La venta de 1.860 viviendas sociales a un fondo buitre en 2013 por parte del Gobierno municipal de Ana Botella (PP) ha llegado por fin a juicio ocho años después en la Audiencia Provincial de Madrid. Los acusados –los dos máximos responsables de la operación– se enfrentan a ocho años de cárcel, según la petición de condena solicitada por la acusación popular, que ejerce el PSOE, y la particular donde se reúnen afectados por la venta de esos pisos protegidos. El actual Gobierno del Ayuntamiento de Madrid que dirige José Luis Martínez-Almeida también está representado en el juicio: como parte de la acusación, a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) que se personó durante el mandado de Manuela Carmena. Pero a diferencia del resto de las acusaciones, el Ayuntamiento de Madrid lo que hace es defender la operación del Gobierno de Botella, según ha podido saber elDiario.es del propio Ejecutivo municipal y del resto de partes personadas.
El proceso penal que se celebra estos días en la Audiencia Provincial de Madrid solo juzgará a los dos responsables directos de la operación: el entonces consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), Fermín Oslé, y el apoderado de Fidere, filial del fondo de inversión Blackstone, Alfonso Benavides, que se enfrentan a peticiones de ocho años de prisión. La exalcaldesa Ana Botella y su equipo de Gobierno, quienes autorizaron la venta en una Junta de Gobierno, se han librado del banquillo.
“Todas las intervenciones del abogado de la Empresa municipal están siendo para defender a uno de los acusados, Fermín Oslé, el que fuera gerente de la EMVS cuando se produjo la venta”, asegura uno de los abogados de las acusaciones que está participando en el juicio. “Sorprende teniendo en cuenta que en su momento la empresa municipal hizo un escrito de acusación contra la operación que fue contundente y que ahora está desvirtuando con cada intervención que es más de abogado defensor que de acusación”, insiste.
Fue el anterior Gobierno de Ahora Madrid con Manuela Carmena al frente el que se personó en 2016 en la causa adhiriéndose a la querella del PSOE y de la Asociación de Afectados. La presidenta de la empresa de la vivienda municipal era entonces Marta Higueras –hoy concejal de Recupera Madrid en el consistorio–. Higueras lo justificó argumentando que había “indicios de delito” en la venta de pisos sociales a fondos buitre basándose en un informe de la Cámara de Cuentas y con las conclusiones de un informe jurídico elaborado por un despacho de abogados que encargó su propio equipo.
“Entendemos que es una actuación ilegal y lesiva para los intereses de la EMVS, y por tanto es lesivo para los intereses de todos los madrileños”, dijo entonces Higueras. Cinco años después y el regreso del PP al Gobierno municipal han hecho que las posiciones del Ayuntamiento de Madrid sean completamente diferentes.
Fuentes del Gobierno de Almeida aseguran que el equipo jurídico de la empresa pública ha presentado como prueba en el procedimiento penal “un informe de conclusiones” de la Dirección General de la Competencia de la Unión Europea que, según su versión, “defiende la operación”. “Según las conclusiones, la venta se hizo de forma correcta teniendo en cuenta la situación económica de la EMVS”, asegura a esta redacción un portavoz del Ayuntamiento. La operación que vendió 1.860 pisos sociales a un fondo buitre –y que dejó a la ciudad sin apenas vivienda pública– se cerró por 128,5 millones, a un precio medio de 70.000 euros por vivienda. El resto de las acusaciones niega haber visto un informe con semejantes conclusiones y que este haya sido aportado a la causa por parte del actual equipo de gobierno.
Según explican ahora desde el equipo de Almeida, el documento de la UE aportado en la causa y que defiende la operación del Ejecutivo de Botella, parte de otra denuncia que el anterior Gobierno municipal hizo en Bruselas. Esta redacción ha solicitado dicho documento al equipo de Almeida, que se ha negado a facilitarlo. “Nuestros servicios jurídicos prefieren ser escrupulosos con el procedimiento judicial y no facilitar ningún procedimiento que ya ha sido aportado a la causa mientras dure el juicio. Sí te puedo confirmar que ese informe ya ha sido aportado”, dicen desde el Gobierno municipal.
La aportación de ese supuesto informe exculpatorio de la Unión Europea en el juzgado no es la única prueba presentada por el Ayuntamiento de Madrid, aseguran desde la empresa municipal de la vivienda, pero se niegan a dar más detalles sobre cuáles son el resto.
Lo que sí ha podido confirmar este diario es que el Ayuntamiento de Almeida ha retirado la petición de que compareciesen tres testigos para arrojar luz sobre la operación que realizó el anterior equipo de Gobierno de Carmena. El primero era apoderado de uno de los imputados. El Gobierno de Almeida alega que se ha retirado su convocatoria porque ya ha sido llamado por el grupo municipal socialista, personado como acusación popular. El segundo testigo solicitado por el Gobierno de Carmena que ya no comparecerá era un representantes de las empresas tasadoras del precio. El tercero representaba a una de las empresas que actuaron de intermediarias en la operación.
“Este gobierno está dejando claro que en este juicio no va a defender a la gente sino a los fondos buitre. No hay otra forma de entender la actuación de sus representantes en el juicio”, lamenta la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar. “La sombra del PP tapa por completo a Almeida”, defiende y pone en duda que un informe de la UE haya defendido la operación como sostienen desde el Gobierno municipal.
No es la primera vez que el Gobierno de Almeida se pone del lado de Ana Botella en la venta de estos 1.860 pisos sociales. Al poco de llegar a la corporación municipal, en septiembre de 2019, el alcalde de Madrid despidió a la entonces directora de los servicios jurídicos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), Paloma Herranz Embid, cuando esta preparaba el recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia absolutoria del Tribunal de Cuentas (en segunda instancia) que libró a la exalcaldesa de Madrid y a siete altos cargos de su gobierno de una multa de 25,7 millones de euros por la venta de esos pisos sociales a fondos buitre.
Fueron dos consejeros nombrados por el PP los que libraron a la exalcaldesa de Madrid y a siete altos cargos de su gobierno de la condena millonaria por la venta de pisos sociales a fondos buitre en 2013. El Tribunal de Cuentas revocó la sentencia que había dictaminado el mismo órgano en primera instancia contra la exregidora de la capital y parte de su gobierno. El Gobierno municipal cesó a la abogada veinte días de que expirase el plazo para presentar el recurso ante el Supremo.
Para Arantxa Mejías, presidenta de la Asociación de Afectados por la venta de pisos de la EMVS, personada en la causa como acusación particular, no es una sorpresa que el Ayuntamiento de Almeida esté actuando ahora en el juicio como defensa de los acusados. “Realmente la personación se hizo con el Gobierno de Carmena, era previsible que el gobierno de Almeida que es el PP cambiase de postura porque es el mismo partido que promovió la venta”, señala.
Mejías, sin embargo, sí recalca que es “sorprendente” que la propia institución que hizo el perjuicio –teniendo en cuenta que vuelve a estar gobernada por el PP– “siga personada en la causa”. “La institución debería defender los intereses de los ciudadanos algo que no está haciendo porque la venta no fue un perjuicio para nosotros como inquilinos, sino que lo fue para todos los madrileños puesto que al enajenarse vivienda se dejó a todos sin ese recurso para los más necesitados”, añade a la vez que recuerda que ahora la EMVS está intentando comprar vivienda a particulares por la escasez de pisos en la capital.
Ana Botella se ha librado penal y civilmente de la venta. El único momento en el que se podrá escuchar la versión de lo sucedido de la exalcaldesa de Madrid será el próximo viernes, cuando acudirá como testigo al juicio en el que ahora cuenta con el apoyo del Gobierno de Almeida para avalar su gestión.