La Sección de Delitos de odio y discriminación de la Fiscalía ha abierto diligencias contra el portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, por las declaraciones en las que vinculaba la migración con la delincuencia. Alpañez aseguró que los migrantes que llegaban a España buscaban huir de sus países por “problemas de legalidad y delincuencia”: “Nuestras cifras de delincuencia se están incrementando geométricamente, los delitos sexuales relacionados con menores de edad y, sobre todo, con inmigrantes se multiplican por más de 100”.
“Vamos a estudiar si sus declaraciones pueden ser constitutivas de delito”, dijo a elDiario.es el Fiscal Superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, en referencia a las palabras pronunciadas por Alpañez.
En relación con las declaraciones vertidas por el vicepresidente de la Región de Murcia (Vox), José Ángel Antelo, a través de la red social X (conocida anteriormente por Twitter), la Fiscalía entiende que las manifestaciones efectuadas por el vicepresidente de la Región de Murcia podrían estar amparadas por la libertad de expresión, aunque “puedan resultar, para muchos, impopulares, desacertadas u ofensivas, pero no serían constitutivas de discurso de odio”.
Antelo relacionó la entrada de 200 migrantes argelinos en las costas murcianas de Cabo de Palos y Monte Ceniza con la entrada de yihadistas en patera y apuntó a una supuesta “complicidad” del Gobierno con las mafias.
Las entidades promotoras de la denuncia consideran que “las conductas denunciadas entrañan claramente descrédito, humillación y menosprecio de un colectivo vulnerable caracterizado por su origen nacional –extranjero y particularmente, proveniente del norte de África–, así como por su etnia y por su situación administrativa como migrantes en situación de irregularidad”.
Han adelantado que estudiarán “con detenimiento” el contenido del Decreto de Incoación, aunque valoran de forma positiva la apertura de Diligencias de Investigación y permanecen atentas a los procedimientos que se lleven a cabo desde el Cuerpo Nacional de Policía a través de la Brigada de Información para determinar si con el resultado de los mismos se esclarecen los hechos denunciados y se depuran las responsabilidades penales que de ellos se puedan derivar.