La reciente DANA ha evidenciado, además del desastre natural, la escasa conciencia ciudadana sobre el funcionamiento del estado autonómico en España, un problema que genera confusión y descontrol en los discursos públicos durante crisis como esta. Esta falta de conocimiento podría estar vinculada a una estrategia de largo plazo que busca erosionar el sistema autonómico.
La gestión del Gobierno de Murcia al activar la alerta roja fue rápida y eficaz, lo que incluyó la suspensión de clases para evitar riesgos mayores. Esta respuesta contrastó con la actuación deficiente de la Comunidad Valenciana, donde la falta de avisos y coordinación se tradujo en pérdida de vidas humanas. Determinar responsabilidades será una cuestión política una vez que se estabilice la situación e, incluso, podría dar pie a procesos judiciales, tanto civiles como penales.
Más allá de analizar responsabilidades, este texto aborda los discursos surgidos durante la crisis. El primero está relacionado con la generalización: si un político falla, se tiende a considerar que todos los políticos son incompetentes. El segundo discurso, aprovechándose del anterior, propone eliminar el sistema autonómico a través de un estado de excepción derivado de una catástrofe, un antecedente peligroso. El tercer discurso es el de 'infurecer': aquel que, en busca de visualizaciones, solo encuentra imágenes donde todo parece ir mal y él se presenta como el único o probable salvador, erigiéndose en representante del pueblo. Esto tiene unas connotaciones: el discurso de la nación o la de que 'solo el pueblo salva al pueblo' que analizaremos al final del artículo.
Para comprender estos discursos es necesario analizar el origen y estructura del estado autonómico español. Este modelo deriva de la Constitución de 1978 y de tradiciones históricas, especialmente la foralidad, una herencia que el franquismo mantuvo solo en Navarra y que se extendió al País Vasco con la democracia. Para su construcción se articularon diferentes vías, la primera la foral, que aplicó Navarra mediante la aplicación de la Disposición adicional primera; la segunda la histórica dispuesta en la Disposición transitoria segunda, que reconocía aquellas comunidades que hubieran gozado de Estatuto durante la república: Cataluña aprobado en 1932, País Vasco aprobado en 1936 o gozasen de plebiscito previo, Galicia (1936); la tercera la vía, al elegida por Andalucía derivaba del artículo 151, mientras que Madrid, Ceuta y Melilla, lo harían por el 144 y Murcia lo haría constituyendo sus elementos preautonómicos en el Pacto de Floridablanca.
Esta diversidad de vías para alcanzar la autonomía condujo al diseño de un 'café para todos', en palabras de Manuel Clavero Arévalo, ministro durante la Transición. Este modelo que se cerró en 1983 sentó las bases para un sistema que permite gestionar las particularidades de cada región dentro de un marco común. La riada de Bilbao ese mismo año ejemplificó la necesidad de coordinación en situaciones de emergencia, cuando el entonces lehendakari, Carlos Garaikoetxea, asumió el mando y permitió una respuesta eficaz que evitó tensiones adicionales y estableció fórmulas de cooperación entre el gobierno autonómico y el central que se fraguó más tarde en la ley de protección civil de 1985.
Sin embargo, la experiencia autonómica en situaciones de emergencia ha tenido altibajos. En 1998, Jordi Pujol, presidente de Cataluña, se negó a solicitar ayuda del ejército para controlar unos incendios, una decisión que generó críticas y abucheos a su persona. Situación similar ocurrió en Cataluña en 2001 con una nevada que también fue duramente criticada. En 2005, tras el desastre del Prestige (2004), el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó la creación de una Unidad Militar de Emergencias (UME) para favorecer la intervención del ejército en situaciones de catástrofe. Las críticas entonces fueron enormes dado que esta, decían los periódicos de derechas, podría intervenir sin que lo solicitase una comunidad autónoma. Conviene revisar la hemeroteca.
La UME ha intervenido en múltiples ocasiones desde entonces, siendo su primera intervención en 2007 en Gran Canaria. Incluso en Cataluña, donde en 2015 y 2019 se solicitó su ayuda para emergencias, su apoyo fue agradecido por líderes autonómicos como Quim Torra, lo que evidenció un cambio en la cooperación entre el Estado y las autonomías en temas de emergencia.
La lealtad institucional entre administraciones es fundamental para abordar temas básicos como la gestión de desastres. La intervención estatal en una autonomía requiere la solicitud previa de la administración autonómica ya que esta tiene un conocimiento detallado del terreno y suele contar con mayor capacidad de respuesta inicial. La Comunidad Valenciana, en este caso, decidió no activar sus primeras defensas, ni solicitar más tarde un nivel mayor de emergencia ni el Estado de Alarma, lo que no ha impedido la intervención del Estado desde el mismo momento en que esta solicitó dicha ayuda.
La inefectividad de la Comunidad Valenciana en la solución de sus problemas plantea un dilema de difícil solución: cuándo es posible intervenir una comunidad autónoma por su mala acción, si es esto posible fuera del 155. La intervención del ejército –por muy UME que sea– sin que la autonomía fije el grado de intervención establece un problema de alto calado y nos hace reflexionar sobre responsabilidades y funcionalidad en un sistema descentralizado.
En el contexto valenciano, esta falta de respuesta eficaz y la ausencia de sus autoridades han elevado el tono de las críticas. Quienes acusan al Estado y, por extensión, al Gobierno de inacción lo que desearían es eliminar de facto el modelo autonómico creado por la Constitución de 1978 que, según ellos, ha ido demasiado lejos. La pulsión centralista es, en ocasiones, compartida por las derechas y por las izquierdas: el PCE español no tiene una visión federal, como tampoco lo tenía el primer Podemos de listas cerradas y plancha y para el PSOE, visto está con los discursos de González o el propio Guerra, la autonomía andaluza fue algo no previsto. De este modo, los detractores del sistema autonómico ven en la DANA una oportunidad para atacar un modelo democrático que ha gestionado con éxito las particularidades de cada región y estos están triunfando porque no ha existido pedagogía sobre la construcción del Estado autonómico.
La crítica de los primeros días tras la crisis no estaba orientada hacia soluciones inmediatas, sino que parecía formar parte de una estrategia a largo plazo. El objetivo era presionar para que el Gobierno de España interviniera, lo cual habría puesto en riesgo la estabilidad de la legislatura e, incluso, cuestionado la Constitución misma.
Esta postura fue amplificada por un nuevo tipo de comunicación basada en el 'infurecer': un enfoque que gana popularidad al presentar constantemente imágenes del desastre, proyectándose al mismo tiempo como una suerte de 'salvador', desvinculado de las soluciones reales. Esta narrativa ignora una de las claves fundamentales para afrontar estas situaciones: el correcto funcionamiento del Estado. Este, sin embargo, es atacado desde dos perspectivas opuestas: la extrema derecha, que apela a una visión subjetiva de la nación como salvadora del pueblo, y la extrema izquierda, que sostiene que 'solo el pueblo salva al pueblo', como si no fuera precisamente del pueblo de donde emanan todos los poderes del Estado y los mecanismos para sostenerlo.
La situación es crítica, porque además, para explicar estas cuestiones necesitamos además de artículos largos como este, vídeos que, desde una comunicación directa y clara, permitan salvar la semilla de la destrucción que parece descansar en el después de ciertos discursos.
La reciente DANA ha evidenciado, además del desastre natural, la escasa conciencia ciudadana sobre el funcionamiento del estado autonómico en España, un problema que genera confusión y descontrol en los discursos públicos durante crisis como esta. Esta falta de conocimiento podría estar vinculada a una estrategia de largo plazo que busca erosionar el sistema autonómico.
La gestión del Gobierno de Murcia al activar la alerta roja fue rápida y eficaz, lo que incluyó la suspensión de clases para evitar riesgos mayores. Esta respuesta contrastó con la actuación deficiente de la Comunidad Valenciana, donde la falta de avisos y coordinación se tradujo en pérdida de vidas humanas. Determinar responsabilidades será una cuestión política una vez que se estabilice la situación e, incluso, podría dar pie a procesos judiciales, tanto civiles como penales.