El procedimiento escogido por el independentismo catalán para dar cobertura a la declaración de independencia ha sido el referéndum unilateral, con un carácter vinculante a partir de la mayoría simple, bajo el pretexto de que, sobre Cataluña, solo pueden decidir los catalanes. Sin embargo esto, obviamente, es muy discutible.
En primer lugar, independientemente de cuestiones jurídicas y del statu quo institucional, llama la atención que un hecho tan trascendental como la constitución de un nuevo Estado, que afecta al 100% de los habitantes, dependa de una simple mayoría de tal forma que solo la mitad de ellos puedan decidir por la otra mitad. En los sistemas democráticos avanzados, las grandes cuestiones institucionales y de Estado son regidas por la llamada mayoría cualificada, que consiste en el apoyo de al menos dos tercios del total de votantes, precisamente para evitar este problema de que decisiones trascendentales se hagan en contra de una numerosa masa social, y así únicamente tengan cabida cuando son compartidas por una contundente mayoría.
En segundo lugar, es su unilateralidad lo que provoca polémica. ¿A quién “pertenece” cada palmo de terreno que conforma Cataluña? ¿A los vecinos de cada barrio por separado? ¿A los empadronados en cada municipio? ¿A los habitantes de la comarca? ¿A la provincia? ¿A la Comunidad Autónoma? ¿A España entera? Por el mismo motivo que un independentista no quiere que un manchego se entrometa en lo que considera su territorio, puede un tarraconense no querer que un leridano decida sobre lo que él entiende que es su trozo de territorio.
Para la política de Estado, en una cuestión de organización institucional, parece que la escala adecuada es la estatal, es decir, la que considera a todo el territorio en su conjunto, puesto que lo que suceda en cualquiera de sus partes acaba definiendo al conjunto. El independentismo catalán, no obstante, optó por la mayoría simple y por la escala autonómica. ¿Qué habría ocurrido si esto no hubiera sido así? Es decir, ¿qué fronteras tendría una Cataluña independiente aplicando, para distintas escalas y bajo distintas condiciones, el argumento de que cada entidad territorial puede decidir en exclusividad sobre su organización institucional?
Como los resultados del referéndum desglosados, por la ilegalidad de la convocatoria del mismo, no son públicos y no pueden ofrecer ninguna garantía democrática y de calidad, hemos recurrido a las elecciones autonómicas más recientes (2015), para diseñar simulaciones cartográficas de territorio con voluntad de independencia, asumiendo que los votos a JxSI y la CUP son equivalentes a deseo de independencia, puesto que son estos partidos los que el día 10 de octubre de 2017 firmaron una declaración unilateral de independencia, votada en el Parlament el día 27.
Nuestro Escenario “A” [ver mapa] es el resultado de una aprobación independentista por mayoría cualificada, en función de la entidad territorial considerada. A escala autonómica, los votos independentistas son inferiores a los dos tercios del total y por tanto Cataluña no sería independiente. Del mismo modo, en ninguna provincia los partidos independentistas alcanzan un apoyo de mayoría cualificada, por lo que a escala provincial toda Cataluña quedaría fuera del independentismo. A nivel comarcal, sí hay territorio donde el secesionismo supera los dos tercios de los votos totales, frente a otras entidades territoriales donde no sucede, de forma que la Cataluña independiente a escala comarcal se limitaría a una banda central de territorio, por la unión de las comarcas independentistas. Finalmente, tomando como referencia los municipios, el independentismo conseguiría una mayoría cualificada en territorio discontinuo, puesto que en más de 300 municipios los votos independentistas son inferiores a los dos tercios del total.
El Escenario “B”, por su parte [ver mapa], contempla una aprobación de la independencia por mayoría simple, por lo que el territorio que se independizaría sería mayor, aunque también presenta grandes diferencias en función de la entidad territorial de referencia que se usara. A nivel autonómico, Cataluña seguiría sin ser independiente, ya que los votos independentistas son inferiores al 50% en el conjunto del territorio. Esta vez, sin embargo, hay dos provincias cuyos datos porcentuales favorecen el independentismo, conformándose una especie de Cataluña del Norte independiente frente a una Cataluña del Sur no independiente. Tampoco todas las comarcas presentan votos mayoritarios a partidos independentistas, y quedaría territorio al norte y territorio al sur descolgado de la República Catalana. A nivel municipal ocurre lo mismo que en el “Escenario ”A“, con un territorio agujereado, aunque más continuo que si se exigiera mayoría cualificada.
¿Referéndum pactado?
Con los mismos votos, cada palmo de terreno catalán podría considerarse por igual independiente o no independiente, según la escala. Entonces, ¿qué opción es la más justa? Todas estas simulaciones cartográficas nos llevan a la conclusión de que no es un tema baladí concertar la escala adecuada para la configuración de la circunscripción electoral de un referéndum.
Parece que gran parte de la sociedad catalana, independentista o no, pide a los responsables políticos la celebración de un referéndum pactado, “por el derecho a decidir”. Pero ese derecho, que efectivamente existe, ¿a los habitantes de qué escala espacial corresponde y bajo qué criterios?
Desde la ciencia geográfica, cualquier planteamiento territorial siempre comienza con una definición escalar. La delimitación de un territorio debe tener en cuenta elementos homogeneizadores, que son los que marcan sus fronteras, al señalar la distinción con otros territorios. Pues bien, estos elementos homogeneizadores dependen básicamente de la escala, puesto que cualquier objeto (material o inmaterial) puede presentar diferencias con otros según la abstracción que se esté dispuesto a hacer.
La delimitación territorial debe ajustarse a una escala apropiada, que permita la convivencia social, respetando una abstracción general de cultura y espacio común. Esta abstracción básica, en el ámbito del derecho internacional, la ostenta el Estado. En nuestro caso, es el Estado español el que nos define como sociedad y espacio. Ahora bien, dentro de cada Estado, y en función de otras escalas menores de abstracción, se pueden distinguir tantos territorios peculiares como criterios se movilicen, y organizarlos de la forma que se consense. Uno de estos criterios es la sensibilidad nacionalista de determinadas regiones, canalizada constitucionalmente a través del llamado Estado de las Autonomías, donde existe una fuerte descentralización del poder político, funcionalmente asimétrica.
Este sistema, en continua reconfiguración, puede que haya sido desbordado y requiera de una mayor concreción, a través de consensos renovados. Estos consensos, por su enorme trascendencia en la identidad patria, deben ser refrendados por la sociedad, para lo cual tiene su razón de ser un referéndum. Ya hemos visto con las simulaciones cartográficas a qué esperpento da lugar la partición territorial sin límites. Desde un criterio geográfico, el único referéndum pactado que tiene sentido es un proceso electoral, que configure un Parlamento representativo y legítimo que, mediante la acción política, concrete la realidad ideológica de la sociedad. Si esta realidad social es ampliamente mayoritaria hacia un cambio de paradigma institucional, el propio Parlamento tendría que consensuar una propuesta política alternativa y entonces sí tendría sentido democrático plantear un referéndum para validarla, recurriendo a una circunscripción acorde con la escala territorial afectada por esta propuesta alternativa.
El 21 de diciembre se celebran elecciones autonómicas en Cataluña; el arco parlamentario resultante será clave para la concepción política y geográfica de la reforma institucional. Este es el referéndum previo de los catalanes para ejercer su derecho a decidir, con legitimidad y garantías. Puede estar por llegar un referéndum posterior, de validación, que dependerá de las propuestas políticas catalanas en su ajuste con el conjunto del Estado español. La Geografía tiene mucho que decir en la cuestión catalana. Junto a politólogos, economistas, juristas, sociólogos, historiadores… ¿por qué no escuchamos también a los geógrafos?
