Las asociaciones vecinales responden a la guerra de Vox: “Nos atacan porque damos herramientas para defender derechos”
Vox ha incluido en la lista de lo que llama “chiringuitos” a las asociaciones vecinales. En plena negociación con PP y Ciudadanos de los presupuestos de 2020, la extrema derecha explora en Madrid una nueva vía de presión a sus socios con las subvenciones a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), una entidad fundada en 1975 que agrupa a cientos de organizaciones históricas de todos los barrios de la región y que cuenta con financiación pública desde tiempos de Juan Barranco (1988).
El grupo liderado por Javier Ortega-Smith exigirá para dar su apoyo a las cuentas que se eliminen las ayudas a cientos de organizaciones que tejen redes comunitarias en los barrios. “Queremos que se termine con los privilegios de la FRAVM porque hay otras asociaciones que están siendo discriminadas. Le hemos declarado la guerra política”, dijo el portavoz municipal en la comisión de Vicealcaldía a mediados de noviembre. Tres semanas después, el partido de extrema derecha ha confirmado en sus condiciones para apoyar los presupuestos la eliminación total de las ayudas a la federación, aunque la semana pasada fuentes del grupo municipal aseguraron que estudiarían si reclamar solo una retirada “parcial”.
“La FRAVM es un elemento casi institucional de la ciudad. No somos oponentes ni adversarios en este juego. Están atacando a entidades compuestas por vecinos y vecinas de todas las ideologías, a una federación que no tiene una significación partidista y que siempre ha tenido un funcionamiento independiente de la influencia de los partidos”, defiende su presidente, Quique Villalobos. Antes que él pasó por el mismo puesto Nacho Murgui, que lo dejó para presentarse como número dos de la candidatura de Ahora Madrid, con Manuela Carmena al frente, en 2015.
La federación está compuesta por 183 asociaciones y recibió cerca de 2,2 millones de euros en 2019 por convenios y contratos. El presupuesto anual subió durante el mandato de Manuela Carmena: en 2015 era de 1,4 millones. Sin embargo, el histórico de datos revela que la cuantía de las subvenciones no depende del color político. Con Ana Botella (PP), las subvenciones llegaron a alcanzar los 1,8 millones de euros, aunque en 2013 y 2014 se recortaron.
El borrador de cuentas para 2020 recoge ayudas para la FRAVM por valor de 1,7 millones de euros, según explicó la tercer teniente de alcalde, Silvia Saavedra. Ciudadanos ha confirmado que no está entre sus planes retirar ni reducir la cuantía prevista. Fuentes del grupo aseguran que no está sobre la mesa una negociación sobre este asunto con Vox. “Realizan un trabajo bueno y necesario y realizan un diagnóstico que el Ayuntamiento no podría realizar. La FRAVM justifica cada euro porque se controla por intervención y van a seguir rindiendo cuentas por cada euro”, dijo la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, en respuesta a Ortega-Smith.
Al margen de su posición sobre esta entidad, el Gobierno sí ha entrado en el discurso de los “chiringuitos” y las “redes clientelares” promulgado por Vox y recoge en las cuentas, en un guiño a la extrema derecha, el recorte de 16 millones de euros en subvenciones directas. Aunque nadie en el Consistorio aclara qué entidades son las afectadas por esta medida.
Silvia González, la vocal más joven de la Junta Directiva de la FRAVM, considera que los valores asociacionistas colisionan con la ideología y el discurso de Vox. “Aquí se trabaja para ofrecer herramientas a los vecinos para defender sus derechos”, expresa. La igualdad de género, la descentralización o el ecologismo son “pilares” de las asociaciones, según González, y a la vez algunos de los objetivos a combatir de la extrema derecha. “Esto es una ofensiva a toda nuestra línea de trabajo”, resume.
40 años en el movimiento vecinal
Cuarenta años lleva Pepe Molina vinculado a las asociaciones de barrio. Forma parte de la organización de Palomeras Bajas, en Vallecas. “Me he manifestado frente a Enrique Tierno Galván, frente a Joaquín Leguina y frente a Alberto Ruiz-Gallardón. No nos hemos casado con nadie”, dice al otro lado del teléfono. Tiene 73 años y ha pasado más de media vida en el movimiento vecinal. Por eso pone en valor su función: “Hemos actuado de colchón entre las presiones de arriba y los vecinos con un papel de mediación y de interlocución impagable”.
Quique, Silvia y Pepe coinciden en señalar que han forjado un “poder de tierra” que Vox quiere combatir porque es “democracia de base”. Ninguno recuerda una confrontación tal de ningún partido político. Hasta ahora. “Llegamos a donde no llega la administración y estamos haciendo un trabajo complementario de ayuda y mejora de la ciudad que, sin subvenciones, se pondría en peligro”, dice Pepe. “Hay que dejar claro que las aportaciones económicas son siempre para desarrollar servicios que se acuerdan con el Ayuntamiento. No van al mantenimiento de la entidad, no van a su patrimonio, sino a pagar profesionales. Lo que dice Vox denota un profundo desconocimiento de cómo funciona la FRAVM”, añade Villalobos.
La FRAVM promueve con ese dinero, finalista en la mayoría de ocasiones, todo tipo de iniciativas: desde servicios de mediación para evitar conflictos vecinales a talleres de prevención de la violencia de género; también cursos deportivos, para parados... que benefician, según datos de la entidad, a casi 5.000 personas al año.
