El arzobispo de Pamplona crea una comisión de protección de menores, pero sigue sin reconocer a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia

La Diócesis de Pamplona y Tudela ha presentado este lunes la Comisión de Protección de Menores y Personas vulnerables, constituida por el arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez, la semana pasada. Se trata del mismo arzobispo que se ha negado en varias ocasiones a pedir perdón a las víctimas y reconocer los casos de abusos sexuales a menores en los centros religiosos de Navarra.

La creación de esta comisión no ha gustado nada a los miembros de la Asociación de víctimas de abusos en centros religiosos de Navarra que lo ven como un doble ataque hacia ellos: primero porque no han recibido respuesta por parte del arzobispo a la invitación para participar en el primer congreso nacional de pederastia en centros religiosos de España que organiza la asociación en Pamplona el próximo día 14 de febrero; y segundo porque “ha anunciado la creación de esta comisión en una rueda de prensa en la que no ha parado de contar mentiras”, denuncia el presidente de la asociación, Jesús Zudaire en declaraciones a este periódico.

“El arzobispo sigue diciendo que no es responsable y que no sabe qué es lo que pasó, y es mentira. Es responsable porque el colegio El Puy de Estella -uno de los colegios en los que se han denunciado varios casos de abusos sexuales en Navarra por parte del sacerdote José San Julián, ya fallecido- pertenece a la Diócesis de Pamplona-Tudela y sabe lo que pasó porque tiene los archivos de los traslados”, asegura Jesús. Por eso exigen al arzobispado que siga las directrices marcadas por el Papa Francisco de levantar el secreto pontificio, lo que implica una tarea de investigación de la pederastia y sacar a la luz todos los archivos de las denuncias y las actas de los traslados de los sacerdotes, en las que se recogen las causas de los traslados, multitud de ellos por los abusos que la propia Iglesia encubría. “El arzobispo Francisco Pérez se ampara en la prescripción del delito y en el fallecimiento del director del colegio” y “en los casos producidos y denunciados en otros cinco colegios religiosos afirma no tener autoridad alguna porque estos tienen independencia canónica”, ha reprochado.

La Comisión está formada por cuatro personas: un médico psiquiatra, una encargada de la acogida de víctimas y labor de secretaría, un abogado para el asesoramiento legal y la directora de la Comisión Maite Quintana, secretaria general de Cáritas Diocesana de Pamplona-Tudela y licenciada en Derecho y en Derecho Canónico. Entre los objetivos de esta Comisión, han explicado en la rueda de prensa, está “la atención de todas las víctimas de abusos, con independencia de quién haya sido el agresor y de dónde se haya producido la agresión”. “Es un servicio a toda la sociedad navarra para salir al paso de una violencia contra personas indefensas que muchas veces queda oculta y hacer visible el compromiso de la Iglesia con la sociedad”, han indicado.

La comisión, han añadido, estará muy orientada a la sensibilización de la sociedad para “generar conciencia del problema y dentro de esta línea, a la formación de personas y equipos que trabajan con menores con el objetivo de detectar los abusos que puedan tener lugar en sus entornos”. Esa formación se ofrecerá a monitores de tiempo libre, catequistas, sacerdotes, seminaristas y a todas las instituciones que trabajan habitualmente con menores.

“La entidad que más acusaciones por abusos tiene en la que dirige esta comisión, ¿quién va a fiarse de ellos?”, se pregunta Marcos Leyún, denunciante de abusos sexuales en el colegio Maristas de Pamplona y miembro de la asociación, que añade: “Primero tendrán que barrer lo suyo y abrir los archivos y que luego barran lo de los demás”. Desde la asociación tachan de hipocresía la actitud del arzobispo de Pamplona, que les ha dicho que sus casos “ya están en Roma, cuando es mentira”, añade Marcos.

Hace dos semanas alrededor de 200 personas se concentraron delante de la sede del arzobispado en Pamplona para exigir el reconocimiento y el perdón a las víctimas. Hoy los miembros de la asociación aseguran que han sufrido un “revés”, pero que seguirán peleando para que salgan a la luz los casos y que se les reconozca el daño causado.