Un residente del camping de Cartagena de la compraventa fantasma denuncia el derribo de su casa: “Nuestra vida está entre escombros”

La tarde del pasado martes, Javier Suárez, propietario desde hace 12 años de una casa en el Complejo Náutico El Portús, un camping convertido en un pueblo en la costa oeste de Cartagena, recibió un mensaje en su teléfono que en aquel momento le pareció del todo irreal. Un vecino le alertaba de que había advertido movimiento y ruidos de máquinas cerca de su parcela. La apremiaba a que fuera hacia allí para comprobar que todo estaba bien. Suárez se encontraba entonces en Cartagena, donde ahora reside con su familia entre semana. Inmediatamente se desplazó hasta el Complejo junto a su mujer, Clara.

“Cuando llegué, el guardia de seguridad me dio un portátil y un teléfono. Me dijo: esto es para ti, lo demás está ahí”, cuenta el propio Suárez a elDiario.es de la Región de Murcia. El guardia señalaba en dirección a su parcela. No podía creer lo que vio cuando llegó a ella. Estaba repleta de escombros de ladrillo y de tiras delgadas de madera. La gerencia del Complejo le había derribado la casa sin motivo, justificación ni consentimiento. No le comunicaron nada en ningún momento. Solo pudo enterarse gracias al aviso de su vecino. Junto a los escombros, desordenados, estaban sus electrodomésticos. Entre las ruinas, manchados ya de polvo y de tierra y restos rojizos de ladrillos reventados, yacía parte de su ropa y de los objetos personales “de toda una vida” que ya eran irreconocibles, explica Suárez, en un tono visible de indignación que no apacigua el paso de las horas.

Han transcurrido ya casi dos días y ni él ni su mujer se hacen a la idea de lo que ha ocurrido. Este jueves acaba de celebrarse un juicio rápido que ha permitido abrir las diligencias previas de la causa. Cuando Javier Suárez y Clara vieron el amasijo de basura en que se había convertido su casa llamaron a la Guardia Civil, que se presentó a la mañana siguiente, la del miércoles 11. Las autoridades no tardaron en actuar: precintaron la parcela con los escombros, y, a tenor de lo comunicado por fuentes del cuerpo armado, los agentes detuvieron “a dos personas, que pasaron a disposición judicial”. Según ha podido saber esta redacción, se trata del director del Complejo, José Francisco Martínez Ros, y de un empleado de mantenimiento. Ambos pasaron la noche en el calabozo. Ninguno de los dos ha hecho declaraciones en la vistilla rápida celebrada este jueves.

“La casa estaba cerrada con dos candados y dos llaves de bombín”

“Tiraron mi casa abajo con todo. Electrodomésticos, muebles, objetos personales, regalos de mis hijas, todo lo que puede tener una casa. Me lo dejaron amontonado en los escombros. Todo lo de nuestra vida y nuestra familia está allí”, incide Suárez. “La casa estaba cerrada con dos candados y dos llaves de bombín. Los forzaron para entrar. Hemos sido ultrajados, avergonzados y humillados. Y despojados de nuestras pertenencias. Es una violación de nuestros derechos, estando el caso del camping judicializado e ignorando el Artículo 33 de la Constitución Española”, cuenta el afectado. El Artículo 33 de la Carta Magna evidencia que “nadie epodrá ser privado de sus bienes sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización”.

Cuando Javier Suárez y su mujer se encontraron la casa derrumbada en la tarde del martes ya era casi de noche. Lo único que pudieron hacer después de llamar a la Guardia Civil fue grabar vídeos denunciando la situación con la voz entrecortada, al borde de las lágrimas. La controvertida situación del Complejo Náutico El Portús lo complica todo aún más, porque los vecinos, que llevan viviendo largas décadas en el camping, han interpuesto contra el establecimiento acciones legales por estar sufriendo -presuntas- coacciones desde el pasado 1 de octubre. La dirección del Complejo pretende desde hace más de un año que éstos abandonen sus casas -vendidas por el mismo camping- para realizar obras de modernización en las instalaciones.

El juicio rápido ha quedado en nada, porque los detenidos no han hecho declaraciones. “El Juzgado de Instrucción Número 5 llevará el caso. Se abrirá una fase de instrucción, y tendrán que volver a declarar, tanto mi cliente como los acusados. Se dictará entonces el auto de apertura de juicio oral”, explica a la salida de los juzgados el letrado Carlos García Gil, que representa a las víctimas.

El abogado argumenta que los detenidos “han sido puestos en libertad hasta que se celebre el juicio”. “Lo que han hecho puede ser similar a que te moleste un coche que está en tu plaza de aparcamiento y le prendas fuego. A nadie se le ocurriría hacerlo”, sostiene García Gil.

El resto de vecinos que sigue viviendo en el Complejo, unos 30, según Javier Suárez, tienen ahora “miedo”. “No quieren salir por si acaso cuando vuelvan no tienen casa, como nos ha pasado a nosotros”, subraya el afectado.

“Fue desgarrador. Reventaron la casa hasta dejarla aplanada. La excavadora tiró todo en el solar vacío que hay al lado, incluidas sus pertenencias personales. Fue desolador ver a Javier y a su pareja trepar por los escombros en busca de sus preciadas cosas. Me da pánico que eso ahora pueda ocurrirnos a nosotros”, explica a este periódico una vecina del camping que ha preferido mantenerse en el anonimato.

“Pedimos que paren y que dejen de hacer todo lo que están haciendo. Tienen impunidad, hacen y deshacen lo que quieren, desde hace muchos años. Y ahora con las -presuntas- coacciones a todas las personas que están allí. Queremos que nos indemnicen como es debido con todas nuestras pertenencias”, concluye Javier Suárez tras la conclusión del juicio, portando junto a su mujer el documento de apertura de la causa.

Construir y vender casas sin validez legal durante 40 años

Suárez compró su casa, construida allí por el Complejo con una obra que, como las del resto de viviendas, nunca tuvo licencia, a otro particular que previamente se la había adquirido al propio camping. Fue en el año 2012. Desde entonces ha vivido allí ininterrumpidamente durante ocho años. Los otros cuatro ha pasado en ella todos los veranos y la mayoría de fines de semana. Ya no podrá hacerlo más. De ahora en adelante, Javier Suárez y Clara estarán empadronados en una casa de la que solo quedan escombros y polvo.

Una situación similar sufren las más de 30 personas que todavía quedan residiendo allí. Muchas de ellas, de procedencia extranjera, de Reino Unido, Alemania, Francia u Holanda, viven en el camping permanentemente y no tienen otro sitio al que ir. El Complejo Náutico El Portús se ha dedicado durante las últimas cuatro décadas a construir y vender casas a particulares sin escrituras, validez legal ni registro de la propiedad. Las casas, la mayoría de obra, otras hechas a base de bungalós o motorhomes, eran ofertadas por el establecimiento en extensos catálogo como “tu nuevo hogar” a precios que podían alcanzar incluso los 100.000 euros, tal y como contó este periódico en un reportaje publicado a principios de noviembre.

La compraventa fantasma que se perpetró en El Portús se hizo en todo momento al margen de la ley de la Región de Murcia y sin que ninguna administración, ni autonómica -con competencias en materia de campings- ni municipal -que debe vigilar la correcta construcción de casas- se percatara de ello.

El Decreto autonómico 19/1985, de 8 de marzo, sobre Ordenación de Campamentos Públicos de Turismo, que fue renovado en 2022, prohibía a los campings “llevar a cabo la venta o el arrendamiento de parcelas” y “la permanencia por tiempo superior a un año” de los clientes en los mismos. Las prácticas llevadas a cabo por el Complejo Náutico El Portús, sin recurrir a notarios ni a documentación con base legal, convirtió el lugar en un pueblo de casas de obra construidas en la ladera de una montaña. El Complejo, además, cobraba a los residentes un alquiler anual de la parcela en la que estaba ubicada su casa que oscilaba entre los 6.000 y los 12.000 euros anuales, como si vivieran en una tienda de campaña o en una autocaravana.

Todo marchaba con tranquilidad. El negocio vendía casas y les decía a los compradores, según el propio relato de los mismos, que “jamás había habido ningún problema, que en más de 40 años todo había sido paz y tranquilidad”. Pero en verano de 2023 cambió el panorama. La propiedad del Complejo pasó a manos de un fondo de inversión, Newtown Capital S.L., que posee varias empresas dedicadas al turismo rural en España. El 9 de noviembre de 2023, los residentes, entonces más de 400, recibieron un burofax que era también una amenaza: debían desalojar sus casas cuando finalizasen los contratos de alquiler de las parcelas si no querían enfrentarse a problemas legales. La mayoría acabaron marchándose atemorizados, firmando documentos en los que se comprometían a abandonar sus viviendas sin contraprestación económica alguna.

Sin embargo, una treintena de personas todavía resiste viviendo allí. El caso está judicializado desde que, el pasado 1 de octubre, bajo el pretexto del comienzo de unas “obras de remodelación” de las que todavía, más de dos meses después, no hay ningún indicio, el Camping comenzara a someter a -presuntas- coacciones a los pocos residentes que quedan allí, con cortes de agua y luz diarios, impidiéndoles llegar hasta su casa con los coches, vetando la entrada de carteros, colocando vallas a la salida de las casas para que tengan que sortearlas por la montaña o retirando los cubos de basura del recinto. Los vecinos están convencidos de que este derribo repentino y violento es la evidencia de otra coacción más.

Este periódico ha tratado sin éxito de ponerse en contacto, vía telefónica, con el director del camping que fue detenido por la Guardia Civil en la tarde del miércoles y que ha sido puesto en libertad, tras la celebración del juicio rápido este jueves, sin haber hecho declaraciones, a la espera de la apertura oficial del caso.