El PP cuenta con el apoyo de Ciudadanos para una reforma exprés de la Ley del Suelo de Madrid en plena crisis por el caso máster
El PP quiere volver modificar la Ley del Suelo actualmente en vigor en la Comunidad de Madrid y da por hecho que tendrá el apoyo de Ciudadanos para hacerlo pese a la situación de enfrentamiento derivada del escándalo del máster. Los populares cuentan con que el grupo de Ignacio Aguado respalde la reforma que permitirá dar licencias de ocupación de viviendas sin que estén finalizados los servicios de la zona, como las calles, las aceras, el alumbrado, el abastecimiento de agua o el alumbrado. El acuerdo, aseguran fuentes del PP, se cerró “hace semanas”.
Ciudadanos evita adelantar su voto y asegura que no hay “ningún pacto”, pese a que han permitido con su respaldo en la Mesa de la Asamblea que el PP lleve a pleno esta proposición de ley para enmendar por segunda vez en la legislatura la Ley del Suelo por el trámite de urgencia y en lectura única. Será el decimoquinto cambio en la norma desde que se aprobó en 2001. Apenas queda el esqueleto.
Esta especial tramitación que propone el PP avala que las modificaciones se debatan en la Asamblea sin que los grupos puedan presentar enmiendas al texto. “Una cosa es lo que pase por mesa y otra lo que se vote en pleno”, dicen fuentes del grupo naranja. Pero, según ha podido saber eldiario.es, algunos diputados de la formación sí han confirmado en conversaciones de pasillo que votarán con el PP.
PSOE, Podemos y Ecologistas en Acción interpretan este movimiento como una reacción para sortear una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2017 que anula las licencias de primera ocupación de varias urbanizaciones en Valdebebas, uno de los grandes desarrollos urbanísticos del norte de Madrid. El Ayuntamiento de la capital concedió los permisos a inquilinos antes de que se completara la urbanización de la unidad de ejecución, un requisito marcado por ley.
Estas unidades de ejecución son las unidades mínimas en las que se dividen los desarrollos urbanísticos. Un cambio legislativo de 2009 abrió la puerta a que se urbanizaran –se dotara de servicios básicos– y edificaran –se levantaran las viviendas– de forma simultánea, pero no preveía que, además, se pudieran conceder al mismo tiempo los permisos de habitabilidad. Es el argumento en el que se basa la sentencia del TSJ.
La modificación que propone el PP incluye una disposición transitoria que avala que a “las licencias en trámite o pendientes de admisión en el momento de entrar en vigor esta Ley les será aplicable el régimen jurídico previsto en esta Ley”. El nuevo articulado, que se somete a votación este jueves en la Asamblea tras dos semanas de retrasos, incluye que las unidades de ejecución puedan ser desarrolladas “por fases o unidades funcionales independientes, siempre que sea posible justificar técnicamente que son capaces de prestar el uso al que van destinadas y permitan la prestación de servicios de forma autónoma e independiente”. Y estas podrán entregarse “al uso o servicio público de manera independientemente del resto de fases o unidades funcionales”.
Una reforma exprés mientras se redacta la nueva ley
“Con esta reforma se quiere puentear y dejar sin efecto la sentencia”, sostienen desde Ecologistas en Acción, organización que firmó junto a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) un comunicado en contra de la iniciativa. La portavoz María Ángeles Nieto justifica que con ella se “abre la puerta a que la gente pueda irse a vivir a zonas que están a medio hacer”. “Es lógico que hasta que no se urbanice, no estén los equipamientos... no se permita la primera ocupación”, añade.
El PP justifica que esta modificación es “urgente” para solventar la situación de muchos “cooperativista que han comprado viviendas en zonas que están edificándose y no pueden entrar a vivir”. “No se refiere solo a Valdebebas. Hay diferentes desarrollos en Móstoles o Villaviciosa donde hay sectores ya urbanizados que pueden funcionar de forma independiente a toda la zona y los ayuntamientos no dan licencias”, argumentan fuentes del grupo.
Eso justificaría, explican, que no esperen a la aprobación de una nueva ley del suelo. La norma, rechazada por PSOE y Podemos, está en una fase muy avanzada de tramitación en la Asamblea de Madrid. Lleva meses redactándose con la incorporación de enmiendas de los grupos en la ponencia.
El proyecto inicial presentado por el Gobierno, apoyado por Ciudadanos y enmendado a la totalidad por los socialistas y Podemos, reduce el control administrativo eliminando la calificación urbanística, permite poner carpas en suelo protegido y avala la regularización de fincas ilegales, tres puntos que han puesto en pie de guerra a las organizaciones ecologistas.
En este contexto, desde Podemos interpretan que la ley busca una solución hecha a medida de “casos particulares” después de la sentencia. “Estos cambios no se justifican si no es para permitir que los grandes promotores puedan hacer y deshacer sin planificación territorial y urbanística”, apunta la diputada Laura Díaz, cuyo grupo no descarta presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la norma si finalmente sale adelante.
Los socialistas, por su parte, acusan que “ante el marasmo legislativo del urbanismo madrileño son los tribunales los que se ven obligados a interpretar la legislación gracias a las múltiples denuncias de colectivos y particulares”, explica Rafael Gómez Montoya, del grupo socialista.
