Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como «todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual, psicológico o económico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada», reconociéndolo como una pandemia que afecta al 55 % de la población mundial, habiendo sido hasta un 70 % de las mujeres víctimas de esa violencia en algún momento de su vida.
Esta violencia contra las mujeres ejercida por razón de su sexo encontraría su raíz en las históricas relaciones de poder entre hombre y mujer, en el modelo social patriarcal que ha propiciado relaciones de dominio de éste sobre ella, la desigualdad entre sexos y la discriminación.
Esta violencia contra las mujeres se da desafortunadamente en muchos ámbitos, entre ellos, el laboral.
En julio de2018 CCOO denunció casos graves de acoso sexual a algunas temporeras de Albacete. Ese mismo año se destapaba el caso de las violaciones de derechos que sufrían las mujeres que recolectaban los frutos rojos en Huelva. Y en septiembre de 2020 CCOO denunciaba en el campo de Cartagena (Murcia) los abusos laborales y la situación de acoso sexual y hasta de agresión sexual que están sufriendo trabajadoras marroquíes.
Estos casos son los que han salido a la luz pública gracias a la valentía de estas mujeres, todas ellas en situaciones de extrema vulnerabilidad. Mujeres indefensas que no conocen el idioma, que están solas, muchas de ellas en situación irregular y que vienen con mucha necesidad y con el temor a perder un puesto de trabajo que es el único sustento para ellas y sus familias. Se ven abocadas a dar el paso porque no hay un sistema establecido que las proteja. Pero estos casos son solo la punta del iceberg de lo que está ocurriendo.
En una sociedad como la nuestra donde se abandera la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres es intolerable que hagamos oídos sordos, neguemos la evidencia y tengamos que exponer a las víctimas a denunciar. Mujeres que son insultadas, acosadas y violadas. Que sufren por tener que acceder al chantaje de los intermediarios si quieren mantener su empleo, y con la amenaza de que si denuncian serán deportadas a sus países de origen. Mujeres jornaleras que, en algunos casos, han sido violadas en varias ocasiones.
Quizás ha llegado el momento, aunque llegamos tarde, de ir al origen de estos abusos tanto laborales como sexuales, repensar las condiciones laborales que tienen estas mujeres migrantes y ponerle solución. No podemos seguir manteniendo un sector con personas que no tienen contrato, algunas de ellas en situación irregular y que no conocen sus derechos más básicos, un caldo de cultivo propicio para todo tipo de abusos. Un empleo que demanda mano de obra barata y que se cubre con personas que huyen de la pobreza en sus países de origen. Una incontrolada cadena de subcontrataciones está detrás de toda esta situación de precariedad, abuso, acoso y agresión sexual a estas temporeras. Debería sonrojarnos que estos abusos estén ocurriendo en nuestras ciudades, y que no haya un interés real por erradicar esta lacra social. Ese doble rasero con el que no se protege los derechos de las personas migrantes al mismo tiempo que les necesitamos para recoger nuestras cosechas dice mucho del tipo de sociedad que, con nuestras acciones, estamos conformando.
La solución para un tema de género es poner medidas de igualdad, protocolos frente al acoso y dar formación en igualdad a las partes que no los tengan.
Es responsabilidad de las empresas establecer medidas para evitar la explotación laboral y el acoso y abuso sexual en los centros de trabajo. La Administración debe de asumir su responsabilidad en materia de derechos sociales y laborales, articulando medidas para garantizar los derechos laborales más básicos, fortaleciendo a la Inspección de trabajo para que actúe y sancione a estas empresas, coordinándose todas las partes implicadas con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado para que estos abusos cesen y paguen aquellos que lo han cometido.
Es una vergüenza que esto esté ocurriendo en pleno siglo XXI y que los respectivos gobiernos no estén haciendo nada para erradicar estas prácticas tan deplorables.
*Teresa Fuentes es la secretaria de la Federación de Servicios de CCCOO de la Región de Murcia
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