El Gobierno de Navarra ha iniciado los pasos para implantar la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, acordando crear una unidad organizativa responsable de coordinar con los diferentes departamentos su constitución, así como de impulsar la elaboración de un código ético y revisar las encomiendas y contrataciones con empresas externas realizadas en anteriores legislaturas.
La unidad que realice estas funciones dependerá directamente de la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, según se indica en el acuerdo aprobado este miércoles por el Ejecutivo foral en su sesión.
La creación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción es uno de los compromisos incluidos en el acuerdo programático para la formación del Gobierno de Navarra, según ha apuntado en rueda de prensa la consejera portavoz del Ejecutivo foral, Ana Ollo.
Las funciones de esta oficina contemplan la auditoría y revisión de las actuaciones más relevantes desarrolladas en el terreno de la gestión pública y en particular de las infraestructuras, tanto en lo que se refiere a su construcción como a su explotación y mantenimiento.
También compete a esta oficina elaborar una propuesta del Código Ético que supere las leyes actualmente vigentes de Código de Buen Gobierno e Incompatibilidades, y defina las conductas inadecuadas, establezca un procedimiento sancionador y regule garantías en la composición de tribunales y mesas de contratación, adjudicación y concesión de subvenciones. La oficina será la responsable también de la incoación, instrucción y resolución de los expedientes abiertos en relación con este Código Ético. Asimismo, esta oficina tendrá tareas de prevención de la corrupción.
Además, el acuerdo programático incluye la posibilidad de limitar el hecho de que trabajos que pueden ser realizados por personas que ostentan la función pública sean externalizados de forma sistemática mediante la contratación de empresas y profesionales.
El Gobierno de Navarra designará al responsable de la oficina buscando el perfil de una persona conocedora de la Administración.
TAREAS DE LA UNIDAD COORDINADORA
La constitución, organización y funcionamiento de la Oficina se regulará mediante Ley Foral. No obstante, el Gobierno de Navarra considera que, mientras se diseña esta norma, es necesaria y urgente la creación de una unidad organizativa.
Esta unidad orgánica se dedicará en exclusiva a la coordinación de los diferentes Departamentos para abordar con las debidas garantías de éxito la próxima implantación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, así como al impulso de los trabajos preparatorios para el planteamiento y elaboración del Código Ético.
También revisará de las encomiendas de gestión y contratación en general realizadas por los anteriores Gobiernos a personas y/o empresas ajenas a la Administración Foral para la prestación de servicios públicos.
Ana Ollo ha señalado que la creación de esta oficina estaba prevista en el acuerdo programático del Gobierno y “responde a una petición de la ciudadanía, alarmada por el nivel de corrupción que parecía que hay en la gestión pública”. “No estoy acusando al Gobierno anterior, evidentemente, pero sí que existía esa alarma social y había esa necesidad de crear la oficina”, ha afirmado.
Citando el acuerdo programático, la consejera ha manifestado que la oficina, “además de trabajar a futuro, tiene que revisar y auditar las cuentas por ejemplo en el caso de la construcción de infraestructuras y en su explotación y mantenimiento”.
Ana Ollo ha precisado, a preguntas de los periodistas, que este nuevo órgano “no sustituye en absoluto” a la Cámara de Comptos, que es “el tribunal de cuentas propio de Navarra y tiene una labor de fiscalización que no se sustituye”.
No obstante, ha dicho que habrá que esperar a conocer los informes que haga la nueva oficina para poder ver las diferencias entre los dos organismos y ha apuntado que “de lo que se habla aquí es de una revisión de las actuaciones más relevantes en el terreno de la gestión pública, que muchas veces la Cámara de Comptos probablemente no haya auditado”.
No ha concretado la consejera qué infraestructuras en concreto quiere auditar el Gobierno de Navarra. “No se está poniendo en duda nada. No hay ningún caso específico sobre el que haya dudas. El hecho de que se haga una auditoría simplemente significa que probablemente igual con ello disipemos dudas que pudieran tener la sociedad o partidos políticos”, ha afirmado.
Cuestionada sobre si podría haber alguna denuncia penal en función del resultado de estas auditorías, Ana Ollo ha afirmado que “si las consecuencias fueran que - los hechos- eran motivo de denuncia penal se podría estudiar”.
Con vistas a futuros proyectos, la consejera ha señalado que “si estamos haciendo auditorías de los anteriores, la oficina tendrá algo que decir en las actuaciones más relevantes del Gobierno”.