El Gobierno de Ayuso, el más débil en los 25 años del PP en la Comunidad de Madrid

25 años después, el Partido Popular sigue gobernando en la Comunidad de Madrid. Pero nunca antes lo había hecho en una situación tan delicada como la que tiene hoy. Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre gobernaron dos décadas con mayoría absoluta. Después, la corrupción hizo mella y, en 2015, Cristina Cifuentes perdió esa mayoría de la que disfrutaron sus antecesores y tuvo que pactar para seguir con un Ciudadanos que se estrenaba en la Asamblea de Madrid y que la dejó caer –aunque no así al PP– cuando estalló el escándalo de su máster fraudulento.

Hoy, Isabel Díaz Ayuso gobierna sin que el PP sea el partido más votado –lo es el PSOE–, habiendo cosechado el peor resultado de la historia de su formación y pese a haber perdido un tercio de los votos y de los escaños. Otra vez, Ciudadanos, que venía a “regenerar” la política, sustentó en el poder a un Partido Popular que acumula expedientes en los tribunales. Lo hacía con el primer acuerdo de coalición de la historia de Madrid y gracias también al apoyo externo de la extrema derecha de Vox, que ha dado origen al Gobierno madrileño más inestable en democracia.

“Va a ser una legislatura complicada. Vamos a estar gobernando en coalición. Éramos 74 diputados y evidentemente ahora somos menos”, pronosticaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, la dirigente del PP con más poder institucional, unas horas antes de ser investida. Los números salían en el hemiciclo para la investidura, pero la mayoría absoluta era circunstancial: Vox prestaba su apoyo pero se quedaba fuera del Gobierno.

Vista en perspectiva, la tendencia del PP en Madrid es bastante clara: cada legislatura, su debilidad ha sido mayor. Y los diez meses que han pasado desde la investidura de Isabel Díaz Ayuso han empeorado aún más esta situación y su coalición con Ciudadanos hace aguas. La relación entre Ayuso y su vicepresidente, Ignacio Aguado, siempre ha sido “pésima”, reconocen desde uno y otro lado, pero la pandemia del coronavirus ha venido a agravar más si cabe una desconfianza entre los socios de coalición que desde el inicio fue la normal. Y cada día que pasa es mayor.

Ayuso vio en la crisis sanitaria una oportunidad para reforzar su estrategia de ser la oposición institucional al Ejecutivo central, desde que en noviembre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sellaron un pacto para gobernar juntos en la Moncloa. Se trata de un papel similar al que hizo Aguirre cuando era ella la presidenta regional y el Gobierno central estaba en manos de José Luis Rodríguez Zapatero. “Ha tratado de utilizar esta crisis para lanzar un perfil político propio y le ha salido mal a sus intereses pero sobre todo al de los madrileños”, opina la portavoz de Unidas Podemos-IU en la Asamblea, Isa Serra.

“Lo más característico del Gobierno de Ayuso es que quiere emular a Aguirre, pero hay una diferencia muy grande: Ayuso no cuenta con su mayoría absoluta y sus pretensiones chocan contra la realidad. El PP no solo es que no haya ganado, es que es el grupo parlamentario popular más pequeño en democracia”, dice en una conversación con eldiario.es el portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Perpinyà.

Esas expectativas de Ayuso de ser la oposición al Gobierno se han visto frustradas con un choque sin precedentes dentro de su Ejecutivo que puede acabar arrasando a la coalición. El enfrentamiento hoy lo protagonizan los consejeros de Sanidad (PP) y Políticas Sociales (Ciudadanos) por la gestión de las residencias, que ya tiene su vertiente en los tribunales y que será investigada en una comisión en la Asamblea de Madrid.

De momento, Ciudadanos quiso el pasado jueves mantener al Gobierno votando en contra de la reprobación del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pese a las acusaciones de su compañero de partido, Alberto Reyero, que siempre ha defendido que las órdenes de no trasladar a ancianos de residencias a hospitales no fueron “éticas” y posiblemente “tampoco legales”. Reyero prefirió ausentarse del debate en el que Ciudadanos hizo una defensa a ultranza de Escudero frente a la petición de dimisión de la izquierda. Luego votó en contra de la reprobación de su compañero, pero con la nariz tapada.

Para el líder de la oposición, el socialista Ángel Gabilondo, “los hechos muestran que Ciudadanos tiende a aliarse con el Partido Popular y a sustentar sus políticas”. “Han votado a favor de todos las investiduras, todos los presupuestos, todas las leyes fundamentales. No discuto que haya fricción interna, pero a la hora de la verdad, a la hora de votar, votan juntos. Vox incluido”, señala el portavoz del PSOE en la Asamblea.

Los inicios: una negociación tensa y Avalmadrid

El primer Ejecutivo de coalición en la Comunidad de Madrid se hizo esperar. Ayuso fue investida en agosto después de una ardua negociación del PP a dos bandas –con Ciudadanos y Vox– mientras la formación entonces liderada por Albert Rivera trataba de evitar la foto con la extrema derecha. La dirección nacional de los populares se empleó a fondo para abrochar el Gobierno de la segunda administración autonómica que más presupuesto gestiona (después de Andalucía) y la que más foco mediático se lleva. Era el salvavidas que permitía a Pablo Casado asear el balance interno tras haber mantenido los Ejecutivos en Castilla y León, Murcia y Andalucía, aún después de perder las elecciones en todos esos territorios.

El refranero de “lo bueno se hace esperar” no se cumple en este caso y la coalición ya empezó con mal pie. Ayuso llegaba el 18 de agosto a la Puerta del Sol cargada con una pesada mochila por las sospechas de alzamiento de bienes al aceptar la donación de un piso de su familia sobre el que pesaba una amenaza de embargo y su relación con Avalmadrid (la entidad participada por la Comunidad de Madrid que prestó dinero a una empresa de su padre). Y una vez en el poder, pese a que el escándalo de las ayudas de Avalmadrid a la familia de Díaz Ayuso ya eran conocidas antes de sellar la alianza, Ciudadanos decidió apoyar la comisión de investigación a la empresa semipública solicitada por los grupos de la oposición.

El plan era hacer desfilar por la asamblea regional a testigos que se extendiesen sobre el uso que familiares, dirigentes y empresarios cercanos al PP de Madrid hicieron de una entidad financiera semipública que tenía en el centro del foco a la propia Ayuso. “No se puede ser Gobierno y oposición”, dijo entonces la presidenta.

Este fue el primer punto de inflexión en una tensa relación que, como la propia presidenta regional definiría después, dio origen a “dos gobiernos en uno”. Pero hasta llegar al enfrentamiento actual, el más profundo y el que mayores consecuencias puede traer al Gobierno de coalición, con un consejero de Ciudadanos enfrentado a uno PP por la gestión de las residencias durante la pandemia, los tiras y afloja en las relaciones han sido una constante.

“Siempre nos vieron como que veníamos de prestado, que este seguía siendo su chiringuito”, dice un dirigente de Ciudadanos a eldiario.es. “No estaban acostumbrados a compartir el poder y desde el inicio intentaron hacernos de menos. Les tuvimos que explicar que el Gobierno era tanto suyo como nuestro por mucho que no lo pudieran soportar”, añade.

Los inicios estuvieron marcados por anuncios que luego eran desmentidos por uno y otro lado en función de quien los hiciera. No había comunicación entre los equipos y los reproches públicos comenzaron a ser una constante. Y la cosa no ha mejorado.

Si la coalición aún no ha saltado por los aires, reconocen, es porque ambos partidos “comparten” un modelo ideológico similar basado en la rebaja de impuestos y ahora también en el ladrillo como estandarte de la recuperación económica provocada por la crisis de la COVID-19. Ciudadanos se ha sumado en los últimos años a las teorías neoliberales defendidas por los gobiernos de Madrid especialmente los de Aguirre, y pretende impulsar junto al PP las recetas de siempre, que han mermado considerablemente los recursos públicos en la región.

Ni presupuestos ni rebaja de impuestos ni leyes

A las disputas internas se suma la inacción del gobierno, que no ha sido capaz de aprobar una sola ley desde que llegó a la Puerta del Sol hace casi diez meses pese a haber firmado un acuerdo con 155 medidas. “Los gobiernos liberales no se caracterizan por legislar, sino por cumplir las leyes a rajatabla y en la medida de lo posible desregular aquello que no es necesario”, se justificaba Ayuso al ser comparada con la gestión de su antecesora, Cristina Cifuentes, mucho más proactiva.

A los seis meses vida, el Ejecutivo solo había remitido un proyecto de ley a la Asamblea, de rebaja fiscal, que no pudo ser aprobado por la oposición de Vox. Ahora, en plena crisis sanitaria, el primer proyecto que tiene visos de prosperar después de casi un año de Gobierno es una reforma de la ley del suelo para impulsar la construcción como motor económico tras la crisis.

“Liberar suelo” será “parte de la recuperación” , dijo Ayuso en su primer pleno post-Covid tras semanas sin actividad parlamentaria. Unos días después esas palabras de la dirigente del PP se materializaron en un anuncio legislativo: un cambio exprés en la Ley del Suelo, para que los promotores no necesiten una licencia urbanística. Bastará, si la Asamblea de Madrid avala el cambio normativo –y todo apunta a que así será con el apoyo de Vox–, con una declaración responsable. Las inspecciones vendrán después. El urbanismo convertido en una política de hechos consumados.

Con esta propuesta que será previsiblemente apoyada por Vox, el PP habrá modificado 16 veces la misma ley del Suelo. Los cambios fueron promovidos por los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González cuando el rodillo de la mayoría absoluta permitía a los conservadores hacer y deshacer, sin necesidad de apoyos, para allanar ciertas operaciones urbanísticas que se topaban con la legalidad (Canalejas, Eurovegas…). En aquella época de vino y rosas de la burbuja inmobiliaria acabaron aflorando varios casos de corrupción que ahora investigan los tribunales. Entre ellos, varias operaciones urbanísticas de la trama Gürtel entre la que se encuentra la polémica en recalificación de los terrenos de Arganda del Rey.

Pero a lo que Ayuso ha renunciado, al menos este ejercicio, es a aprobar unos nuevos presupuestos autonómicos. La dependencia a la extrema derecha supone un lastre más para sacar adelante las cuentas. Antes de la crisis sanitaria, Vox ponía como condición para apoyarlos la aprobación de un ‘veto parental’ que posibilitara a los padres a rechazar ciertas lecciones del currículo académico de sus hijos, algo por lo que los de Aguado no estaban dispuestos a pasar. La dificultad de poner a la mayoría de la oposición de acuerdo y un problema financiero importante –el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, llegó a pedir liquidez a las entidades públicas– hizo que la presidenta regional dejase el proyecto de presupuestos de 2020 en un cajón. Y nadie sabe cuando lo sacará.

Esos problemas financieros en las cuentas regionales han impedido también que Ayuso pueda cumplir con una de sus grandes promesas electorales: la de hacer “la mayor rebaja de impuestos de la historia” con la que la presidenta madrileña pretendía competir con el legado de sus antecesores. Las rebajas fiscales en la Comunidad de Madrid, especialmente a las grandes fortunas, comenzaron a implantarse con Aguirre, en 2002, continuaron con Ignacio González y se intensificaron con Cifuentes.

La región que ha sido durante 17 años el laboratorio de las políticas neoliberales del ala más dura del PP tiene hoy el tramo autonómico del IRPF más bajo de España (junto a Canarias que aplica la excepción insular, del 9%). La última rebaja fiscal se produjo en 2018, año preelectoral, cuando el Gobierno regional con Cifuentes al frente aprobó una reducción del 9,5% al 9% actual.

A la rebaja generalizada de tributos, sustentada en la teoría llamada ‘curva de Laffer’ de los gurús neoliberales que defienden que una rebaja de impuestos hace crecer la economía y como consecuencia dispara la recaudación (algo que no se ha demostrado con hechos), se han sumado otros beneficios fiscales que aplica Madrid a los impuestos cuya gestión cede el Estado a las comunidades autónomas. Y Madrid ha sido pionera a la hora de bonificar impuestos como Sucesiones y Donaciones, Patrimonio o Actos Jurídicos Documentados. Por estos beneficios hay expertos que califican a la región de “paraíso fiscal” y la Administración autonómica deja de percibir cada ejercicio más de 1.000 millones de euros.

“El actual Gobierno es un Gobierno paralizado y podríamos decir que es un Gobierno fallido. El Ejecutivo no ha llevado a cabo ninguna reforma, ni propuesta ni modificación de alcance, no tiene actividad legislativa, y no ha elaborado ni siquiera los presupuestos. En realidad, carece de un proyecto. Es un Gobierno censurable por muchas de sus acciones y también por sus grandes omisiones”, dice Ángel Gabilondo a este diario.

La Asamblea de Madrid aprobaba este jueves en el Pleno la creación de la Comisión de Estudio para la recuperación e impulso de la actividad económica y social de la Comunidad de Madrid tras la crisis del coronavirus, con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios menos Vox. Durante el debate en el Pleno, el Partido Popular ya avisó que no va a renunciar a sus banderas ideológicas ni a un modelo basado en el recorte de los servicios públicos que ha protagonizado la gestión de los conservadores las últimas dos décadas.

Choque de trenes en el Gobierno

Esos recortes en los servicios públicos han puesto al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso frente al espejo con la llegada de una crisis sanitaria sin precedentes. La crisis ha evidenciado las carencias en una Sanidad mermada durante las últimas dos décadas en las que ha primado el rodillo privatizador. Y también ha colocado el modelo de residencias en el ojo del huracán.

Los geriátricos madrileños han sido el mayor foco de la epidemia en toda España por el efecto letal del virus en estos lugares de concentración de población vulnerable. Pero en Madrid el cóctel de una gestión externalizada en manos de terceros, plantillas mermadas y una limitada capacidad de atender dentro de los centros a mayores enfermos ha explotado con la pandemia. A la situación previa, muy comprometida, se han superpuesto decisiones muy cuestionadas: la principal, el bloqueo al traslado de mayores dependientes a los hospitales en el peor momento de la epidemia que obligaron a los centros a dar atención sanitaria sin tener medios que ha partido en dos al Gobierno.

Desde que la crisis del coronavirus azotó Madrid, los dos partidos que gobiernan la región viven un profundo distanciamiento que comenzó cuando Ciudadanos empezó a sentirse desplazado de la gestión de la pandemia. Y a partir de entonces todo fueron encontronazos.

La Consejería de Políticas Sociales siempre denunció durante las peores semanas el abandono al que estaban sometidas las residencias y el 26 de marzo Ayuso decidía retirar las competencias de las residencias a Ciudadanos “descontenta” con la gestión de su socio de gobierno, aseguraron fuentes del entorno de la presidenta regional. El partido de Inés Arrimadas lo achacó a la decisión de su consejero de hacer públicas las cifras de fallecidos que Presidencia entonces ocultaba –1.065 ancianos a esa fecha– y a las quejas del responsable de Políticas Sociales sobre la falta de medios sanitarios y de ayuda para estos centros.

Las dos alas del Gobierno siempre discreparon sobre lo que implica la medicalización de las residencias, que Ciudadanos reclamó desde el minuto uno de la crisis y que Ayuso encomendó a la hija del artífice de la privatización de la sanidad, Encarnación Burgueño, que puso en marcha la que bautizó como “la Operación Bicho” sin recursos y plagada de irregularidades. La medicalización nunca llegó.

Los reproches no han dejado de sucederse desde hace semanas. El consejero de Sanidad reconoció en el Pleno regional que uno de los seis borradores del protocolo dirigidos a atender en centros hospitalarios a personas con Covid-19 procedentes de centros residenciales se envió a los centros, algo que aseguró se hizo por “error”.

Sin embargo, para su compañero en el Consejo de Gobierno, Alberto Reyero se trataba de un protocolo y no un borrador, y llegó a afirmar que “hubo mucho revuelo entre los geriatras de la Consejería de Sanidad” porque las órdenes para no derivar usuarios de residentes con cierto grado de dependencia o discapacidad al hospitales durante el pico de la pandemia “no se sostenían”. Escudero acusó entonces a Reyero de haber filtrado a El País unos correos electrónicos dirigidos a él, donde advertía de las consecuencias de no trasladar a todos los ancianos de residencias a hospitales.

Una oposición débil

Mientras el Gobierno de Madrid acumula un escándalo tras otro, las miradas se han dirigido a la oposición, espacialmente, al líder socialista Ángel Gabilondo. En el PSOE consideran que la gestión de Ayuso apenas encuentra respuesta en la oposición que realiza su portavoz que ha estado evitando a toda costa la confrontación e incluso pidió a los diputados del grupo parlamentario que evitasen entrar en la polémica, lo que generó estupor en las filas socialistas, que temen que Más Madrid les coma todo el terreno.

“A mí me llega incluso por los grupos de militantes del partido más lo que hace Más País, como la intervención de Mónica García, que lo que hacemos nosotros”, lamenta un exdiputado regional. La situación es tan crítica que hubo toque de atención desde Ferraz que ya busca un número dos que haga de contrapunto a la estrategia de Gabilondo.

Más Madrid y Unidas Podemos-IU abogan desde hace semanas por que los socialistas impulsen una moción de censura contra la presidenta regional por su gestión de la pandemia, aunque son conscientes de que la llave para que prospere está en Ciudadanos. “Sigue dependiendo de Ciudadanos”, dice Perpinyà. Para Isa Serra, sin embargo, “la situación actual indica que va a tener muy difícil aguantar la legislatura”. “Creo que depende de lo que hagamos los grupos de la oposición, y las movilizaciones que haya en la calle, todo eso reconociendo que es Aguado quien tiene la posibilidad”.

Gabilondo también cree que “este Gobierno es censurable por muchos motivos”. “Sobran las razones para que, como el partido que hemos ganado las elecciones, no descartemos de ninguna manera la opción de una moción de censura, cuando, a nuestro juicio, la acción del Gobierno es muy inadecuada”, asegura a este periódico el portavoz socialista que también considera que quizás en medio de una crisis por el coronavirus no sea el mejor momento. “En este momento tan singular, con secuelas tan importantes del Covid, lo decisivo es trabajar para encontrar una solución conjunta a los graves problemas de los ciudadanos”, explica Gabolindo.

“También es importante que tengamos en cuenta una cuestión: las mociones de censura no deben ser meros actos de puesta en cuestión, deben servir para cambiar los gobiernos, no para reforzarlos. Y para ello hacen falta unos determinados apoyos que han de ser mayoritarios”, dice el líder de la oposición sobre la necesidad de que Ciudadanos la apoye. “No creo que sea bueno para la ciudadanía, que desea un cambio, abrir expectativas inviables para generar más frustración”, responde Gabilondo a las preguntas de este diario.

De momento, tanto Isabel Díaz Ayuso como Aguado aseguran públicamente que la coalición resistirá. La realidad, en privado, es la opuesta. En el PP de Madrid son muchos los que teorizan con un adelanto electoral, algo que Ayuso dijo recientemente que se había planteado durante el estado de alarma. Una jugada de alto riesgo porque aunque, según las encuestas, el PP volvería a colocarse como primera fuerza en el parlamento regional, seguiría dependiendo de sus socios de Gobierno para continuar en el poder, con una posición de negociación de Vox más fuerte. Se arriesgarían así a que Ciudadanos dejase de sustentar el Gobierno.

Sobre una moción hipotética moción de censura liderada por Ciudadanos, los de Aguado desmienten que estén valorándola –sin su apoyo, el PP perdería Madrid–. Pero el escenario cada día se parece más a la estrategia ‘MAD’ pero al revés. Esta teoría de la guerra nuclear que –la estrategia MAD, destrucción mutua asegurada por sus siglas en inglés– reza que nadie dispara los misiles porque sería la muerte para los dos. Fue la base de la guerra fría. Sin embargo, la situación en Madrid es la contraria: el primero que dispare de los dos será el que ganará. Si Ciudadanos respalda una mocion de censura, Ayuso muere. Si el PP adelanta las elecciones, es Ciudadanos quién podría desaparecer.