La patronal pide al Gobierno de Navarra que renuncie a reclamar 1,8 millones por unas mascarillas que les adelantaron

La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) presiona al Gobierno para que renuncia a reclamarle los 1,8 millones de euros que costaron las mascarillas que los empresarios pidieron a la empresa pública Sodena que adquiriese en un acuerdo a tres bandas con la compañía Albyn Salud para dar solución a las dificultades que estaban teniendo los empresarios de la comunidad foral para adquirir equipos de protección individual. Según ha explicado el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial y presidente de Sodena, Mikel Irujo, la patronal ha puesto como condición para buscar una salida al material que todavía sigue almacenado que el Gobierno foral y la empresa Albyn “renuncien de forma expresa e inequívoca a todos los derechos, pretensiones, reclamaciones y al ejercicio de todas las acciones de cualquier naturaleza”.

En una comisión parlamentaria, Irujo ha detallado todos los pasos de la negociación entre Sodena, la CEN y la empresa Albyn Salud para la compra de este material sanitario que posteriormente los empresarios rechazaron y que ahora se encuentra apilado en un almacén. La operación, que ha supuesto un coste para las arcas públicas de 1,8 millones de euros, ha provocado la destitución de la directora gerente de Sodena, Pilar Irigoien, por haber “incumplido la ley foral de Hacienda en cuanto a los tipos de interés y la falta de autorización específica que habilitara la operación de manera extraordinaria”, ha apuntado el consejero.

Irujo, ha explicado que al comienzo de la pandemia, en un contexto de “pandemia mundial, cierre de fronteras, estado de alarma” y con una “imperiosa necesidad” de las empresas de conseguir material de protección para retomar la actividad tras el primer confinamiento, la patronal pidió ayuda a Sodena para adquirir las mascarillas (“puesto que el mercado en aquel momento sólo permitía adquirir material si este se abonaba por adelantado”, ha señalado), que acordó la puesta a disposición de un préstamo puente de hasta dos millones de euros para facilitar el pago de las mascarillas. “La CEN, que estuvo presente en estas reuniones, dio un paso adelante, y expuso que centralizaría las necesidades de los distintos agentes económicos y empresarial para una compra agrupada”, ha asegurado.

La patronal rechaza las mascarillas, que siguen almacenadas

Según Irujo, la CEN trasladó una estimación de necesidades para tres meses, basándose en la información que había recibido de las empresas. Así, la estimación fue de 2,4 millones de mascarillas y la empresa Albyn, con el préstamo de Sodena, adquirió la práctica totalidad, “sólo 13.052 menos de la previsión hecha por la CEN”. Las empresas, sin embargo, “realizaron compras en una cuantía muy inferior a la estimada por la CEN”, ha dicho Irujo. En concreto, sólo compraron 389.000 mascarillas. El consejero ha señalado que las estimaciones realizadas por la patronal “no se cumplieron” , lo que ha provocado el stock actual de material sanitario, que asegura, el Ejecutivo no puede utilizar por no ser de su propiedad “desde el punto de vista jurídico”.

Irujo ha afirmado que, ante esta situación, se ha propuesto a la CEN una “salida dialogada”. El primer planteamiento fue buscar a una persona de común acuerdo, por ejemplo un abogado, que trabajara en la búsqueda de soluciones para dar salida al stock de mascarillas. Tras varias reuniones, el 13 de diciembre de 2021 la CEN “desestima dicha solución”. “Entienden que no les corresponde abonar nada y se exige la renuncia previa de Sodena de cualquier acción legal, algo que es completamente inasumible”, ha afirmado Irujo.

Tras este primer intento, a principios de 2022 se sigue buscando una solución, según el relato del consejero. Sin embargo, la CEN expresa por escrito su petición de que Sodena y Albyn “renuncien de forma expresa e inequívoca a todos los derechos, pretensiones, reclamaciones y al ejercicio de todas las acciones de cualquier naturaleza” por este asunto. Tras reuniones con el mismo resultado, Mikel Irujo trasladó a la CEN que “la renuncia previa a cualquier reclamación es una línea roja imposible de aceptar y la CEN concluye diciendo que los abogados de ambas partes deben ponerse en contacto”.

Posteriormente, la Intervención del Gobierno de Navarra emitió un informe sobre presuntas irregularidades de esta operación, señalando que la actuación de Sodena en este contrato debería haber contado con la autorización previa del Ejecutivo foral. Tras este informe, la directora gerente de Sodena, Pilar Irigoien, fue relevada en el mes de agosto.