Los franciscanos dejan a vecinos al borde del desahucio con subidas del 7% de los alquileres en sus pisos de Madrid

Los 64 años de su vida Mariano Ordaz los ha pasado en el mismo piso en el que nació, junto al Rastro de Madrid, en la calle del Carnero. Allí vivió primero su abuela, después sus padres y últimamente solo él. Siempre de alquiler y siempre bajo los designios inmobiliarios de la medieval Venerable Orden Tercera de San Francisco, llamada popularmente VOT, conocida más recientemente como la Orden Franciscana Seglar (OFS). En los últimos años, a Mariano no le ha ido bien. Se dedicaba a la hostelería y perdió el trabajo con la COVID-19, arrastra problemas de alcoholismo y el dinero empezó a escasearle. Acumuló impagos y acabó con una sentencia de desahucio.

Por aquello de la caridad cristiana, rogó misericordia. “No somos una ONG”, dice que le dijeron en la VOT. La fecha de desahucio estaba prevista para este miércoles. Pero, a última hora, la venerable orden se avino a suspenderlo.

Mariano recibió la noticia en el portal del edificio de oídos del abogado del Sindicato de Inquilinas, que acababa de recibir la llamada de la procuradora, que estaba en el juzgado. Resopló y se le humedecieron los ojos. Lo rodearon activistas por el derecho a la vivienda y también algunos vecinos, de este bloque y de otros que la VOT tiene en Madrid. Arreciaron, además, los comentarios críticos con la gestión patrimonial.

Aunque el patrono se jactaba, según dicen las crónicas, de vivir con lo justo, y en su página web la orden se presenta como interesada en construir “un mundo más fraterno” y luchar “por la justicia” –presume de campañas de recogidas de medicamentos para Venezuela y obras de pozos de agua en Uganda–, en Madrid la VOT se comporta como un gran tenedor inmobiliario al uso.

“Como un fondo buitre”, censura el Sindicato de Inquilinas, que indica que la agrupación se beneficia de las exenciones de impuestos de las que disfruta la Iglesia y acumula un número respetable de inmuebles en el Madrid de los Austrias. De algunos, insignes, se ha desprendido en los últimos años, como el palacete de la calle Calatrava 4, construido en el siglo XVII y vendido en 2017. Ahora es un edifico de viviendas de alquiler temporal, a unos 2.500 euros al mes.

Varios inquilinos de pisos de la VOT señalan sus peculiaridades como arrendadora. “Te dejaban el precio un poco por debajo del mercado a cambio de hacer una reforma, porque estaban muy viejos”, explica, por ejemplo, Javier de Ugarte, que paga actualmente 900 euros y de entrada tuvo que equipar la cocina. El mantenimiento de las zonas comunes es un desastre, asegura. “Goteras, ventanas rotas, luces que no funcionan, las tuberías llenas de óxido”. Otra vecina, Elena Montero, apunta que la portera pidió una excedencia y desde entonces no hay nadie en la entrada del bloque. Los recibos para sufragar su sueldo siguen llegando, sin embargo.

Estas carencias eran, con todo, un peaje aceptable si los precios no se disparaban. Pero este año, cuando ha tocado revisar los contratos, decenas de vecinos se encontraron con que la propiedad proponía subidas de la renta de hasta el 7%, con lo que algunos ya pasan de los 1.000 euros. Así que empezaron a organizarse para presentar un frente unido. Por Whatsapp y el boca a boca, han identificado ya más de siete bloques, todos céntricos, en La Latina, Lavapiés o Malasaña, en situación similar.

Hospital decano, joya patrimonial

De Ugarte dice que, de momento, la VOT acepta moderar el alza. Los dueños de uno de los comercios de los bajos de Carnero sospechan que muchos de los locales siguen siendo tiendas de antigüedades porque sus propietarios originales los donaron a la orden a cambio de mantener el uso.

No hay forma inmediata de comprobar la veracidad de todas estas aseveraciones, porque la VOT rechaza hablar del tema. La joya del patrimonio de la orden es su hospital privado, muy cercano a la Puerta de Toledo, que presume de ser el más veterano de la ciudad. Se terminó hacia 1699 e incluye una capilla de fachada barroca que figura en las guías turísticas. En una calle paralela está la oficina administrativa, donde un empleado con galones rehúsa responder a la prensa sobre las decisiones inmobiliarias, ahora o en el futuro, a pesar de que se le advierte de que los inquilinos echan pestes. “No me extraña”, bromea.