La justicia anula la venta de otras siete viviendas vendidas por la Comunidad de Madrid a un fondo buitre en 2013
Otro revés en solo cuatro meses a la operación de venta de 32 promociones de viviendas públicas de la Comunidad de Madrid al fondo buitre Goldman Sachs-Azora en 2013. La justicia anula por segunda vez, en casos diferentes, este traspaso promovido por el Gobierno del PP de Ignacio González al considerar que la venta no estuvo debidamente justificada con otra sentencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, y que parte del recurso colectivo de siete familias del municipio madrileño de Leganés.
El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Madrid lo ha estimado en un fallo que anula de facto la resolución que permitió la operación de venta porque “no se ofrece ni justifica la razón o el por qué dejan de ser necesarias las promociones [vendidas]”. Así, el magistrado hace suyos los argumentos que ya esgrimió otro juzgado en mayo sobre un caso similar en Navalcarnero.
“Dejo sin efecto alguno la adjudicación y la enajenación que se acuerda y con ello la transmisión del contrato de arrendamiento de los demandantes al propietario resultante de dicha enajenación”, dice esta última sentencia, fechada en 3 de septiembre, contra la que cabe recurso de la Comunidad de Madrid.
El Ejecutivo regional tendrá que volver a mover ficha en este sentido otra vez, una vez que el propio presidente ha afirmado que la venta fue un “error”. En el primer caso, que nace de una demanda de un vecino de Navalcarnero, el Gobierno ha recurrido y pleiteará para evitar que se anule la operación. “Ahora el Gobierno tiene la oportunidad de ser coherente con las palabras de su presidente”, asegura la abogada de la Plataforma de Afectadas por la Vivienda Pública y Social (PAVS), Alejandra Jacinto.
Estos dos fallos, en solo cuatro meses, entran por primera vez en el fondo del asunto por primera vez y abren la puerta, según varios abogados consultados, a que el resto de inquilinos recurran la venta de sus casas con garantías de ganar. Los jueces se están empezando a pronunciar sobre este asunto una vez que el Tribunal Supremo ha reconocido la “legitimación activa” de los inquilinos para recurrir la venta como parte afectada.
Ya hay más vecinos que han puesto sus casos en manos de los tribunales y esperan sentencias judiciales en el mismo sentido en los próximos meses, como en Parla o en Vallecas. Letrados consultados por eldiario.es consideran que estos sentencias están circunscritas solo a los casos sobre los que se pronuncian y no, como interpretan otros, a la totalidad de las 2.985 viviendas de la cartera del IVIMA traspasadas por 201 millones de euros en 2013 al fondo buitre.
Esta nueva sentencia llega justo en la semana en la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que se personará como acusación particular en el proceso penal abierto por esta operación en la Comunidad de Madrid y su paralela en el Ayuntamiento de la capital que gobernaba la alcaldesa Ana Botella (PP).
