales de sala, para ver si los suyos le salvan de ser investigado”, ha asegurado.
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En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.
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