Del Yak-42 a Fonda Milagros, pasando por Teatre

En mayo pasado se cumplieron 20 años de la tragedia del Yak-42, aquel avión -por llamarle algo- que se estrelló en Trebisonda (Turquía) y en el que perdieron la vida 62 militares españoles que volvían a nuestro país procedentes de Afganistán. También murieron sus 13 tripulantes. La aeronave, de fabricación rusa y tripulación ucraniana, que fue subcontratada por el ministerio de Defensa para ese traslado, más parecía una especie de “tartana” con alas, como la definió a su padre uno de los fallecidos, en conversación telefónica previa al accidente. “Rezad por nosotros”, imploró otro antes de subir al aparato. Era evidente que, a simple vista, ni era seguro ni tenía capacidad para realizar esa misión. Además, sus pilotos fueron vistos momentos antes de iniciar el vuelo consumiendo bebidas alcohólicas.  

Si negligente fue la contratación de un avión defectuoso, tanto o más lo fue la gestión posterior del accidente a la hora de repatriar desde Turquía los cuerpos de los fallecidos. Se enviaron, deprisa y corriendo, restos de cadáveres mezclados entre sí en los féretros, en otros casos incompletos, sin la documentación pertinente ni certificados de defunción. Fueron una treintena los cuerpos de militares afectados por esas circunstancias. Y es que parece que había que celebrar rápidamente un funeral de Estado, fuera como fuere.

Inmersos en un largo proceso judicial, convertido en un auténtico calvario para los familiares, tuvieron que pasar 14 años para que el ministerio de Defensa, al frente del cual se encontraba el cartagenero Federico Trillo, asumiera su responsabilidad en el accidente. Fue después de que el Consejo de Estado asegurara en un dictamen que el Ministerio tenía conocimiento del riesgo que entrañaba volar en aparatos como el Yakolev.

La sentencia condenó a tres mandos militares como responsables del lamentable proceso de identificación; pero uno murió por enfermedad sin entrar en la cárcel y los otros dos fueron indultados por el Gobierno de Mariano Rajoy, siendo su ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. A Trillo, tras dejar su puesto en el Gabinete, lo enviaron de embajador a Londres, cargo del que dimitiría en 2017 tras el concluyente informe del Consejo de Estado. Antes, en 2012, el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, entonces juez en la Audiencia Nacional, había archivado la causa contra la cúpula militar del ministerio al considerar “irrelevante” su responsabilidad en el accidente, culpando a los pilotos. Con todo esto, ¿alguien se imagina que, ante tal cúmulo de despropósitos, el Gobierno español hubiera anunciado que se personaba como acusación particular al comenzar el proceso del Yak-42?

El caso del incendio de las discotecas en Murcia, con el trágico resultado de 13 personas muertas, que ahora inicia su periplo en los tribunales, ha llevado al Ayuntamiento de la capital a anunciar su intención de personarse como acusación en el sumario. Ya el alcalde, José Ballesta, lo dejó entrever el mismo día de autos, cuando expresó que se iban a aclarar las circunstancias “caiga quien caiga”. Al día siguiente, en una insólita y desafortunada rueda de prensa conjunta de un concejal del PP y otro del PSOE, -nunca vista ni en plena pandemia- el primero, Antonio Navarro Corchón, actual responsable de Urbanismo, lo anunciaba. Y este viernes, la Junta de Gobierno municipal lo ratificaba. Bien es cierto que cuando Ballesta habló el domingo, 1 de octubre, la opinión pública aún no conocía el mejunje administrativo que rodeaba a los locales, sobre los que pesaba una orden de cierre desde octubre de 2022. Pero es más que probable que, al comparecer ante los medios ese mismo día por la tarde, él no lo desconociera.

La titular del juzgado de instrucción número 3 de Murcia, Ana María Martínez Blázquez, es la encargada de llevar adelante el proceso y, por tanto, la que decidirá si el Ayuntamiento puede o no personarse en la causa como acusación. Algunos abogados de familiares de los fallecidos ya han manifestado su oposición a que esto ocurra porque, dicen, “no puede ejercer la acusación quien es responsable de los hechos”. Otro letrado, a pesar de estar aún bajo secreto el sumario, apunta que el Ayuntamiento lo que deberá hacer es responder como responsable civil subsidiario con las víctimas.

Por su parte, el Fiscal Superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, ya ha comenzado a indagar. Su labor va a incidir en los expedientes administrativos de las discotecas siniestradas, una cuestión en la que, en principio, no iba a entrar de lleno la jueza. En las próximas semanas, el fiscal podrá llamar a declarar tanto a responsables políticos de la corporación como a funcionarios relacionados con el caso, bien en calidad de testigos o de imputados. Sus investigaciones serán aportadas al proceso. Con arreglo a su dilatada experiencia, Díaz Manzanera cree que la jueza no admitirá que el Ayuntamiento de Murcia pueda personarse como acusación particular. Esto, al menos, aliviará en parte al entorno de las familias.

La causa judicial de las 13 muertes por el incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros también será larga. Todo apunta a que el fuego se originó en el primero de los locales citados. Que este se evacuó sin novedad, de acuerdo al protocolo y que, por ello, nadie resultó dañado. Caso contrario a lo que sucedió en el segundo, al que se propagaron las llamas, donde sus clientes seguían la fiesta ajenos a lo que se les avecinaba. En especial, los ocupantes de uno de los reservados en la planta superior mientras celebraban un cumpleaños. Todos los fallecidos, de origen latinoamericano, perecieron por un cúmulo de imprudencias sobre las que, ahora, la Justicia deberá indagar y luego dictar sentencia. Es de esperar que los familiares de esas víctimas corran mejor suerte que los del Yak-42, una catástrofe que se pudo evitar, como la del Teatre y la Fonda Milagros, si el despropósito y la incompetencia no hubieran imperado en los obtusos procedimientos con que a veces se manejan las administraciones públicas.