Recién acabada la Feria y con la sucesión de eventos de todo tipo, mayoritariamente musicales, previstos para lo que queda de año y durante 2025, se ha reabierto el debate sobre el ruido y otras molestias que debe soportar la ciudadanía de una forma cada vez más frecuente.
El cambio a última hora y sin previo aviso de un concierto desde el recinto de la FICA a la Nueva Condomina no ha hecho sino trasladar el asunto de los ruidos de un lugar a otro, sin dar solución al verdadero problema, la conciliación entre la diversión de unos pocos y el descanso de la mayoría.
Los festivales al aire libre en la ciudad no solo afectan a estos dos espacios. Ya son décadas en las que se vienen usando lugares como el parque de Fofó, el Cuartel de Artillería o la plaza de toros, en pleno casco urbano, con las consiguientes molestias para el vecindario más próximo.
El Ayuntamiento de Murcia se ha convertido en el consistorio de los festejos. Si en 2018 el presupuesto destinado a fiestas populares y festejos era de poco más de 800.000 euros, este año supera los 2 millones de euros. Además, la Comunidad Autónoma ha destinado para 2024 1,65 millones de euros a los festivales, casi todos de índole privado, por su “reclamo indiscutible para el turismo”, un millón más que en 2023, argumentando que “ayudan a construir la imagen” de la Región y que son ya “una seña de nuestra identidad”.
Pero no han contado con la cara B de este fomento de eventos privados al aire libre, los ruidos ambientales que cada fin de semana, prácticamente, atronan el entorno, además de la intensificación del tráfico privado, con la contaminación asociada, y la suciedad que deja a su paso, que repercute en espacios naturales como el río Segura.
Varias asociaciones vecinales plantean que estos eventos festivaleros y conciertos no se lleven a cabo en espacios rodeados de edificios y casas, sino que se trasladen a lugares más aislados, pero bien comunicados con transporte público. Este problema no es exclusivo de la ciudad de Murcia. En Madrid, los vecindarios adyacentes al estadio Santiago Bernabéu y a la Caja Mágica, éste al sur de la capital, están hartos de ruidos hasta altas horas de la madrugada. En Valencia ocurre otro tanto con los residentes cercanos a la Ciudad de las Artes, sede de conciertos y festivales. Bilbao, Barcelona, Sevilla, muchas ciudades sufren este problema, al que los equipos de gobierno municipales no han sido capaces de poner solución.
Hay otro aspecto asociado al problema del ruido. La acumulación de festivales musicales en los que no se prima la calidad, sino el negocio, ha sido puesta en entredicho por numerosas asociaciones de usuarios y profesionales del sector de la música. En 2023 se celebraron en España un total 908 festivales, 103 más que en 2020, siendo las comunidades de Cataluña, Madrid y Andalucía las que acogen mayor número de estos eventos.
Muchos de los festivales han recibido quejas por parte de los participantes, por los precios abusivos, colas en barras y baños, la prohibición de entrar al recinto con comida propia y graves problemas de movilidad, como se comprobó en Murcia en el concierto de Nueva Condomina, donde el Ayuntamiento dejó tirados a miles de personas sin transporte público, a pesar de haber anunciado un servicio especial de tranvía para llegar al casco urbano.
Muchos de esos festivales buscan a menudo más el beneficio rápido que la calidad de su oferta musical, constituyendo una “experiencia” en sí misma, un bien de consumo rápido para ser mostrado en las redes sociales.
Los beneficios económicos, a menudo para unos pocos, que traen consigo los festivales y conciertos no pueden suponer que vecinos y vecinas de determinados barrios sufran de forma reiterada molestias en forma de ruido, aglomeraciones, suciedad y atascos. Los ayuntamientos deben encontrar soluciones para conciliar ambos intereses sin perjudicar a las partes. Es una tarea ardua pero necesaria para toda la ciudadanía.
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