Veto parental, supresión de subvenciones a los sindicatos y referencias vagas al Mar Menor: el pacto de PP y Vox en Murcia

Apenas veinticuatro horas antes de que dé comienzo la segunda sesión de investidura de Fernando López Miras como presidente de la Región de Murcia, Partido Popular y Vox han sellado definitivamente el acuerdo pragmático que marcará la línea y el cariz de las políticas que impondrá el inminente Ejecutivo de coalición con 30 medidas. El acuerdo sintetiza, en suma, la práctica totalidad de las 88 medidas que los populares ofrecieron a los ultraderechistas el pasado mes de julio, varias de éstas, sin embargo, modificadas con el objetivo de incluir en ellas algunas de las principales exigencias de los de Antelo.

Que Joaquín Segado (PP) y Rubén Martínez Alpáñez (Vox), líderes negociadores de sus respectivos partidos en lo respectivo al programa de gobierno para los próximos cuatro años de legislatura, hayan llegado a la sala Alfonso X de la Asamblea Regional dispuestos a firmar el documento que recoge todas las medidas acordadas y se hayan saludado de forma afectuosa, visiblemente confiados, intercambiando bromas y sonrisas, es una prueba evidente del vínculo que une a ambas formaciones desde hace apenas cuatro días, cuando todavía la repetición electoral en la Región de Murcia era una posibilidad tangible y el pacto entre populares y ultraderechistas llegó en el tiempo de descuento, a apenas una semana de que expirara el plazo y se disolvieran las cortes autonómicas. Aunque algunas diferencias siguen latentes y sin resolver, como las medidas referentes al Mar Menor o al veto parental.

El aspecto que más se ha encallado ha sido la supresión de las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales, una cuestión que Vox ya ha llevado a cabo en la Junta de Castilla y León. El partido de extrema derecha estaba dispuesto a eliminar las ayudas directamente y el PP ha cedido quitándolas de forma progresiva. Esta cuestión ha desencadenado que el Ministerio de Trabajo envíe dos requerimientos a la Junta, lo que supone un paso previo a ir a juicio.

El Mar Menor y las políticas educativas, primeros motivos de desacuerdo tras la firma del programa: “No podemos caer en la tentación de pelearnos entre nosotros”

“Hemos firmado un pacto que otorgue confianza y certidumbre a los ciudadanos de la Región de Murcia, un pacto de un Gobierno fuerte, con un programa basado en propuestas del PP y también de Vox”, ha expresado Joaquín Segado en la rueda de prensa posterior a la rúbrica del documento. “Queremos destacar los puntos que nos unen a Vox”, ha continuado, “la defensa del Trasvase Tajo Segura, la apuesta por un plan hidrológico nacional que garantice el agua, la protección de la sanidad, las inversiones en atención primaria y salud mental, la defensa de la familia y la búsqueda de la excelencia educativa y la educación en libertad”.

No obstante, pese a esos puntos o aspectos de conexión entre los prometidos socios de Gobierno citados por el portavoz popular, no han tardado en constatarse las primeras diferencias. La primera de todas, la que ha ocupado la gran parte de las conversaciones y los titulares desde las elecciones del 28M: el Mar Menor. Sin hacer mención a la laguna salada, Segado sigue asegurando que “sólo se avanzará en su protección”. “Exigiremos a todos que cumplan sus promesas”, ha añadido, “incluido al Gobierno de España”. Sin embargo, Martínez Alpáñez, consciente de la ostensible ambigüedad con que se mencionan las acciones en torno al ecosistema en el documento, ha dejado claro, una vez más, el compromiso del partido de ultraderecha: la modificación de la Ley de Protección. “No aparece expresamente en el texto la derogación de la ley, ni su modificación. Pero el deber de Vox sigue siendo el mismo: mejorar la situación actual de la laguna. Hay un punto específico en el acuerdo que dice expresamente que se acometerán todas y cada una de las medidas necesarias para que mejore”. “No podemos caer en la tentación de pelearnos entre nosotros, porque el único beneficiado sería el PSOE”, ha matizado.

Las políticas educativas parecen ser otro asunto que trasluce, con las palabras que ambos portavoces han expresado, la aparente disparidad de opiniones entre populares y ultraderechistas. El veto parental fue hace cuatro años una de las medidas estrella de Vox que López Miras puso en marcha en las aulas tras su investidura y que se llevó a la práctica en una versión descafeinada. “Es el Partido Popular el que ostentará la Consejería de Educación. No tengo ninguna duda de que el pin parental se pondrá en marcha, de que habrá herramientas que permitan sacar la ideología de nuestras aulas”, ha aseverado Martínez Alpáñez. Segado, sorprendido por las declaraciones de su homólogo, se ha limitado a hacer “una lectura comprensiva” del documento recién firmado: “No he visto nada sobre pin parental”, ha zanjado contundente el popular.

En materia de igualdad, Segado ha mencionado que el Gobierno tiene “una apuesta por la lucha por la igualdad salarial y contra la violencia machista”. En otras cuestiones, como por ejemplo fiscalidad y financiación, el portavoz del PP ha recalcado que se seguirán llevando a cabo “políticas de bajos impuestos”. El Gobierno reivindicará, ha comentado, “una financiación justa para la Región de Murcia, para que se trate a sus ciudadanos igual que a cualquier otro del país”.

La supresión de las subvenciones directas a sindicatos y organizaciones empresariales se irá llevando a cabo de forma progresiva. “La concurrencia competitiva es el método ordinario de concesión de subvenciones. Esto no es más que valorar, con criterios objetivos, los proyectos que se presentan para asegurar la máxima eficiencia en el control del gasto público”, ha concluido Segado.

“Programa oculto”

Según María Marín, portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, “el pacto entre Partido Popular y Vox y el programa que han hecho público son una terrible noticia para los intereses de la clase media y trabajadora, para los derechos de las mujeres y las personas LGTBI, para las personas inmigrantes y sus familias y para nuestro patrimonio natural, especialmente para el Mar Menor”. La diputada va más allá y advierte además de la existencia de “un programa oculto que no se atreven a hacer público”, pero que conllevará graves recortes en la lucha contra la violencia de género o la protección del medioambiente.

Por todo ello, Marín afirma que el próximo jueves, “será un día negro en la historia de esta Región”. Sin embargo, considera que “no hay tiempo para el desánimo ni para la resignación. Al contrario: este día debe ser un punto de inflexión para construir una Región de Murcia abierta, moderna, próspera, más igualitaria y libre de odio”. Por ello, la diputada invita a la ciudadanía a “mostrar de forma pacífica su rechazo a este nuevo gobierno ultra el próximo jueves”.

Un acuerdo, in extremis

A tan solo una semana de que terminase el plazo, PP y Vox se pusieron de acuerdo para formar gobierno el pasado viernes por la noche, y una hora después se reunieron en privado. Aparentemente, la negociación ocurrió en tiempo récord y el medio de negociación, inusual: en tan solo cuatro horas ambas fuerzas políticas sellaban un pacto a través de una red social: Twitter. “Ha habido un acuerdo tan rápido porque viene impuesto desde las direcciones nacionales. Al final el PP necesita sí o sí el apoyo de Vox para la investidura a nivel nacional”, contó el politólogo Francisco Javier Carvajal.

Las negociaciones se cerraron en la Región tres meses después de la celebración de las elecciones autonómicas y municipales el pasado 28M y la investidura de López Miras tendrá lugar los próximos 6 y 7 de septiembre, apurando al máximo el plazo para que no se disuelva la Asamblea Regional, que según los Estatutos, tendría que erradicarse dos meses después de la fallida primera sesión de investidura del jefe del Ejecutivo murciano en funciones el pasado 7 de julio.

Mientras que López Miras había insistido durante la campaña electoral y el periodo de negociaciones en que Vox no entraría “bajo ningún concepto” en el Ejecutivo murciano, desde el partido de extrema derecha ya dejaron claro desde finales de julio, al darle un plantón al jefe del Gobierno murciano en funciones, que sólo se sentarían para pactar a cambio de una vicepresidencia y dos consejerías, como ha sucedido finalmente, ya que también han obtenido la de Fomento, aún sin nombramiento público. 

El cansancio del electorado y el apoyo de Santiago Abascal para la investidura de Alberto Núñez Feijóo han sido reconocidos por el PP como los factores que les han llevado al cambio de su postura política.

Pactos similares en Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana y Balears

En Extremadura, tras la negativa de María Guardiola a dar entrada a Vox en el Ejecutivo autonómico, la popular terminó por firmar un acuerdo con el partido de extrema derecha a finales de junio en el que se recogen medidas similares a las alcanzadas en otras comunidades autónomas con ejecutivos de coalición de ambas formaciones y en el que no se recoge la violencia machista o de género. El documento de 60 medidas arremete contra las políticas verdes de la Unión Europa y anuncia una bajada de impuestos pese a pedir más inversiones al Gobierno central. También introduce el veto parental en las aulas y apuesta por las nucleares y los toros.  

Por su parte, el texto firmado entre ambos partidos conservadores en Aragón incluye medidas como la derogación de la ley de la memoria histórica o la aplicación del veto parental en actividades extracurriculares. También apuesta por una rebaja de impuestos y una reforma de la ley trans.

Vox dejó de ser una línea roja para Mazón el 13 de junio, cuando firmó su pacto con la extrema derecha para gobernar la Generalitat Valenciana. Dos días después presentaron un acuerdo con 50 medidas en el que contemplaban derogar la ley de memoria histórica; proteger a las familias pero sin mencionar la violencia de género o machista, impulsar una oficina antiocupación y en materia de seguridad incluían medidas en materia de inmigración “ilegal”, como “eliminar las subvenciones a las entidades que amparen estas prácticas”.

En Balears el pacto con Vox se ha traducido en medidas que comprometen al colectivo trans, trabas a la eutanasia y la marginación del catalán, así como el compromiso de derogar la ley de memoria histórica y de asegurar un modelo educativo “libre de adoctrinamiento ideológico”.