Víctimas de una compraventa fantasma de casas en un camping de Cartagena: “Es un proceso de gentrificación de libro”

“Estoy empadronada en El Portús desde hace muchos años. Tengo un trabajo en Cartagena, pero gano muy poco y no tengo suficiente dinero para irme a otra casa. No tengo adónde ir”. Sabrina Simon ha vivido en su casa del Complejo Náutico El Portús, un camping transformado en una especie de pueblo en la costa oeste de la ciudad portuaria, durante los últimos 30 años. Desde hace un poco más de tiempo, unas cuatro décadas, el camping se ha dedicado a construir y a vender a particulares casas sin sustento jurídico ni escrituras ni registro de la propiedad. Lo ha hecho, en todo momento, al margen de la ley de la Región de Murcia. 

Simon vive en El Portús desde que su padre, que había llegado de Francia con la familia, compró una de las viviendas que la misma empresa gestora del camping ofertaba, como si fuese una inmobiliaria, en un pormenorizado catálogo con precios y descripciones que las presentaban como “tu nuevo hogar”. Cuando éste falleció, en 2004, la casa pasó a nombre de la hija. Primero su padre, después Sabrina Simon, ambos fueron pagando una cantidad considerable de dinero al Complejo durante todos esos años para poder permanecer allí. Porque, además de actuar como una promotora fantasma, el Complejo Náutico les ha cobrado a esos mismos particulares que les compraban las casas un arrendamiento anual de la parcela, como si en lugar de haber adquirido un inmueble estuvieran alojados de forma temporal en una tienda de campaña o en una autocaravana.

El Decreto autonómico 19/1985, de 8 de marzo, sobre Ordenación de Campamentos Públicos de Turismo, que fue renovado en 2022, prohibía a los campings “llevar a cabo la venta o el arrendamiento de parcelas” y “la permanencia por tiempo superior a un año” de los clientes en los mismos. La compraventa, sin recurrir a notarios ni a documentación con base legal, perpetrada por el Complejo Náutico El Portús S.A. -es el nombre oficial de la empresa que figura en los contratos a los que ha tenido acceso este periódico- ha convertido el lugar, sin que las administraciones competentes lo hayan impedido en ningún momento, en un pueblo de casas de obra construidas en la ladera de una montaña. Sus habitantes corren ahora el peligro de ser desalojados mediante “maniobras de presión” después de que un fondo buitre haya comprado el recinto.

Un fondo de inversión que acumula campings

Desde el pasado 1 de octubre, Sabrina Simon y otras 30 personas en la misma situación que todavía continúan residiendo en el Complejo están siendo sometidas, denuncian, a “coacciones” para abandonar sus casas. Aquel primer día de octubre, el camping cerró de forma oficial bajo el pretexto de unas “obras de remodelación y acondicionamiento”, según ha podido constatar este medio con la oficina de dirección del establecimiento, que todavía no han comenzado: se colocaron, cuando aún duraba la madrugada, vallas metálicas a la entrada y la salida del recinto y en la gran mayoría de las calles que lo recorren. Las viviendas habitadas sufren, además, desde ese 1 de octubre, cortes de luz y de agua periódicos que se prolongan durante horas y que los vecinos tachan de “intencionados”.

La controversia está afectando sobremanera a la vida cotidiana de los residentes. Simon cuenta que necesita su coche para ir a trabajar, pero que cuando lo sacó del Complejo, el mismo 1 de octubre, ya no le permitieron volver a meterlo para llegar a su vivienda, que está ubicada en el punto más alto de la ladera. “Estoy obligada a aparcarlo afuera y subir andando. Tengo un problema crónico de artrosis. Llevo una década en lista de espera para poder operarme de las rodillas. Desde que bajo y subo a pie tomo muchas más pastillas para el dolor. A veces se me bloquean las piernas y no puedo seguir caminando”, explica, al otro lado del teléfono, a elDiario.es. 

Entre los vecinos que todavía permanecen luchando por su propiedad en el Complejo, los hay quienes abonaron por su casa más de 100.000 euros. Hace un año, la “guerra psicológica” que ahora está emprendiendo la gerencia todavía era velada. En noviembre de 2023, las más de 400 personas que por entonces vivían en el camping, la mayoría jubiladas procedentes de Reino Unido, Francia, Alemania u Holanda que compraron una casa en el recinto para disfrutar de su última etapa en un entorno idílico y cálido, recibieron una notificación que los instaba a abandonar sus viviendas cuando finalizasen sus contratos de alquiler de las parcelas -bajo los cuales cada inquilino abonaba al año al Complejo, en función del tamaño de la casa, entre 6.000 y 12.000 euros-.

El camping había cambiado en el verano de ese mismo año de propietario. Y de objetivo. Su capital pasó a ser gestionado por un fondo de inversión, Newtown Capital S.L., que posee varias empresas dedicadas a la inmobiliaria y al turismo rural en España. La sociedad tiene estrechos vínculos con una rama de la familia Entrecanales. Actualmente, el camping se publicita en Booking.com bajo el nombre de TAIGA Costa Cálida, una empresa propiedad de Borja de la Rica Entrecanales y Agustín Medina Álvarez. Aparece como un alojamiento paradisíaco “en una preciosa bahía”, “a diez kilómetros de la histórica ciudad de Cartagena”. Se trata de una estrategia edulcorada de marketing que ya han puesto en marcha en varios campings de la costa sur peninsular. Pero en ninguno se han encontrado la compraventa fantasma que se perpetró durante décadas en El Portús.

Dejar “los muebles atrás”

Muchos de los entonces residentes, tras recibir las notificaciones en noviembre de 2023, se fueron marchando a lo largo de los meses, uno a uno, “por miedo a las consecuencias”, “dejando todos los muebles atrás”, “sin nada a cambio”. Son palabras pronunciadas por exresidentes que ya han abandonado el Complejo y que prefieren no participar en este reportaje para “evitar problemas”. Este periódico ha tenido acceso a documentos redactados por la propia gerencia del emplazamiento en los que se exhorta a residentes extranjeros de avanzada edad a abandonar sus casas bajo amenazas de desahucio y de demandas de indemnizaciones “por daños y perjuicios con valor de 100.000 euros”. En esos documentos, el Complejo insta a firmar a los propietarios, para eludir las represalias, que se comprometen a “desalojar” su vivienda antes de que finalice el mes de septiembre de 2024 y a renunciar “voluntariamente” a sus “pertenencias”.

La mayor parte de las 30 personas que todavía permanecen en el camping y reclaman su derecho a vivir en casas compradas con su propio dinero paga impuestos en Cartagena, vota en colegios electorales de la ciudad portuaria y está empadronada en su vivienda del Complejo. Sin embargo, desde el 1 de octubre, han llegado a un punto límite. “Fue un shock despertarnos esa mañana. Nos encontramos con las vallas cerrando la entrada y la salida del recinto, las calles cortadas. Nos sentimos como si estuviésemos en un campo de concentración”, explica Eugenia Rico, que reside en El Portús desde hace 18 años. Para salir fuera del camping, caminando, tienen que esperar a que un guardia de seguridad abra un candado que conecta dos vallas metálicas. 

“Desde ese día nos hemos encontrado con cortes deliberados de luz y agua. A veces duran horas, hasta bien entrada la tarde, o incluso la noche. En la oficina nos argumentan que son cortes producidos por las obras. Pero no hay ningún tipo de obra. La única obra que quieren hacer es la de echarnos”, continúa Rico. La vecina habla desde el parking contiguo a la entrada del recinto.

Dentro del Complejo reina el silencio. Las únicas personas que tienen permiso para entrar con vehículos son algunos antiguos trabajadores que llegan para recoger algo y se marchan inmediatamente después. No hay operarios ni máquinas. Visiblemente, nadie trabaja dentro. Dos secretarias están sentadas delante de la pantalla del ordenador en la oficina. Controlan qué personas entran y salen. A su lado, un hombre actúa de director.

Afuera, junto a Eugenia Rico, más residentes afectados cuentan su situación. El contraste con respecto al año pasado es notorio. En noviembre de 2023, tras recibir las notificaciones, una marabunta de vecinos deambulaba por las calles del Complejo sosteniendo pancartas de denuncia escritas rápidamente con spray de tinta negra sobre sábanas blancas. Ahora, en los pocos que quedan, y en su manera discreta de actuar, se sugiere el desgarro de una pérdida que puede ser inminente. La única pancarta visible cuelga desde el balcón de una casa que tal vez ya esté vacía. “Deja nuestro pueblo en paz”.

Para personas como Sabrina Simon, los cortes de luz pueden poner en serio riesgo su salud. Como ella, hay varios residentes de avanzada edad o con altos grados de discapacidad. “Tengo problemas de apnea del sueño desde que era muy pequeña”, explica. “Debo dormir conectada a una máquina. Me da miedo que un día, por jodernos, les dé por cortar la electricidad por la noche. No me llegaría el oxígeno al corazón”.

Pero la electricidad, el agua y el impedimento de entrada a sus vehículos no son las únicas medidas desplegadas por la dirección del camping para “presionar” a los residentes. También han vetado la entrada a carteros para que no les llegue el correo, y han sacado todos los cubos de basura que había en el recinto, de modo que ahora tienen que andar más de un kilómetro para poder tirar sus desperdicios.

Un “paraíso” convertido en un “infierno”

Hay vallas que ocupan calles enteras y otras colocadas estratégicamente a la entrada de casas todavía habitadas. Hay vecinos que tienen que dar un rodeo o atravesar parte de la montaña para acceder a su vivienda. Es el caso de Miguel Almagro y de su pareja, José Juan Leal. Viven en el complejo desde el año 2020, cuando compraron su casa a otra persona que estaba interesada en venderla al no poder afrontar el alquiler anual de la parcela. Ambos tuvieron que ir la semana pasada a lavar la ropa a una lavandería de Cartagena porque no hubo luz en su vivienda hasta la noche. “Este ha sido nuestro refugio, nuestro pequeño paraíso durante estos años. Pero ahora se ha convertido en todo lo contrario, en un infierno”, asevera Almagro.

“Es muy triste”, añade Leal. “Es una desolación verte cada día así, aislado, luchando contra una empresa muy grande. No disfrutamos de este lugar. Te sientes vulnerable. Nos han hecho sentirnos clandestinos en nuestra propia casa. No sabes si cualquier día te van a decir, oiga, usted por aquí no puede caminar, o no puede ir a este sitio. Sentimos que nuestra casa ya no es nuestra. Y siempre estamos pensando en las represalias que todavía quedan por llegar”, manifiesta. “Aquí nos vendían un emplazamiento ideal para vivir”, incide Miguel Almagro. “Pero eso ya no existe”. 

Lo cierto es que así se hizo durante décadas. “Cuando te comprabas una casa, que la firmabas con la misma dirección del Complejo y se la pagabas a tocateja, ellos mismos te garantizaban que esa casa era tuya, que lo sería para siempre, que pasaría a tus hijos y al resto de generaciones. Que este era un sitio inmejorable y que así había sido durante 44 años”, apunta en este sentido Eugenia Rico. Se trata de una situación usual entre quienes se decidían a comprar un inmueble en el recinto. “Al no haber escritura”, comenta Miguel Almagro, “todos nos hacíamos preguntas sobre la legalidad de la situación”. “Pero la gerencia nos convencía con el cuento de que había gente residiendo aquí desde hace cuatro décadas”, incide.

Exactamente lo mismo le dijeron a Éric Gastaud, que llegó en enero de 2023 desde Niza, a sus 60 años, para firmar la compra de su vivienda en las mismas oficinas del Complejo. Pagó una suma de varias decenas de miles de euros por adquirir la casa. Abonó, además, 6.000 euros correspondientes al arrendamiento de la parcela durante todo el año. Pero no le ha servido de nada. El cierre del camping y los sucesivos intentos de presión le sobrevinieron sin esperarlo. “Es todo muy estresante ahora. Uno se hace muchas preguntas, pero no obtiene respuesta por ninguna”, cuenta Gastaud en francés. 

“Cuando descubrí este lugar y tomé la decisión de comprar mi casa aquí me daba un poco de miedo. No me fiaba del todo de las condiciones, de que estuviera ubicada en un camping. Pero el mismo gerente me tranquilizó. Me dijo que jamás había habido ningún problema, que en más de 40 años todo había sido paz y tranquilidad. Y solo unos meses después me quieren echar”, explica el residente, que asegura que, desde el 1 de octubre, siente que vive “en una prisión”. Gastaud carga a sus espaldas una sensación imborrable de “estafa”. Aún guarda, eso sí, la esperanza de que se haga “justicia”.

“Para echarnos nos hacen acoso inmobiliario”

Para que se haga esa “justicia” que pronuncia Gastaud, pero que reclaman unánimemente todos los residentes, éstos han decidido ponerse en manos del letrado Francisco Javier Pérez Abad. El abogado explica a este periódico que sus representados tienen “la propiedad” de las casas en las que viven. “Eran ventas que hacía directamente el Complejo”. “Formalmente, es un camping”, añade Pérez Abad, “y no puede, por ley, haber una residencia permanente”. “Pero muchos de ellos están empadronados ahí. Los propietarios de las viviendas tienen derecho a continuar usándolas hasta que un juez diga lo contrario”, expone.

El proceso apenas acaba de comenzar y no hay una fecha concreta para la celebración de un juicio. “No tiene sentido que ahora pretendan, por la fuerza, por medio de coacciones y vallas, impedir que la gente siga haciendo uso normal de sus casas. La resolución tendrá que determinarse en los tribunales. Es decir, si tienen derecho a vivir allí, o si no lo tienen y deben recibir una indemnización”, subraya el letrado.

La venta del camping a un grupo inversor externo fue el detonante decisivo, para Pérez Abad, que cambió la vida de los vecinos del Portús. “El propietario anterior vendía las casas, ofertándolas como 'tu nuevo hogar'. Pero el nuevo ha cambiado de criterio. De lo que no hay duda es de que los vecinos son propietarios de las viviendas, y tienen contratos y facturas del propio Complejo”, expone. Esta redacción ha tenido acceso a documentos y contratos de compraventa de casas por valor de 100.000 euros rubricados conjuntamente por el Complejo Náutico El Portús S.L. y por las personas que las adquirían. 

Ni el Ayuntamiento de Cartagena, responsable municipal, ni la Consejería de Turismo de la Región de Murcia, que tiene las competencias en materia de campings, fueron nunca conscientes de la realidad que sucedía dentro del recinto. Fuentes del Consistorio de la ciudad portuaria subrayan a este medio que el Complejo Náutico El Portús cuenta “con una autorización de camping con décadas de antigüedad” regulada “por normativas que no permiten un alojamiento indefinido”. “Si se ha hecho lo contrario, la responsabilidad es de la propiedad”, señalan. “Las viviendas que pueda haber allí están fuera del planeamiento urbano”, aseguran. Nunca se concedió -ni se solicitó- licencia de obra alguna para construir casas. Pero se construyeron igual.

Por su parte, Turismo, que ha hecho inspecciones sistemáticas en El Portús durante las últimas décadas, no llegó a sospechar nada a pesar de que visualmente el entorno fuese transformándose gradualmente en un pueblo y de que hubiese gente viviendo en él varias décadas. Los funcionarios de la Consejería nunca requirieron a la gerencia los catálogos donde ofertaban las casas, ni los contratos ni los recibos ni los cuantiosos beneficios que generaban sus ventas. Fuentes de la Consejería manifiestan que “las casas no tienen título jurídico alguno, por lo que no han sido objeto de compraventa en el sentido jurídico del término”. “El titular del camping en sus parcelas puede instalar o construir elementos fijos de alojamiento -sin superar el 60% de la capacidad total del recinto, cifra que, según los vecinos, se excede con holgura- y dar o ceder estos elementos a los campistas, siempre a título de usuarios, nunca como propietarios, a cambio de una contraprestación económica, dentro de la legalidad”, matizan. No aclaran si superar los 100.000 euros por la cesión de viviendas y ofertarlas como un “nuevo hogar” entra dentro de esa legalidad.

Ambas entidades públicas coinciden en que, en el momento presente, “los nuevos propietarios están tramitando un ‘Plan Especial de uso turístico de Camping’ que deberá redactarse aplicando la legislación vigente”.

Pero lo cierto es que detrás de ese fondo de inversión que ahora controla el negocio se esconde una intención de momento oculta. Los vecinos no saben todavía si las supuestas “obras de remodelación” que no han comenzado traerán consigo, en el futuro, un cambio aún más profundo. Entre los residentes, como Miguel Almagro, José Juan Leal o Eugenia Rico circula una idea: que Newtown Capital S.L. adquirió el camping para construir en su lugar un resort o una especie de urbanización que atraiga un turismo de lujo. “Es un gran capital contra gente humilde. Y para echarnos nos hacen acoso inmobiliario. La sensación de impunidad recorre el mundo. Es un proceso de gentrificación de libro”, manifiesta Rico.

Más de 300 personas que se han ido “por miedo”

Las maniobras ejecutadas por la dirección del camping y los documentos enviados a los residentes sí han surtido el efecto deseado en más de 300 personas que ya han abandonado el Complejo. Las aproximadamente 30 que todavía quedan se han convertido en un quebradero de cabeza para la gerencia. “A la gente mayor, sobre todo, la han asustado mucho. Muchos dejaron sus casas a cambio de nada. Hay casas que han quedado perfectamente amuebladas, de gente que se ha ido corriendo por miedo, puro y duro”, explica en este sentido Eugenia Rico.

Eso mismo le ocurrió a Alizée (nombre ficticio a petición propia por temor a represalias), una mujer de 83 años que el pasado 30 de septiembre regresó, junto a su marido, a su país de origen, donde residen sus hijos. La semana en que ya supo que iba a marcharse sin nada a cambio, Alizée no pudo parar de llorar, y ahora cuenta en conversación telefónica con este medio, con la voz entrecortada, que tanto ella como su marido se han sentido “indefensos”. “No sé si podré recuperarme de la pena inmensa de perder la casa donde he vivido toda esta última etapa de mi vida”, lamenta.

Collin Stewart y su mujer, Margaret, son las personas más mayores que todavía quedan residiendo en el Complejo. El primero tiene 88 años. Ella 81. Vendieron hace más de 30 años todas sus propiedades en Inglaterra para venir a vivir al Portús. Si les quitan la casa no tendrían un plan B. Este periódico habló con Collin Stewart hace un año, cuando apenas acababa de llegarle el burofax que lo instaba a abandonar el camping en el futuro y toda la situación actual y el peligro inminente de desalojo aún parecían muy lejanos. Ahora ninguno de los dos tiene fuerzas para contar cómo se sienten. Apenas salen de su casa por miedo a que si lo hacen no puedan volver a entrar.

elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con la empresa propietaria del camping, con su departamento de comunicación y con el abogado que representa al establecimiento. Ha preguntado sin obtener contestación acerca del dinero que se ha obtenido todas estas décadas por cada venta fantasma de cada inmueble y por el alquiler de cada parcela; por los contratos que rubrican dichas transacciones; por si tenían conocimiento de que estaban actuando de forma contraria a la ley regional durante los últimos 40 años; por las “coacciones” que denuncian los actuales residentes, como cortes de luz y agua.

No obstante, fuentes cercanas a la misma oficina de gerencia del Complejo sí que han negado a esta redacción que se realizara en el emplazamiento ningún tipo de compraventa, y mucho menos de casas. “Se firmaban contratos de un año por el arrendamiento de un bien inmueble. Avisábamos a los usuarios que estaban comprando una caravana grande, no una casa fija, y que firmaban un contrato de un año por el alquiler de la parcela en nuestra propiedad”. 

Dichas fuentes han negado en todo momento que se ofertaran casas bajo el eslogan de “tu nuevo hogar”; que se cobraran decenas de miles de euros, incluso cien, por la venta de muchas de ellas; que se hayan remitido documentos amenazadores a residentes extranjeros con el objetivo de que se marchen a cambio de nada. También han negado la existencia de casas de obra, pese a que muchas de ellas contienen suelos de losa, terrazas, muros de diseño, columnas de hormigón y pérgolas que se sustentan sobre cimientos. Sí han incidido desde la oficina, no obstante, en el “daño” que están haciendo a la empresa los propietarios que pelean por conservar la inversión que un día abonaron al Complejo. Reclamarán a todos ellos, aseguran, “una indemnización”. Ninguna pregunta más ha sido respondida.