“Madrid Central es un punto de apoyo para hacer palanca en las políticas de movilidad de toda la ciudad”

Jorge García Castaño es el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. Pero estos últimos días está siendo protagonista por ser el concejal-presidente del distrito Centro, donde se implantará a partir del 30 de noviembre la zona de bajas emisiones Madrid Central, una iniciativa municipal que restringe el tráfico de paso y la circulación en su interior de los vehículos más contaminantes, los que carecen de etiqueta ambiental, un 13% de los que circulan por la ciudad.

El Partido Popular ha comenzado una campaña para intentar frenar su puesta en marcha, tanto con un recurso del partido en el Ayuntamiento como con sucesivas amenazas por parte de la Comunidad de Madrid que augura el desastre en el tráfico y en Metro de Madrid. Castaño asegura que nada de lo que haga el PP impedirá su puesta en marcha y que para ello cuentan con el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez y con la Comisión Europea, que aceptó las medidas a cambio de no sancionar con una multa de miles de millones a España.

Este lunes han aprobado en Junta de Gobierno el decreto para la puesta en marcha de Madrid Central pese a las críticas que están recibiendo de parte de la oposición, incluso amenazas de ir a los tribunales por parte de la Comunidad de Madrid y un recurso en el Tribunal Superior de Justicia del PP. ¿No es mejor parar la medida hasta que haya consenso?

Aquí lo importante es que las principales administraciones estamos alineadas políticamente. Tanto el Gobierno de la Nación, como la Comisión Europea, como la Organización Mundial de la Salud (OMS). En ese sentido, el PP y Ciudadanos están en una posición aislada y cada vez más reaccionaria, que no es coherente con el desarrollo que está habiendo con las políticas de movilidad en el resto de capitales europeas. Creemos que estamos en una posición mayoritaria, muy respaldados por otras instituciones y administraciones, y que es nuestra responsabilidad tomar medidas que vayan en pro de la mejora de la salud pública y del espacio público también para reducir la siniestralidad y el ruido en el distrito Centro.

En el recurso que ha interpuesto el Partido Popular alegan que la medida traerá un importante incremento del gasto que no está justificado por una memoria económica.

Lo que están haciendo es filibusterismo para intentar paralizar por cualquier mecanismo las políticas que estamos tomando, insisto, con la Unión Europea y con la OMS. Así como con el resto de capitales europeas. Al final lo que tenemos que ver es qué España queremos que se vea en los foros internacionales. Una España como el Gobierno de la Nación y como el Ayuntamiento de Madrid, que estamos tomando medidas para mejorar energéticamente, para tener ciudades con menos emisiones... o si lo que queremos ver es un Partido Popular y un Ciudadanos encastillados en posiciones que no tiene nadie en Europa, intentando frenar políticas que son ampliamente mayoritarias en esta ciudad. No va a tener recorrido e intentaremos estar en contacto con el resto de las administraciones para defender las políticas que ha tomado el Ayuntamiento de Madrid de forma legítima. Insisto, somos muchas administraciones alineadas, y hay una derecha española muy concreta que está en una posición aislada.

Habla de estar en contacto con el resto de administraciones. En la rueda de prensa del lunes, la delegada de Movilidad y Medio Ambiente, Inés Sabanés, aseguró que acudiría a la Comisión Europea si lo que calificó como “escalada de acoso” por parte del PP continúa. ¿En qué consistiría pedir ese amparo a Bruselas?

Lo que vamos a hacer es estar en la máxima comunicación con todos los actores, tanto con el Gobierno central como con la Comisión Europea, y también vamos a estar vigilantes en cuanto a los propios planes y normas que aprueba la Comunidad de Madrid. El problema aquí es que todas las administraciones tenemos una responsabilidad y unas obligaciones que hemos contraído con diferentes instituciones internacionales, también con nuestros ciudadanos. Lo que se trata es de saber qué está haciendo cada administración para ser responsable con esos compromisos que ha adquirido. Estamos tomando medidas sistemáticamente, Medidas que tienen que ver con la bonificación de instalaciones de paneles solares; la bonificación del abono transportes para las empresas que se lo paguen a los trabajadores; invirtiendo más de 100 millones al año para la renovación de la flota de EMT; invirtiendo más de 150 millones al año en obras que tienen que ver con renovación de ejes principales para ganar espacio peatonal, o la renovación de edificios para intentar ser más eficientes energéticamente e instalando paneles en nuestros propios edificios... Tenemos en este momento una inversión seguramente de las más importantes que tiene ninguna administración entre la sección energética.

Otras administraciones parece que cuando van a los foros internacionales dicen cosas, pero luego cuando vuelven a su zona de confort hacen poco. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y lo que podemos hacer. Nos gustaría incluso tener más competencias para hacer más. Y en ese sentido, nos sentimos muy respaldados tanto por el Gobierno de España como por la Unión Europea que lo que nos pide es más, no menos.

En Madrid Central no habrá sanciones hasta casi las elecciones, según comunicaron el lunes. Pese a que la medida entrará en vigor el día 30 de noviembre, han informado que en enero y febrero se comenzarán a enviar cartas a los infractores que no tendrán sanción. ¿Tendrá incidencia la medida durante estos meses que parecen de prueba en la calidad del aire?

La intención es informar lo más posible. El lunes se aprobó el decreto con todos los detalles que tenía que tener. A partir de ahora, podemos empezar una comunicación que ya hemos comenzado, pero detallarla muchísimo más. Tenemos varias fases a la hora de ir cruzando datos e ir vinculado al nuevo sistema de autorizaciones a toda la gente, ya sean residentes, ya sean comerciantes, vehículos de distribución urbana de mercancías, de movilidad reducida... A partir de ahí, tendremos ya en enero una situación con las cámaras funcionando para que cuando la gente pase y no debería haberlo hecho, se le podrá informar de que lo está haciendo mal. Pretendemos que la aplicación sea lo menos traumática posible.

Entramos en periodo navideño, y comenzaremos la campaña pidiendo a la gente que venga en trasporte público al centro. Creemos que la gente va a ir interiorizando las medidas lo antes posible. En todo caso, hablamos de muy poca gente que viene al centro en coche, y de un porcentaje un poco mayor que viene al centro como territorio de paso. Es a esos a los que nos queremos dirigir con la ordenanza de movilidad y con Madrid Central. Estoy seguro de que la gente va a ir interiorizando rápido las medidas.

En la rueda de prensa del lunes planteó que Madrid Central puede ampliarse en el futuro si hay demandas vecinales para ello. ¿Están teniendo esas demandas?

Lo dije sobre todo para ilustrar un debate que ha habido con la única calle que se ha dejado abierta al tráfico en el perímetro de Madrid Central, que es Bailén. Los colegios de al lado que no han tenido la suerte de aparecer en todos los programas matinales se quejan de que esa calle quede abierta. Y seguramente tengan razón, incluso más que otros de otros sectores, y no lo digo por los colegios que ellos sí la tienen. Es un tema que hay que valorar de cara al futuro. Madrid Central no es una medida para agotarse en sí misma, es un paso muy importante, un punto de apoyo para hacer palanca en las políticas de movilidad de toda la ciudad. A partir de ahora toca hacer intervenciones en el conjunto de la ciudad.

Como concejal-presidente del distrito centro le tocan directamente las críticas de que no se ha informado lo suficiente...

Llevamos tres años con este tema. Esto es una demanda de la gente, no es un invento electoral de Ahora Madrid. Es una demanda histórica del movimiento vecinal de las AMPAS del distrito, de todo el mundo... Llevamos tres años trabajando y evidentemente hasta que el decreto no ha estado formalizado había cuestiones concretas que había que ajustar y que eran fundamentales para la comunicación. Pero creo que con todos los colectivos que teníamos que hablar nos hemos reunido y han aportado mucho. Como por ejemplo con los trabajadores de la noche, por supuesto los colegios que ha quedado bien resuelto, con los comerciantes que están con una mejor situación que con la APR anterior... Ahora bien, hay unos sectores políticos que creían que no íbamos a tener arrestos para tirar adelante.

¿Por qué?

Seguramente porque consideran que íbamos a tener algún miedo electoral para tirar adelante. Y lo que estamos haciendo es dar pasos de un gobierno responsable y dar pasos de una propuesta que viene de abajo de muchas entidades sociales. Hay algunos sectores que lo que están haciendo es intentar que no salga directamente, pero eso no va a pasar.

Habla de la campaña de Navidad. ¿Habrá restricciones extras en Gran Vía y otras calles?

A partir de ahora lo que habrá es un dispositivo de Navidad como todos los años que entre otras cosas tiene que garantizar la seguridad y la movilidad peatonal en momentos de muchísimas aglomeraciones. Otros años hemos anticipado esos problemas que puede haber tomando medidas más estructurales. Este año hemos dado un pasito más y probablemente funcione de forma semejante.

Entonces sí habrá restricciones adicionales a Madrid Central.

Sí, como cualquier otro año. Tanto en la calle Mayor, como en Gran Vía como en la calle Atocha donde puede haber problemas de que los parkings se llenen, o que pueda haber calles más atascadas donde haya tanta densidad peatonal que la gente vaya por la calzada. Habrá agentes de movilidad y un dispositivo muy amplio para intentar que la seguridad y la movilidad sea lo mejor posible. Pero como otros años.

Ha hablado de las ordenanzas fiscales que presentaron la semana pasada. Una es la bonificación a empresas que paguen el abono transporte a sus trabajadores. ¿En qué consiste?

Se trata de bonificar el impuesto de actividades económicas a las empresas que paguen el abono transporte dentro de su plan de movilidad a todos sus trabajadores. Con esto lo que queremos hacer, sabiendo que es una medida que va a tener más efecto en años siguientes, es abrir camino y enviar un mensaje a sindicatos y a empresarios para que en las próximas negociaciones de los convenios laborales se tenga en cuenta.

Pero además de nuestra bonificación, que podría incrementarse los próximos años, es un pago en especie que está exento de IRPF para el trabajador y también es deducible en el impuesto de sociedades para el empresario. Ess una medida muy racional económicamente y lo hacemos también con un objetivo, no solo el de ir y volver al trabajo con transporte público que es muy importante, sino que la tarjeta del abono transporte sea un título cada vez más universal. Para que casi todos los ciudadanos de la ciudad lo tengamos. Sea para trabajar o sea para otras cuestiones. Es una medida que además es muy leal institucionalmente porque para nosotros es un gasto, pero para el Consorcio regional de Transportes es un ingreso.

¿Qué cuantía se bonificaría?

Se bonificaría hasta un 10% del impuesto de actividades económicas, siempre que no supere el total de lo que gaste la empresa en los abonos.

Ha hablado de que hay sintonía con el Gobierno central con las medidas que tienen que ver con la lucha contra la contaminación. ¿Tiene esa misma sensación con el área homóloga a su otro cargo en el Ayuntamiento como concejal de Economía y Hacienda?

Respecto al anterior Ejecutivo hay mejor sintonía. Pero digamos que con el Ministerio de Transición Ecológica estamos más afinados que con Hacienda que estamos afinando todavía. Creemos que puede sonar mejor la sintonía. Sin duda, la situación ha cambiado muchísimo y es un Gobierno y un Ministerio que entiende mejor a las administraciones locales que el anterior. Pero queda muchísimo recorrido por hacer, sobre todo, con la ciudad de Madrid. Más cuando el PP ha mantenido una regla de gasto para Madrid especialmente injusta que ha mantenido el gasto por habitante entre un 40 y un 45% menor que el que tienen otras ciudades como en Bilbao y Barcelona.

Eso es una situación especialmente injusta que tiene que cambiar a corto plazo y es en lo que estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda. Seguramente tenemos criterios distintos, pero lo que sí que puedo garantizar es que en el próximo presupuesto nos acercaremos a ese gasto que queremos tener. Siempre siendo responsables con la situación que tiene el Gobierno de España. El conjunto de las cuentas de las administraciones públicas tiene que cumplir con lo que plantea Bruselas y ahí estamos comprometidos. Pero creemos que Madrid tiene que llegar a tener ese gasto progresivo por habitante que tienen Barcelona y Bilbao.

Pero en los presupuestos generales del estado finalmente no se modificará la regla de gasto pese a que era un compromiso del PSOE y una exigencia de Unidos Podemos.

Nos da un poco igual cómo lleguemos a la casilla final. Madrid y otros ayuntamientos tenemos situaciones muy específicas. Hay cuestiones que no son de recibo en el cálculo de la regla de gasto. Ciudades que crecemos en población no podemos tener el mismo cálculo de la regla de gasto que otras que pierden población. O ciudades que tenemos superávits recurrentes y que estamos por debajo de los umbrales que nos exigen en pago a proveedores y en ratio de deuda sobre ingresos corrientes. En este sentido, Madrid es un ejemplo clarísimo.

También se puede conseguir con otra vía, como la que plantea la Airef. Que los ayuntamientos que tengan capacidad financiera y un superávit como el nuestro pueden asumir más competencias. Y queremos asumir más competencias y se lo hemos planteado al Gobierno de la Nación y la Comunidad. En esa línea creemos que podemos avanzar. Pero hay que darse prisa, porque las cosas que queramos avanzar hay que materializarlas muy pronto. Por nosotros como por ellos.

El Ayuntamiento ya asume competencias que no le corresponde y que no se financian.

Asumimos muchas, pero podríamos asumir muchas más. Seguramente podríamos estar gestionando la renta mínima de inserción mañana, estar haciendo totalmente las obras de los colegios o volver al accionariado de Metro. Eso sería lo razonable para una ciudad como la nuestra. Y ese es nuestro ofrecimiento al resto de administraciones.

¿Pero a cambio de que se financien?

Tendría que haber un cambio en la regla de gasto y también un cambio en la financiación. Seguramente Madrid y Barcelona que tenemos leyes propias de capitalidad podríamos tener ahí una vía para tener esos cambios.

¿Está habiendo reuniones bilaterales para negociar esto con Hacienda al margen de las negociaciones que ha habido con Unidos Podemos para los presupuestos?

Sí. Una cosa es buscar una solución para todos los ayuntamientos de España que es muy importante. Otra cuestión es que nosotros somos la administración con más superávit de forma recurrente y con menos gasto por habitante respecto a otras ciudades españolas. Eso no es una situación sostenible, justa, ni presentable de cara a los ciudadanos madrileños. Sabemos que con Montoro y la derecha era imposible porque se trataba de ahogar. Ahora esperamos que se muevan rápido.

Habla de superávit, ¿ya saben con en cuánto se puede situar el de este año?

Todavía no, no tenemos una previsión clara. Depende de unos factores importantes.

En la última entrevista con eldiario.es, aseguró que Madrid Calle 30 se remunicipalizaría antes de las próximas elecciones. ¿Lo sostiene a día de hoy?

Estamos trabajando tanto internamente como con la parte privada. Ahí quiero ser un poco discreto en la parte que afecta a terceros, porque además esto lo tenemos que hacer de la mejor manera para las dos partes si no, no será viable. Y tiene una enorme complejidad administrativa. El modelo de gestión de Madrid Calle 30 es enormemente complejo con dos contratos que están completamente unidos el uno al otro y es complicado darle una solución rápida. En todo caso, estamos trabajando y vamos a ver si llegamos a tiempo.

Entonces las negociaciones no van por buen camino y no podrá ser posible antes de las elecciones...

Es un problema más administrativo que financiero. Nosotros vamos a intentarlo.

Las empresas ganan una cuantía alta cada año por ser parte de la empresa mixta. ¿Les compensa económicamente?

De los aspectos financieros, económicos y de prestación de servicios estamos muy de acuerdo. Estamos de acuerdo en que fiscalmente no es un buen modelo para ninguna de las dos partes. Pero lo que encontramos es una dificultad administrativa muy importante para cambiar el modelo. Ahora nosotros pagamos el IVA y el impuesto de sociedades. Si la empresa fuera pública, el privado podría prestar el servicio y ganar lo que tiene que ganar, lo que bien o mal planteado ya tiene en el contrato, y que el conjunto del modelo sea más eficiente. Eso es lo que dijo la Cámara de Cuentas y la comisión de investigación. Es muy racional en términos financieros y económicos. Es mucho más complejo en términos administrativos, pero en eso estamos trabajando.

La negociación entonces va en la línea de que EMESA (ACS y Dragados) se quede con la gestión de la M-30.

Puede ser esa vía o puede ser otra. Si fuera tan fácil ya estaría solucionado.

Siguiendo con M-30, se están produciendo protestas de trabajadores porque en sus contratos laborales tienen una categoría inferior a la de Bombero pese a que son personal de emergencias. ¿Qué tiene qué decir el Ayuntamiento? ¿Han hablado con EMESA sobre la situación de estos trabajadores?

Sí. Una de las posibilidades también es buscar una vía de cambio de modelo de gestión, aunque solo sea para estos trabajadores. No sé a día de hoy si el 100% de sus reivindicaciones se pueden cumplir o están más o menos motivadas, pero sí creo que hay una parte en la que tienen razón y que vamos intentar solucionar.

¿Pero no puede ser un fraude laboral que no se les esté reconociendo una categoría de emergencias?

A día de hoy no puedo decir que hay fraude porque eso lo tendrá que decir una inspección laboral o un juez. Pero lo vamos a intentar solucionar.

Para terminar con este tema, una de las cuestiones que estaba en el dictamen de la comisión y que también ha solicitado el PSOE en varias ocasiones es el cese del gerente que al parecer no es leal con la actual dirección. ¿Se va a producir esa destitución?

Cuando acabe todo el trabajo que estamos haciendo con la parte privada y con la parte más interna administrativa, y veamos cómo puede quedar el modelo de gestión, a partir de ahí tomaremos las decisiones que sean para que la empresa funcione mejor. Pero vamos, para mí esta no es mi prioridad. La prioridad es cambiar el modelo de gestión, lo otro no es lo importante.

¿Pero cuáles son las quejas sobre esta persona?

Tampoco tengo un criterio muy formado sobre esta persona, ni para bien ni para mal.

Entramos ya en noviembre. ¿Cómo van las negociaciones de los presupuestos?

El trabajo con el PSOE ha sido muy frecuente estas semanas y estos meses, también de cara a los retos que teníamos una vez hubo un cambio de Gobierno. Ellos tienen una información bastante al detalle de la situación presupuestaria y esta semana vamos a empezar a trabajar fuerte de cara a la elaboración del próximo. De todas maneras, creo que los grandes ejes los deben tener claros y espero cerrarlo lo antes posible para presentarlos lo antes posible.

¿Antes de que termine el año?

Sí. No puedo hablar por el Partido Socialista, pero nuestra intención es que el presupuesto se apruebe antes de fin de año y vamos a trabajar en la medida de lo posible para que el PSOE se sienta lo más representado. Estamos trabajando en una línea de máxima colaboración. Entendemos que lo que nos toca hacer es trabajar en una línea muy clara para que la gente tenga claro en lo que estamos las fuerzas progresistas, que es en intentar tener alineadas las tres administraciones en políticas progresistas. Está en nuestra mano y es un horizonte de transformación muy potente que nunca hemos tenido tan al alcance de nuestra mano. Eso pasa por una política de colaboración importante. Y en ese sentido solo puedo tener buenas palabras para el Partido Socialista de Madrid.

¿Puede avanzar algo de los presupuestos?

Faltan todavía cosas por cerrar, pero vamos a tener un incremento muy grande del gasto social, vamos a estar incrementándolo en torno a un 50% respecto a cuando llegamos (junio de 2015). Y va a haber un salto muy grande en inversión también. En el acuerdo de presupuestos de este año había 24 equipamientos que acordamos con el PSOE prioritarios en los distritos, que se iban a licitar este año, pero que iban a tener carga presupuestaria en el 2019. Esos proyectos ya entrarían en el presupuesto.

Usted se ha presentado a las primarias de Podemos para el Ayuntamiento de Madrid. ¿Tiene la seguridad de que saldrá elegido para formar parte de la lista de Manuela Carmena en las elecciones de 2019?

¡No!

Pero la sintonía con la alcaldesa es buena y entiendo que le ha transmitido que quiere que repita con ella en las listas... ¿Si no sale escogido, iría en esa lista igualmente?

Hay un proceso de primarias en Podemos y en otras fuerzas políticas y luego habrá un proceso del común. De todos y todas que vayamos a las elecciones con una nueva propuesta de cambio. Y de ahí tiene que salir la candidatura.

eldiario.es publicó hace unos días que en estos momento las negociaciones entre los partidos y Marta Higueras, la portavoz nombrada por Manuela Carmena para llevar las conversaciones, está estos momentos en un reparto de cuotas en la lista. ¿Se aleja eso de lo que anunció la alcaldesa?

Creo que eso no es así, por lo menos no soy consciente de ello. Creo que no es la forma en la que hay que trabajar. Se trata de crecer lo más posible y de vincular al mayor número de gente posible y por supuesto que los partidos estén lo más a gusto que puedan estar, pero esto va mucho más allá y tiene que haber más gente. No estoy en la dirección de Podemos, pero creo sinceramente que tanto Podemos como Izquierda Unida como Equo lo tienen bastante claro.

Cambiando de tema, ¿está recibiendo como concejal del distrito Centro críticas sobre los patinetes compartidos que han entrado en la ciudad de la noche a la mañana?

Sí. En cualquiera de estas cuestiones hay un periodo de adaptación importante. Pero la ordenanza nos va a permitir tener una interlocución y una capacidad de actuación sobre las empresas que va a hacer que mejoren sus prestaciones para el conjunto de la ciudad. No se trata de saturar el espacio público del centro llenándolo de cacharros, sino que si tienes un proyecto empresarial que pueda ayudar a la política de movilidad de la ciudad, te extiendas en la ciudad y puedas trabajar sobre el conjunto del territorio. Eso es lo que vamos a hacer. De todas maneras, veremos los próximos meses lo que son proyectos empresariales más serios o menos serios y los compromisos empresariales que tiene cada uno.

En un debate de hace una semana organizado por la EMT, el director general del Ayuntamiento aseguró que están estudiando una tasa para las empresas por ocupación de espacio público porque ahora mismo no pagan nada. ¿Es así?

Sí. Es un caso muy claro de ocupación. Tenemos que ver si lo que tiene que entrar en juego es una tasa que es de cajón que es un caso exactamente igual que la tasa por cajeros automáticos, o si lo que tiene que entrar en juego son criterios de extensión en el conjunto de la ciudad o de reparto de espacios...

Llegamos a la recta final de la legislatura. ¿Qué le diría a las personas que se han podido sentir decepcionadas porque no se han hecho todas las medidas que este Gobierno anunció que iba a llevar a cabo? La oposición le reclama por ejemplo que no se han hecho los aparcamientos disuasorios que se anunciaron...

Diría que una ciudad no se puede cambiar en cuatro años, que ha habido 40 años de democracia y nosotros hemos estado algo más de tres años, por ahora, y hemos hecho muchas cosas y que otras no vamos a poder hacer. Hay unas cuestiones que han dependido más de nosotros y otras que son más por una situación de regla de gasto, de las imposiciones del Gobierno de Montoro. Hay algunos equipamientos que van más lentos y están licitándose este año y haremos en 2019, pero que podrían haber estado antes si no hubiéramos sido atacados por parte de la administración central del Partido Popular.

Los aparcamientos disuasorios no fueron una promesa electoral, fue una promesa que hicimos estando ya en el Gobierno. En mi opinión, no son determinantes para la movilidad en absoluto. Está bien que haya algunos, hay alguno más de los que había, pero no son determinantes. Hay otras cosas más importantes, desde luego hacer carriles bus, renovar a flota de EMT que hemos hecho... Ahí ha habido más bien un problema comunicativo.