El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid ha inadmitido a trámite un recurso de EMESA, la empresa que se encarga del mantenimiento de la M-30 y que está formada por las constructoras ACS y Ferrovial, contra el dictamen de la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid que auditó las obras y el modelo de gestión escogido para mantener la vía por el entonces alcalde del PP Alberto Ruiz-Gallardón.
El juzgado de lo contencioso-administrativo considera que EMESA no es competente para presentar dicho recurso. El magistrado Cristóbal Navajas alega en el auto al que ha tenido acceso eldiario.es, que la resolución del dictamen afecta a las partes del contrato de mantenimiento de la M30 y estos, considera el juez, “son El Ayuntamiento de Madrid y la Sociedad de Economía Mixta Madrid Calle 30” y serían “las únicas personas que se encuentran legitimadas para impugnar el acuerdo del Pleno”. Por tanto, la justicia no estima el argumento de EMESA que posee el 20% de las acciones de Madrid Calle 30.
Gallardón eligió un modelo de gestión semipúblico a través de una sociedad mixta, Madrid Calle 30, en la que el Ayuntamiento posee el 80% de las acciones y las constructoras (Ferrovial, ACS) el 20% que formaron una empresa conjunta: EMESA, la empresa encargada de la gestión y el mantenimiento de la M30. El dictamen de la comisión de investigación, aprobado en el pleno municipal del 28 de febrero de 2017, concluyó que “el modelo de gestión de la sociedad es totalmente ruinoso para las arcas municipales; garantiza el beneficio de las empresas privadas adjudicatarias de un contrato blindado hasta el año 2025 y prorrogado hasta el año 2040”.
La primera recomendación del dictamen planteaba la remunicipalización para que la sociedad vuelviera a ser completamente pública. Gallardón escogió ese modelo de gestión como una forma de ocultar la deuda municipal ya que al no ser una empresa 100% pública, pensó que los sobrecostes de las obras no computarían en las arcas municipales. Esa trampa para ocultar la deuda no sirvió y la comisión y la comisión de investigación concluyó que debe revertirse “el modelo de gestión de la sociedad volviendo al modelo original de empresa 100% municipal y garantizando un minucioso control sobre el mantenimiento y la explotación de la infraestructura”.
Para ello, el dictamen recomendaba “solicitar al socio privado, en la vía judicial que proceda, que facilite la oportuna información sobre los costes de cancelación de los contratos de cobertura firmados por la Sociedad Privada, en los que el Ayuntamiento de Madrid se subrogó en el año 2011 junto con la subrogación de la deuda de la sociedad Madrid Calle 30”.
La única fuente de ingresos de la sociedad entre EMESA y el Ayuntamiento —Madrid Calle 30— es el Consistorio que asume “en exclusiva” el pago de tasas, dividendos y costes de mantenimiento de la vía. Esto supone para la administración local más de 140 millones de euros anuales, según recoge la web del Ayuntamiento de Madrid. Hasta los gastos de la luz y el agua de los que debía hacerse cargo EMESA los ha asumido la corporación local. En el dictamen también se hace referencia a estos últimos gastos y se plantea pedir a las empresas que además de asumirlos, reembolsen los más de 60 millones que ha pagado el Ayuntamiento.
Otro dictamen, esta vez de la Cámara de Cuentas de Madrid, apuntó en el mismo sentido. El organismo fiscalizador concluyó que aquel megacontrato para el mantenimiento de una obra que consumió 5.000 millones de euros en su día se ha convertido en otro pozo sin fondo para las arcas municipales.
En la comisión participaron Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos. Durante las sesiones de la misma pasado Ecologistas en Acción, el consejero delegado de Madrid Calle 30, Samuel Romero, la delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés, y numerosos funcionarios y vecinos determina que obviar la preparacioÌn del estudio ambiental “fue totalmente intencionado para acelerar los plazos y poder inaugurar los distintos tramos de obra antes de la celebracioÌn de las elecciones del año 2007”.