El estudio que encargó el Gobierno de Almeida para medir la eficacia de su plan antipolución concluye que es insuficiente

El estudio que el Ayuntamiento de Madrid encargó para evaluar cuántas emisiones reduciría su estrategia contra la contaminación, Madrid 360, revela que las medidas no son suficientes para cumplir con las exigencias de calidad del aire que marca la Unión Europea, motivo por el cual España tiene abierto un expediente sancionador en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) desde hace más de diez años. La modelización, remitida por el Gobierno municipal a Más Madrid tras una petición de información, la realizó la Universidad Politécnica de Madrid –el mismo equipo contratado para analizar el Plan A del Gobierno de Carmena– en septiembre de 2020 e incluye la relajación de las restricciones en Madrid Central que finalmente el Gobierno de PP y Ciudadanos ha descartado. Esto es, la entrada de los vehículos con etiqueta ambiental C siempre que vayan ocupados por dos o más pasajeros, por lo que presumiblemente el impacto de las medidas, con la retirada de esta, sea ligeramente superior.

Los cálculos, no obstante, dejan a la capital lejos de recortar lo necesario. El grupo de trabajo liderado por el catedrático Rafael Borge concluye que la relación de medidas analizadas –calderas, transporte público, aparcamientos, vehículo privado...– reducirían 1.563 toneladas el NOx (dióxido de nitrógeno) cuando sería necesario recortar “del orden de 2.600 toneladas de las emisiones del tráfico rodado” para no sobrepasar “los valores límite de calidad del aire legalmente establecidos”. Las políticas lograrían, según las estimaciones, disminuir en 151 toneladas las partículas PM25 y en 359 kilotoneladas el dióxido de carbono expulsado (CO2).

Hace apenas dos días, el delegado de Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, aseguró que Madrid será la capital con la zona de bajas emisiones más extensa de toda Europa. Se refería a la situación que alcanzará la ciudad en 2024 con todas las restricciones a los coches sin distintivo ambiental (A) aplicadas. A partir de 2025 tendrán prohibido el acceso a todo el término municipal. En el Pleno, al que Más Madrid llevó una proposición para recuperar Madrid Central y ampliarlo tras el auto del Tribunal Supremo, Carabante defendió que el plan de su Gobierno era “más ambicioso y mejor” que el diseñado por la anterior corporación y permitía reducir un 12% más las emisiones.

El balance realizado por Ecologistas en Acción del primer año de implantación de la zona de bajas emisiones evidenció, efectivamente, que las restricciones decretadas por la corporación de Manuela Carmena, aunque generaron una reducción inédita de emisiones, debían ser más ambiciosas para acatar la normativa europea y evitar una multa por alta contaminación cuyo proceso encara la última fase si nada cambia. La reactivación del expediente, dejado en stand by tras la implantación de Madrid Central en 2018, se produjo después de que el Gobierno de PP y Ciudadanos suspendieran temporalmente las multas.

“¿Qué nos están vendiendo? Humo. El estudio de modelización arroja que no es suficiente, que se queda corto”, aseguró la concejala de Más Madrid, Esther Goméz. Su grupo propuso, sin lograr una mayoría, la ampliación de la zona de bajas emisiones a todo el interior de la M–30. PP y Vox votaron en contra. Ciudadanos pidió enmendar la iniciativa para que avalara nuevos permisos para comerciantes y hosteleros, al mismo nivel que los residentes, con facultad para entrar, salir y aparcar cuanto quieran en Madrid Central, pero Más Madrid se opuso ante lo que considera una suavización de la norma.

“Hacen falta más medidas que las contenidas en ese plan, cuando desde 2019 la Comisión Europea volvió a comunicar al Reino de España que había que hacer más”, apuntan desde Más Madrid. El grupo precisa también que la modelización se ha realizado “usando una serie de datos facilitados por el propio Ayuntamiento respecto a la afectación en el tráfico de Madrid 360, sobre los que pesa cierto oscurantismo porque el Ayuntamiento no los quiere facilitar”.

Aterrizando las propuestas, el delegado recordó que el Ayuntamiento vetará por adelantado el paso a los vehículos sin etiqueta en el entorno de Plaza Elíptica a lo largo de este año, como ya se anunció en otoño de 2020, y avanzó, en una comparecencia solicitada por el PSOE, que tanto el distrito centro como este enclave situado entre los distritos de Carabanchel y Usera serían considerados en la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible como zonas de especial protección ambiental por su especial problemática de emisiones. Esta clasificación permite “poner medidas adicionales de manera permanente, como restricciones de acceso a vehículos más allá de a aquellos que no cuentan con distintivo ambiental, a vehículos según tonelaje, cortes de calles mediante peatonalizaciones, etc”, según una portavoz del área.

Entre las medidas puestas en marcha por el Ayuntamiento, las más efectivas para recortar emisiones son las limitaciones ya iniciadas a los coches sin etiqueta ambiental, según el estudio de la UPM. Desde 2020 no pueden aparcar en la zona SER (azul ni verde) y a partir de 2022 tendrán prohibido el acceso a la almendra central de la ciudad. Los años posteriores se irán endureciendo progresivamente las restricciones a estos vehículos más contaminantes hasta impedir su entrada a todo el término municipal en 2025.

El estudio confirma, por tanto, que poner coto al tráfico rodado es lo más eficaz en la lucha contra la contaminación: reduce un 26,5% el NO2, un 19,17% las partículas PM25 y un 13% el CO2 (dióxido de carbono). Aunque también precisa que el recambio del parque móvil hacia vehículos eléctricos en detrimento de los más antiguos y contaminantes es el responsable del 78% de la disminución. La sustitución de calderas de carbón a partir de 2022 y la reducción de las de gasóleo –medidas incluidas en la Ordenanza de Calidad del Aire aprobada por el Gobierno de Almeida tras años sin actualizarse– también contribuyen a recortar contaminantes, pero en menor medida, de acuerdo con los datos. Sin embargo, son especialmente efectivas para limitar las partículas PM25 hasta un 35%, según las estimaciones.

43 medidas analizadas

La modelización expone las 43 medidas que el área de Medio Ambiente y Movilidad pidió evaluar: desde los aparcamientos disuasorios hasta la renovación de las flotas del taxi pasando por los carriles bici y bus. Entre las iniciativas traslucen algunas novedades, como la ampliación de la zona SER para residentes más allá de la M–30 o la creación de 5.000 plazas más de aparcamiento para vecinos o de rotación. El Gobierno municipal también cuenta para la modelización con que la extensión de las líneas 11, 3 y 5 de Metro de Madrid esté ya operativa. Es competencia de la Comunidad de Madrid.

Las políticas que más acortan los desplazamientos son los aparcamientos disuasorios –marcados por el desacuerdo de los vecinos de los barrios periféricos en los que se ubican– y las novedades en transporte público –autobuses cero emisiones, flota eléctrica de la EMT o las ampliaciones de Metro que aún no existen–. Una portavoz del área precisa que la reducción de emisiones podría ser mayor porque no han mandado modelizar todas las medidas.

El equipo de Movilidad y Medio Ambiente no ha querido hacer público en estos meses el estudio que cuantifica la capacidad de sus iniciativas para dejar de estar en la lista de países que incumplen la normativa europea. De hecho, en las semanas previas a anunciar que renunciaba a la idea de recortar las restricciones para los vehículos de etiqueta ambiental C, el PP se apoyó en este informe como prueba de la eficacia de sus medidas. Las conclusiones las ofreció después solo por nota de prensa.

La Junta de Gobierno aprobará en las próximas semanas la nueva Ordenanza de Movilidad con una regulación propia –aunque sin grandes cambios– de la zona de bajas emisiones, ampliada al entorno de Plaza Elíptica aunque con menos restricciones. Completar el trámite de esta norma en Pleno es vital para llenar el vacío legal que existe desde hace dos semanas con la zona de bajas emisiones, cuando fue anulada definitivamente por los tribunales por defectos de forma. El pleito contra Madrid Central, cuyo fruto ha sido el auto del Tribunal Supremo, lo inició en 2018 el grupo popular que entonces lideraba el actual alcalde en la oposición y la Comunidad de Madrid.