La Justicia concluye que Almeida no podía desalojar La Ingobernable por estar el edificio cedido a la Fundación Ambasz

El desalojo de La Ingobernable no fue conforme a la ley. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid concluye que el Ayuntamiento de Madrid no tenía “legitimidad” para expulsar al colectivo, según una sentencia de la Sección Segunda al que ha tenido acceso eldiario.es. Los magistrados dan respuesta así a un recurso presentado por el centro social autogestionado contra la resolución inicial del Gobierno de Manuela Carmena, ejecutada por la corporación actual de José Luis Martínez-Almeida.

Según los jueces, el Consistorio no podía utilizar los mecanismos legales que existen para la “recuperación posesoria” de un inmueble de su propiedad porque el edificio, situado en la calle Gobernador, 30, estaba sujeto entonces a una cesión temporal a la fundación Ambasz. “Pese a la titularidad municipal del bien, la posesión la detentaba el concesionario –o la cesionaria del uso- y no el Ayuntamiento que, una vez adjudicada la concesión, pierde la posesión directa o inmediata de los bienes objeto de la misma perdiendo, con ello, la facultad de ejercitar válidamente ninguna recuperación posesoria”, dice el auto fechado en cinco de junio, que dicta la anulación de una resolución de 2017 que dio inicio al procedimiento administrativo durante el mandato de Manuela Carmena porque “no es conforme a derecho”.

La resolución emanó de la Dirección General de Patrimonio y se aprobó el 8 de noviembre 2017. El contrato con Ambasz se rompió a posteriori, en 2018 con una indemnización de 1,4 millones de euros por parte del Gobierno de Carmena a la entidad, con la que la exalcaldesa, Ana Botella, había firmado una cesión por 25 años sin que esta le diera ningún uso. El objeto era que se construyera, implantara y pusiera en funcionamiento un museo, pero el edificio quedó vacío y en 2017 fue ocupado por La Ingobernable.

El desalojo de La Ingobernable fue una de las promesas electorales del equipo de José Luis Martínez-Almeida. Al tomar el bastón de mando del Ayuntamiento, el nuevo Gobierno municipal ordenó la ejecución del procedimiento iniciado por Carmena –y que nunca llegó a producirse durante su mandato–. Esta orden se llevó a cabo pese a que había un proceso judicial abierto. El colectivo ya había denunciado que el Gobierno no tenía “legitimidad” para ejecutar el desalojo. Perdió en primera instancia en mayo de 2019 (antes del desalojo) y recurrió en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La sentencia se ha comunicado ahora.

Las consecuencias, en el aire

¿Qué consecuencias tiene este auto cuando La Ingobernable ya se ha desalojado? El pronunciamiento judicial anula la resolución de la Dirección General de Patrimonio de 2017 por ser “contraria a derecho”. La abogada de la Red Jurídica que interpuso el recurso ante el TSJM, Naomi Abad, asegura que “la administración era perfectamente conocedora de que no tenían legitimidad y aún así dictó el procedimiento de desalojo”. “En todo caso ellos tendrían que haber iniciado el procedimiento por la vía penal”, apunta la letrada.

Sin embargo, junto a la estimación de este recurso, se ha desestimado otro presentado igualmente ante el TSJM por La Ingobernable contra el auto de octubre de 2019 que avaló la ejecución del desalojo.

En este caso, los magistrados niegan medidas cautelares para revertir la situación porque “no cabe apreciar que se produzcan perjuicios irreparables si no se adopta la medida”. “Esos perjuicios son indemnizables si se llegara a estimar la pretensión deducida por la parte recurrente”, dice el auto, en referencia al otro recurso.

El centro social autogestionado se queja de que no se hayan adoptado, por parte de la justicia, medidas de “reparación” ante un desalojo que no fue conforme a derecho. “El TSJM resolvió el mismo día los dos recursos interpuestos con cinco meses de diferencia dándonos la razón en que efectivamente el ayuntamiento no tenía legitimidad para ejecutar el desalojo y, a la vez, diciendo que no pasa nada porque la situación es reversible y hay unos daños que se pueden indemnizar”, apunta Abad. El colectivo ahora se pregunta “cómo va a haber reversible la situación la administración y cómo va a indemnizar a todas las vecinas que no han podido hacer uso del centro y sus actividades desde entonces”.

El Ayuntamiento de Madrid asegura que está estudiando los fallos y contempla como posibilidad recurrir ante el Supremo el que dictamina que el desalojo fue ilegal. “No pone en cuestión ninguna actuación del actual equipo de Gobierno sino que anula resoluciones del Ayuntamiento en 2017. Ahora mismo está siendo estudiada por la Asesoría del Ayuntamiento”, explican fuentes municipales a este medio.

En febrero, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció que cedía el espacio, situado en un enclave privilegiado de Madrid (el eje Prado-Retiro), a una fundación vinculada a al exregidor Alberto Ruiz Galardón para abrir un museo judío. Almeida avanzó la cesión y nada más se ha conocido de la idea: cuando se dio a conocer oficialmente no había un proyecto museístico desarrollado.