Los ecologistas denuncian al Gobierno de Murcia y a la empresa organizadora de la fiesta ilegal en el Mar Menor

Ecologistas en Acción ha denunciado a la empresa organizadora de la fiesta en la Isla del Ciervo del Mar Menor por el “posible incumplimiento” del Decreto-Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas. Esta norma considera una infracción muy grave “la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas ocasionales o extraordinarias sin título habilitante o excediendo de los límites de los mismos, cuando se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente”.

De acuerdo con el Capitán Marítimo de Cartagena, Óscar Villar, el macrobotellón celebrado el pasado 20 de agosto “no tenía autorización”; y desde la asociación ecologista su portavoz, Rubén Vives, insiste en el “daño directo sobre la valiosa fauna y flora del Mar Menor” que el fondeo de alrededor de un centenar de embarcaciones ha podido tener sobre la laguna salada.

Desde Ecologistas en Acción también han presentado una denuncia ante la consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia, “como entidad competente de velar por el cumplimiento de la legislación de protección que ampara a la isla del Ciervo, como parte del Espacio Natural Protegido de la Red Natura 2000”. Vives ha recordado que tanto la isla como su entorno están protegidas por múltiples figuras de protección, entre las que ha citado las de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Zona de Especial Conservación (ZEC), Humedal de Importancia Internacional y Zona de Especial Protección del Mediterráneo (ZEPIM).

“Dejación de funciones”

Tras la fiesta ilegal en el Mar Menor, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha acusado al Gobierno de la Región de Murcia de “dejación de funciones” por no evitar que más de medio centenar de barcos fondeasen sobre suelo marino protegido. Mientras, el portavoz del PP en la Asamblea murciana minimiza lo ocurrido y acusa a Ribera de querer “convertir un botellón en el gran problema del Mar Menor”.

La ministra ha calificado lo ocurrido de “vergonzoso” en sus redes sociales y se ha preguntado si queda alguien en el Gobierno regional al que le importe el Mar Menor y “esté dispuesto a trabajar en serio por su recuperación”.

Además de la investigación que está llevando a cabo el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), Ribera ha solicitado a los servicios jurídicos de Transición Ecológica que investiguen lo sucedido para valorar sus siguientes pasos. Se abre la puerta a dos escenarios: el Ministerio puede denunciar al Gobierno regional por dejación de competencias o, de considerarse lo ocurrido constitutivo de una situación penal, estudiar otras vías.

Efectivos de la Guardia Civil volvieron a desalojar barcos en los alrededores de la Isla del Ciervo el pasado fin de semana. Tal y como relatan organizaciones en defensa de la albufera como S.O.S Mar Menor, los sábados y domingos las inmediaciones de esta isla “se llenan de barcos”, aunque reconocen que jamás habían visto una fiesta organizada. Lo mismo ocurre con otras zonas de la laguna salada como el interior norte de La Manga.

El presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, ha reprochado al Gobierno central la falta de efectivos de la Guardia Civil para la vigilancia del Mar Menor ante este tipo de incidentes y ha negado que sea competencia del Gobierno regional evitar este tipo de macrobotellones. Al mismo tiempo el portavoz del PP en la Asamblea regional, Joaquín Segado, ha acusado al ministerio de Transición Ecológica de pretender “convertir un botellón en el gran problema” de la laguna, mientras que “en las dos horas que duró aquella concentración entraron al Mar Menor miles de litros de aguas contaminadas, y el Ministerio no hizo nada por impedirlo”.

La ministra le ha recordado a López Miras que la Asamblea murciana aprobó en 2019 un decreto que determina cuáles son las zonas de especial conservación y en el Plan de Gestión Integral del Mar Menor se especifica la necesidad de una autorización por parte de la Consejería para cualquier acto que convoque a más de 25 personas. “La vigilancia de esto le corresponde al Gobierno de la Región de Murcia; me parece de un cinismo absoluto que haya dejación de competencias por parte de la Administración competente y a continuación que la preocupación sea si existe o no dotación suficiente por parte de la Guardia Civil”, ha subrayado Ribera en declaraciones para el diario local La Opinión.