El enfrentamiento institucional deja a Madrid sin un plan de transporte público a las puertas de las restricciones al coche

El enfrentamiento político entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento por Madrid Central, el cierre al tráfico privado de parte de las calles del distrito centro, mantiene a la capital en la incertidumbre sobre cómo se compensarán con transporte público esas restricciones a los vehículos. A solo cinco semanas de la implantación del proyecto del Ayuntamiento, las dos administraciones no se han sentado una sola vez para abordar la movilidad en la ciudad en este nuevo escenario. Y este miércoles la puesta en marcha se ha vuelto a retrasar una semana, tras dos demoras anteriores.

El marco para las negociaciones entre Sol, sede de la Comunidad, y Cibeles, sede del Consistorio, es el Consorcio Regional de Transportes, que no ha reunido aún a la comisión delegada para hablar del asunto. Se hará por primera vez el próximo viernes a las 11.00, en una convocatoria in extremis y monográfica en la que se tratará, entre otros asuntos, cómo reforzar los servicios de autobuses y metro una vez que se limite el tráfico en 472 hectáreas de superficie de la capital.

¿Cuáles son motivos de esta tardanza? Cada administración señala a la otra. La delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés, asegura que ha pedido hasta en cuatro ocasiones reunir a la comisión delegada del consorcio mientras la consejería de Transportes defiende que no ha habido iniciativas del Ayuntamiento para discutir sobre el plan en este foro. En las últimas semanas la tensión ha ido escalando con acusaciones cruzadas. El PP ha hecho de Madrid Central un nuevo eje de oposición a las políticas de Manuela Carmena y no descarta incluso llevar el proyecto a los tribunales a las puertas de una larga campaña electoral.

El gerente del Consorcio de Transportes reconoce públicamente la falta de planificación. En una entrevista en la Cadena Ser, Alfonso Sánchez, declaraba su incapacidad para diseñar un plan de refuerzo “sin datos mínimos”. “No nos generan la información suficiente para poder planificar todo el transporte afectado”, se quejaba de la actuación de Ahora Madrid.

Es el argumento que emplea el Gobierno de Ángel Garrido para sostener su inacción, al menos por el momento, en un plan de contingencia para Metro de Madrid.

Desde el Ayuntamiento defienden que “existen informes de todo: de tráfico, de contaminación, de cómo va a afectar a la movilidad, de cómo afecta al transporte público, de cómo afecta a la salud de los madrileños” en expedientes que “son públicos desde hace meses y sobre los que podrían haber hecho alegaciones”. “Y no tenemos constancia de ello”, indicaba este miércoles la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre.

Este viernes ambas administraciones se reunirán para intercambiar esa información detallada que el PP dice desconocer en una reunión extraordinaria donde deberían abordar, más allá del cruce de acusaciones, soluciones reales. Este encuentro se produce en un momento de pico de tensiones: la Comunidad ha amenazado con llevar a los tribunales el plan del Ayuntamiento para reducir la contaminación a solo un mes de su puesta en marcha.

Las administraciones llegan a la reunión sin haber anunciado medidas concretas. Por un lado, la Empresa Municipal de Transportes, responsable de los autobuses y competencia del Ayuntamiento, asegura que ya tiene previstos refuerzos aunque evita cuantificarlos por el momento a la espera del encuentro del viernes. Por otro, Metro de Madrid, una empresa pública dependiente de la Comunidad, no parece dispuesta a aumentar la frecuencia de los trenes para absorber a los viajeros que ya no podrán usar el coche, según las declaraciones de la consejera, pese a que fuentes de Transportes aseguran a eldiario.es que tampoco hay flota “de margen” suficiente.

La Comunidad de Madrid y el caos

La consejera de Transportes ha optado por blindarse –“estamos dando todo el servicio que podemos dar”, dijo en una entrevista en El Mundo– y por mirar al Ayuntamiento para pedirle que “solucione el problema que ha generado”. Y el presidente, Ángel Garrido, agita el fantasma del caos con la advertencia de que cerrar parcialmente una parte de Madrid al tráfico privado obligará al público a absorber 300.000 viajeros al día.

eldiario.es ha preguntado por el origen de semejantes cifras. Fuentes de la Consejería de Transportes admiten que están basados en “estimaciones” sobre la entrada de coches en el distrito centro. La EMT ha aportado sus datos propios, extraídos del Consorcio de Transportes y están muy lejos de los ofrecidas por el Gobierno. “El volumen de viajes en coche en el área central es de 230.000 y las restricciones no van a afectar a todos”, aseguran fuentes de la EMT. El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento defiende que “sería suficiente con que la Comunidad de Madrid reforzara el servicio como lo hacen en Black Friday o en Navidad”.

La Comunidad de Madrid no ha especificado medidas concretas ante la implantación de Madrid Central pero se ha visto obligada a tomar cartas en el asunto por otro motivo que no puede ignorar: la aglomeración en los andenes que los viajeros acusan cada día. Ante el problema, la Consejería de Transportes apuesta por “adelantar” el dispositivo de Navidad y por “la compra de trenes” que no tiene fecha.

Según fuentes de la Consejería, los refuerzos navideños están funcionando desde septiembre y se basan, no en multiplicar los trenes, sino en aumentar el personal de las estaciones para “mejorar la fluidez” para evitar las aglomeraciones que ya se están produciendo –antes de que eche a andar Madrid Central– en los andenes de las líneas con más demanda. CCOO advierte de que la falta de recursos está obligando incluso a quitar trenes de las zonas con menos demanda para compensar las que tienen más, lo que “deja con frecuencias muy bajas algunas líneas, de ocho o nueve minutos”.

La demanda ha aumentado un 12% en el suburbano en un año, según los sindicatos. Cerca de 650.000 personas usan al año este servicio. En el último mes registrado, septiembre, ha habido un 2,2% más de pasajeros que en el mismo periodo de 2017. Y el Gobierno regional, en plena guerra política, culpa al Ayuntamiento de las aglomeraciones porque “no es posible circular en superficie” por las obras en Gran Vía y otras calles de la capital.

Pero los trabajadores de Metro remontan los problemas en el funcionamiento al menos cinco años atrás. “Metro de Madrid es consciente de la situación de su plantilla. Desde que hicieron el ERE en 2013, con 587 despidos, no nos hemos recuperado. Y ahora nos dicen que esto se soluciona si pones a gente en las estaciones y los viajeros entran y salen más rápido”, se queja Juan Carlos de la Cruz, secretario general de CCOO en Metro de Madrid.

Problemas acumulados para Metro

La Consejería de Transportes defiende que Metro de Madrid ha hecho más de 500 nuevas contrataciones, aunque los sindicatos advierten de que todas ellas son reposiciones de jubilaciones, no nuevos puestos. Por eso, la urgencia ante la falta de conductores ha obligado a poner en marcha un proceso de promoción interna para sumar a 30 nuevos a finales de noviembre y a adelantar la oferta de empleo público prevista para el primer trimestre de 2019 a principios de enero. Serán otros 100, según fuentes de la Consejería.

La segunda promesa para arreglar las deficiencias en Metro, la compra de trenes, tardará al menos dos años en notarse en las estaciones. Así que no cuenta como solución inmediata. La consejera Rosalía Gonzalo anunció en la Asamblea de Madrid la compra de 60 trenes por 700 millones de euros, pero esos vagones no entrarán en funcionamiento al menos hasta 2020, según revelan fuentes de Transportes.

Estos tiempos dilatados agravan otro problema añadido para la Comunidad de Madrid en este embrollo: la presencia de amianto ha obligado a retirar de la circulación 43 trenes. El 13% de los vagones están fuera de la circulación, según los datos aportados por los sindicatos. Pese a ello, la Consejería de Transportes afirma que hay coches de refuerzo que no se están utilizando. “Hoy a las 7:45 había 1924 vagones en circulación y tenemos 2.300. Se puede ampliar pero no ha venido nadie del Ayuntamiento a explicarnos cuál es el plan de Madrid Central ni a darnos datos”, justifican las fuentes de Transportes.

Al amianto se suman, además otras mochilas, como el coste de mantenimiento de la flota: la compañía afronta a partir de 2019 el vencimiento de los contratos de alquiler que afectan al 60% de los trenes y tendrá que decidir si ejecuta los compra. Eso supondría un desembolso de 800 millones de euros más en una década.

Así que de momento, en cuanto a la planificación del transporte público, solo hay una certeza para encarar Madrid Central. Y es que el Ministerio de Fomento, después de dejar aparcado un plan de inversión de 5.000 millones en Cercanías, ampliará la frecuencia de los trenes en las líneas con más conflictivas (C-2,C-5 y C-7), según El Mundo.

A un mes de su implantación, el plan estrella del Ayuntamiento para dar espacio al peatón y reducir la contaminación solo ha traído dolores de cabeza, cartas cruzadas como misiles y mucha política de precampaña. El viernes, con la reunión del Consorcio, es la primera fecha marcada en el calendario para empezar a despejar incertidumbres. De ella pueden resultar dos escenarios: un cese de hostilidades o una guerra total a siete meses de las elecciones.