Delitos societarios, falsificación, estafa, apropiación indebida, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad en la información económica financiera. Esta enumeración es la lista de presuntos delitos que recoge la investigación en torno al caso Banca Cívica. O CAN. Aunque ahora lleven dos recorridos paralelos. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco decidió, en un auto hecho público el jueves, desestimar las irregularidades en torno a Banca Cívica. Sin embargo, al respecto de Caja Navarra se inhibió para que un juzgado de Pamplona pueda investigar el caso. En este, el listado de posibles delitos también es extenso. Pero, visto lo visto, ¿qué queda por delante en el caso CAN? Pues nadie parece dispuesto a darlo por cerrado.
Desde los demandantes, las reacciones fueron duras, pero contrapuestas. Por un lado, UPyD ya adelantó, a través de un comunicado, que recurrirá la decisión del juez en torno a Banca Cívica, a la que se refirió como el “colofón” de una serie de despropósitos. El partido se refiere a la investigación del caso, en su opinión poco profunda, puesto que lo realizado hasta el momento “denota la nula voluntad de llevar a cabo una investigación mínimamente seria y rigurosa de lo ocurrido con el desfalco de las Cajas de Ahorro en general y con la lamentable gestión de Banca Cívica en particular”.
Por otro, desde la asociación de consumidores Kontuz, el viernes, en conferencia de prensa, valoraron que la investigación centrada en la CAN vuelva a Navarra, en concreto al Juzgado de Instrucción nº 3 de Pamplona, porque “siempre hemos mantenido que es en Navarra donde se debía investigar y, en su caso, juzgar, el proceso de desaparición de la CAN”.
Tanto unos como otros criticaron el “oscurantismo” que rodea este asunto. Y precisamente ahí es donde más reacciones ha generado el caso, salpicado por la drástica pérdida del valor patrimonial de la caja (1.250 millones de euros en 2009, en torno a 280 en 2012), un crecimiento desmedido y contradictorio con la historia de la entidad, el supuesto cobro de altas dietas por parte de diversos cargos públicos… Un rosario de dudas sobre las que quedan muchas preguntas.
Partidos como Geroa Bai o Izquierda-Ezkerra ya han pedido explicaciones, por parte de la presidenta de la Comunidad Foral, Yolanda Barcina, y del patronato de la Fundación de Caja Navarra. Quizá de forma local, esta es la gran incógnita: ¿cuál ha sido el papel de la Fundación en la investigación? Porque, en el auto del juez Velasco, al que ha tenido acceso este periódico, el magistrado lamenta textualmente la “deficiente colaboración en la aportación documental” por su parte.
Palabras mayores, sobre todo cuando se habla de un caso en el que se investigan, como también se recoge en el texto del juez, una “presunta dilapidación de la solvencia de la caja sacrificando recursos, realizando inversiones inmobiliarias de amiguismo o nepotismo en el nombramiento de empresas participadas, falseando la contabilidad en los ejercicios 2007-2009, realizando inversiones o actuaciones muy sospechosas afectantes a la solvencia y patrimonio neto de la entidad realizadas en empresas participadas, comprando terrenos a precios desorbitados, haciendo nombramientos cuestionables, negligencias y derroches de recursos públicos, etc.”. Y tras ese largo etcétera, el juez se limita a pedir que el caso “debe seguir investigándose”.
La reacción de Barcina
Por estas acusaciones, más o menos evidentes (fuentes jurídicas de la Audiencia Nacional recordaron que era la lista de presuntos delitos incluida en la denuncia, no una sentencia en torno a ellos), fue preguntada ayer antes de la sesión parlamentaria la presidenta Barcina. Y, pese a la dureza de las acusaciones, la dirigente subrayó su “plena confianza” en la Justicia y en que siga actuando como hasta ahora. Además, solicitó la “máxima” colaboración desde la Fundación Caja Navarra. Incluso, Barcina esperó la “máxima transparencia” y que se produzca “lo antes posible”: “Siempre debe haber, en todos los casos, máxima colaboración con la Justicia”.
¿Puede esto suponer el impulso definitivo para resolver el caso? Tanto partidos como denunciantes parecen dudar de ello. Y más cuando, desde Kontuz, anticipan la posibilidad de que se amplíe el número de imputados. Tras meses de espera, todo parece haber vuelto como en un círculo al mismo punto. Donde nadie quería.