La estafa de iDental presenta el marco perfecto en el que la financiarización de la economía es capaz de introducirse en las mentes y en los cuerpos de las personas hasta dejarles sin dientes. Esta salvaje hipótesis se ha hecho realidad en este país, donde hemos visto a personas de todas las edades, sin muchas de sus piezas dentales, tras haber caído en la trampa de contratar un tratamiento bucodental y un préstamo financiero para sufragarlo (a través de las entidades Evo Banco, Sabadell, Cetelem o BBVA). Y esta no es una estafa aislada, es parte estructural del modelo económico global en el que deambulamos.
Las estafas en las cadenas de clínicas dentales se han vuelto una práctica habitual en España, porque antes de iDental, las han pergeñado también Vitaldent, Fannydent… y atentos a las que vendrán. Y es que la mano invisible del mercado aprieta y ahoga en un país con más de 25.000 clínicas dentales y con 34.500 dentistas (Consejo General de Dentistas de España), entre los cuales hay jóvenes dentistas trabajando en condiciones precarias en estas empresas mercantiles que compiten entre ellas abaratando costes y precios. Y mientras el mercado hace de las suyas, no parece que desde la sanidad pública se esté haciendo mucho para integrar el servicio de salud bucodental entre sus prestaciones, aunque proclame que del mal cuidado dental se derivan muchas enfermedades y a veces graves problemas para nuestra salud.
Pero volvemos sobre el modelo económico. El geógrafo David Harvey acuñó el concepto de “Acumulación por desposesión” para dar compresión a esta estrategia neoliberal. Este concepto remite procesos en los que el capital, tras momentos de gran acumulación especulativa –como en la burbuja inmobiliaria que llevó a la crisis- sigue acumulando a partir de sustraer a las capas más precarias y pobres de la sociedad lo poco que les queda.
Lo más cruel de esta dinámica de desposesión se desempeña robándoles aquello que es imprescindible para la vida. Lo podemos observar con estos más de 10 años de desahucios por hipotecas (viviendas que bancos y fondos de inversión utilizan ahora para controlar el mercado de alquiler); lo vemos ahora con la generación de una nueva burbuja inmobiliaria a partir de la especulación con el mercado de la vivienda de alquiler; lo hemos visto con la privatización de la gestión del agua en municipios endeudados tras la crisis, lo que ha generado la subida del precio y el aumento de los impagos y cortes de agua; lo vemos con la proliferación de casas de apuestas y juegos; lo hemos visto con la disminución del gasto en sanidad y educación pública y el aumento de la privatización de ambas; y ahora lo vemos a través de la especulación con los dientes de las poblaciones con menos recursos económicos.
Se trata, en definitiva, de que todo aquello que estaba o debería estar protegido, porque tiene el objetivo de satisfacer necesidades básicas de la gente, como la vivienda, la educación, la protección de la salud, de la alimentación, el acceso al agua potable… es ahora objetivo primordial del capital, desposeyendo así al que menos tiene, repito, de lo poco que le queda. Este mantenimiento voraz y cruel del sistema es quizás lo más semejante a una guerra sin armas, que está dejando un mar de heridos con cicatrices que se encarnan en sus mentes y en sus cuerpos, a veces de forma irresoluble (y que me perdonen aquellos territorios en guerra de este mundo). Las fotos de un grupo de mujeres en una protesta, mujeres de diferentes edades afectadas por iDental, con cara de rabia y con las bocas abiertas sin dientes, es la imagen de la distopía que no nos anunciaron los “dentistas con corazón”, como así se presentaban los de iDental.
¿Y quién lleva a cabo esta brutalidad? La empresa iDental es en realidad un conglomerado de empresas. Entre ellas, ya ha quebrado “Medical Global Investments”, sobre la que el informe del acreedor señaló: “Ha desplazado toda su actividad y giro comercial a otra entidad”, con el objetivo de “ocultar responsabilidades, para el alzamiento de bienes y para la defraudación a los acreedores”(…) “iDental es un monumental fraude que arrastra a los clientes/pacientes/damnificados con escasos recursos monetarios hacia la más absoluta ruina económica y a irremediables perjuicios e incontrolables secuelas nocivas para su salud”.
No es gracioso saber que, antes de esta situación, antes de que supiéramos que nuestros dientes valían tanto, el fondo buitre Weston Hill Asset Management se había quedado con iDental por 25 millones de euros, supuestamente, para salvar la empresa. Está claro que era imposible intuir dónde se estaba metiendo una persona cuando decidió entrar a una sede de iDental a preguntar que “¿qué es eso de que nos beneficiamos de subvenciones para ayudar a arreglar la boca a quien no tiene muchos ingresos?”. Aquí no vale eso que ha dicho algún odontólogo refiriéndose a las víctimas: “Ellos eligieron lo que querían hacer”. Aquí no hay azar ni igualdad de oportunidades, hay estrategia, hay estafa y hay crueldad.
Así, tras unos meses cerradas las clínicas, se abrió la vía judicial de la “estafa iDental” gracias a que los afectados y afectadas se han organizado y se han puesto manos a la obra. Y la lucha no es fácil, pero ya es mucho que en tan pocos meses la estafa iDental haya sido reconocida y categorizada como tal desde las instituciones públicas. El juez de la Audiencia Nacional, José de La Mata, apunta los supuestos delitos de estafa, administración fraudulenta, falsedad documental, lesiones apropiación indebida, delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales. Casi nada.
Y esto nos abre también muchas preguntas: ¿Dónde están los controles públicos para haber evitado esta situación? ¿Cómo es posible que este tipo de estafa se repita con diferentes empresas durante años? Se van a exigir responsabilidades a las empresas -si encuentran a sus propietarios-, pero ¿y las responsabilidades del Estado por no controlar estas prácticas? ¿Qué se puede hacer desde las diferentes instituciones públicas para abordar el problema?
De momento, las instituciones políticas que han aprobado medidas, el Congreso de los Diputados y, en nuestra comunidad, la Asamblea Regional, tienen que esforzarse por ejecutarlas con todas las garantías y celeridad posibles. Y también el sistema judicial tiene que hacerse valer adoptando sentencias valientes para responsabilizar a los culpables y reparar en todo lo posible los derechos vulnerados. Así, quizás, se haga saber a la sociedad quién es el culpable –que nunca es el vecino o la vecina-; se pueda aprender mínimamente cómo se ha podido llegar a materializar esa estafa; y, lo más difícil, se pueda hacer sentir que las instituciones hacen todo el esfuerzo para poder reestablecer la salud y la economía de quienes menos tienen y han sido estafadas.
Mientras seguiremos pergeñando la ilusión de democratización de nuestras sociedades, y sobre cómo llegar y cómo puede ser un nuevo “Contrato Social” que evite estos y otros muchos desastres del neoliberalismo.
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